Arturo “G”, Luis “C” y Héctor “A”, el Gordo, trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), fueron arrestados y vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de robo de hidrocarburo.
De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), estos sujetos robaban el hidrocarburo de las instalaciones de la refinería de Tula, en Hidalgo, pues estaban coludidos con “huachicoleros” en la zona, como se les conoce a quienes practican esa actividad ilegal.
Una llamada anónima alertó a las autoridades el 29 de abril de 2020 sobre la comisión del ilícito, a partir de ahí se iniciaron las averiguaciones en contra de los empleados de la empresa productiva del Estado.
No se precisó en qué fecha habrían actuado, pero todo indica que operaban en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido en que la corrupción ya se acabó en su mandato.
Estos sujetos fueron detenidos el 5 de marzo pasado y fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano. Luego de su audiencia inicial, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada logró que fueran vinculados a proceso, por lo cual deberán permanecer en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. A su vez, se fijó un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias.
Apenas este 22 de marzo, López Obrador aseguró que con los recursos que se han obtenido por las acciones contra el robo de combustible, el llamado “huachicol”, se han ahorrado alrededor de 136 mil millones de pesos, cantidad superior a lo que el gobierno destina anualmente al pago de pensiones para adultos mayores.
“Por no permitir el huachicol nos hemos ahorrado136 mil millones de pesos, ¿cuánto es esto? Es más de lo que designamos a la pensión de los adultos mayores en un año, que por cierto hicimos el compromiso de que se van a aumentar”, dijo el mandatario mexicano.
Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas, declaró el martes 2 de marzo que el operativo de combate a este ilícito, desde hace dos años, ha permitido que se reduzca hasta en 95%.
Desde que comenzó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, el combate al robo de combustible ha sido uno de sus principales intereses, de ahí que designó esta tarea al Ejército y la Guardia Nacional. Los castrenses también custodian la circulación de pipas y planean rutas de distribución para surtir a terminales de abastecimiento para las gasolineras.
Uno de los estados donde ha destacado esta actividad ilícita ha sido Hidalgo, territorio donde durante el año 2020 la FGR aseguró más de 850,000 litros, según datos de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
En ese mismo periodo se ejerció acción penal en contra de 94 personas involucradas en crímenes derivados de la sustracción y posesión ilegal de hidrocarburos.
Según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre el 19 de febrero y 20 de marzo recientes, Hidalgo volvió a destacar como la entidad con mayor presencia del robo de hidrocarburos, aunque también están el Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas.
Durante ese tiempo se han recuperado 974 mil 331 litros de combustible y clausurado 177 tomas clandestinas. Pero solamente se han detenido a nueve personas, asegurado tres predios e incautado 23 vehículos.
El personal desplegado para combatir el huachicol asciende a 3,080 agentes, quienes deben brindar seguridad en nueve ductos prioritarios, a través de 1,825 kilómetros.
Datos del gobierno federal indicaron que el plan de combate al huachicol permitió un ahorro estimado de 124 mil 4 millones 265 mil 487 pesos, del 21 de diciembre del 2018 al 30 de diciembre del 2020. En consecuencia, 1,179 personas fueron arrestadas; más de 23 mil tomas clandestinas fueron aseguradas; entre 27 millones de litros de combustible recuperados, así como 44 túneles descubiertos y unos 3,300 vehículos decomisados; todo de 2019 a 2020.
De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, quien sustraiga, altere los procesos de medición, oculte, transporte de forma ilegal, enajene o permita intercambios de hidrocarburo por otra sustancia, podría ser sancionado con penas de 20 a 30 años de prisión además de una multa económica.
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