La Secretaría de Energía (Sener) del gobierno en México de Andrés Manuel López Obrador publicó este miércoles el acuerdo por el que, por órdenes de dos jueces federales, la reforma a la industria eléctrica de la administración quedó suspendida de forma indefinida.
A pesar de que este miércoles se dio a conocer que la dependencia del gobierno federal había pedido una prórroga a los juzgados, y que uno de ellos le había concedido hasta tres días, la Sener realizó el anuncio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su edición vespertina.
El aviso está dirigido a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista, particulares que realizan alguna actividad en el sector eléctrico o que están en trámites para ingresar a dicho sector, así como a los sujetos que se ubican en el régimen transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica que estaba vigente hasta antes de la emisión del Decreto que actualizaba dicha legislación con las modificaciones propuestas por López Obrador y avaladas por el Congreso mexicano.
El acuerdo, firmado por la secretaria de Energía Rocío Nahle, detalla que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, al analizar la suspensión solicitada por las quejosas, resolvió conceder la medida cautelar del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran.
Además, recuerda que las suspensiones definitivas en el juicio de amparo otorgadas por dicho juzgado, al que se han sumado docenas más de otro juez, tiene efectos generales, es decir, aplica para todo el mercado eléctrico y no sólo para las compañías y organizaciones que buscan ampararse.
A continuación, la Sener indicó que, por órdenes de los juzgados, durante la vigencia de esta medida cautelar, se suspenden todos los efectos y consecuencias derivados del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021, con el que quedaban registradas las modificciones del actual gobierno.
Además, se restablece provisionalmente la vigencia de los artículos 3°, 4°, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126, así como el régimen transitorio que estaba previsto en la legislación en materia de industria electrica hasta antes de la entrada en vigor del Decreto cuestionado.
“Es importante dejar en claro que la eficacia de esta medida cautelar no está sujeta a la publicación que se realice en el Diario Oficial de la Federación, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, ésta surte sus efectos desde el momento en que se dicta” concluye el documento.
Y es que, desde el viernes pasado y en los últimos días, tanto el juez Juan Pablo Gómez Fierro como Rodrigo de la Peza, éste último titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, han otorgado en conjunto 73 suspensiones definitivas contra la reforma a la industria eléctrica propuesta por López Obrador.
López Obrador, por su parte, ha reaccionado con furia a un revés más en los juzgados de una pieza clave en su política energética. Si la restricción de la entrada de energías limpias fue congelada por jueces federales y otra parte sustancial fue invalidada por la Suprema Corte, a donde se espera que llegue la reforma a la industria eléctrica, en esta ocasión el mandatario mexicano no se ha quedado callado.
Las suspensiones provocaron la ira de López Obrador y de su gobierno, que señalaron al juez Gómez Fierro por nombre y apellidos por supuestamente actuar de forma “sospechosa”. El mandatario mexicano incluso envió una carta en la que ha pedido a Zaldívar, titular de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que investigue al juzgador.
Zaldívar canalizó la solicitud al CJF, que resolverá de forma independiente si la denuncia tiene méritos y debe iniciarse una investigación. Además, el jefe del Poder Judicial recordó al presidente que los jueces trabajan en un marco de independencia y autonomía, aunque desechó los reclamos de la oposición y de una parte del mundo jurídico de el amago de López Obrador alteraba la normalidad democrática y la división de poderes.
Además, López Obrador aventuró en su momento una posible reforma constitucional si declaran su modificación a la Ley de la Industria Eléctrica para que, en su caso, no pueda ser declarada inconstitucional.
Sin embargo, el amago del presidente contra el Poder Judicial y su independencia incluso provocó un gesto inédito: el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, defendió esta semana a los jueces federales y sus resoluciones, ante los ataques.
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