El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, defendió este lunes a los jueces federales y sus resoluciones, ante el ataque de las últimas semanas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por haber pausado indefinidamente su polémica reforma a la industria eléctrica.
“México: Todas las instituciones públicas deben respetar la independencia de la judicatura, incluyendo al Ejecutivo. El Ejecutivo no debe efectuar intromisiones indebidas o injustificadas en los procesos judiciales, ni debe confrontar las decisiones judiciales de los tribunales”, señaló García-Sayán en sus redes sociales.
El ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) añadió que el juez Juan Pablo Gómez Fierro no debe ser investigado por sus decisiones judiciales. “Celebro el anuncio del Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar en ese sentido”, indicó.
Además, García-Sayán compartió los principios básico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) relativos a la independencia de la Judicatura. En el apartado cuatro, se especifica que “no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales”.
Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley
La ONU remarcó que el principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes. “Cada Estado Miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones”, completaron.
Apenas el viernes pasado, el juez Gómez Fierro, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, otorgó la primera suspensión definitiva contra la reforma eléctrica de López Obrador.
Hasta este lunes, al menos una docena de suspensiones definitivas se han emitido por Gómez Fierro y por Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México. Las suspensiones provisionales suman más de 50.
La suspensión definitiva contra la reforma, propuesta por el mandatario mexicano y aprobada por ambas Cámaras del Congreso con modificaciones menores, buscaba explícitamente favorecer a la paraestatal CFE (Comisión Federal de Electricidad) en perjuicio de privados y empresas de energías limpias.
Sin embargo, con las suspensiones conseguidas por distintas empresas, los efectos de la reforma a la industria eléctrica no podrán surtir efecto hasta que se resuelva el juicio de amparo, lo cual podría tardar meses e incluso años. Se espera que el resto de suspensiones provisionales también se conviertan en suspensiones definitivas.
Todas las suspensiones han tenido carácter general, es decir, no sólo aplican a la empresa que interpuso una demanda de amparo, sino a todo el mercado eléctrico mexicano, debido a que, de otra manera, estaría favoreciendo a unas compañías sobre otras, provocando precisamente lo que se busca evitar: ventajas competitivas.
Estas suspensiones provocaron la ira de López Obrador y de su gobierno, que señalaron al juez Gómez Fierro por nombre y apellidos por supuestamente actuar de forma “sospechosa”. El mandatario mexicano incluso envió una carta en la que ha pedido a Zaldívar, titular de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que investigue al juzgador.
Zaldívar canalizó la solicitud al CJF, que resolverá de forma independiente si la denuncia tiene méritos y debe iniciarse una investigación. Además, el jefe del Poder Judicial recordó al presidente que los jueces trabajan en un marco de independencia y autonomía, aunque desechó los reclamos de la oposición y de una parte del mundo jurídico de el amago de López Obrador alteraba la normalidad democrática y la división de poderes.
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