La cruzada de AMLO por la CFE: el presidente contra quien se le ponga enfrente, dentro y fuera de México

El Senado de México recientemente aprobó la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, que busca favorecer la generación de energía a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por encima de energías limpias y empresas privadas.

Sin embargo, hay que recordar que desde que se dio a conocer la iniciativa de AMLO, no solo se manifestó la inconformidad de las empresas afectadas dentro y fuera de México, sino que diversos organismos, cámaras y asociaciones se pronunciaron en contra de la reforma; algunos de ellos alertaron sobre un panorama poco alentador que se le vendría a la nación mexicana.

Infobae México consultó a especialistas en el tema que enlistaron algunas de las complejidades y riesgos para el país que la nueva política energética conlleva, desde amparos y encarecimiento de servicios y productos, hasta la imposición de aranceles y conflictos que se resolverían en tribunales internacionales.

Riesgos nacionales

En febrero pasado, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, uno de los grupos de presión más importantes del país, advirtió que la iniciativa podría restaurar el monopolio de la CFE, elevaría significativamente el costo de la electricidad, limitaría el acceso a energía limpia para los mexicanos y violaría los diferentes acuerdos comerciales que México está obligado a cumplir.

En entrevista, Víctor Ramírez, Vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, coincidió con las advertencias del organismo, pero aclaró que este incremento en el costo de la electricidad no se verá reflejado en los recibos de luz domiciliarios, puesto que el Estado mexicano continuará subsidiando este aumento; sin embargo, sí impactará en aquellos comercios e industrias que no tienen subsidio (manufactura, construcción, hospedaje, etc.), lo que al final provocará que todos los productos y servicios se encarezcan.

“Lo que sí va a incrementar es el costo para los que no están en tarifas subsidiadas: el mercado eléctrico o el costo de la industria, empresas y comercios que finalmente será un encarecimiento de los costos de todos los productos que consumimos los mexicanos”, alertó.

Además, señaló que lo que México gastaría aumentando dicho subsidio para no incrementar los precios domiciliarios de luz, lo podría invertir en otras áreas de mayor urgencia, como la compra de vacunas contra COVID-19.

Por otro lado, la CFE cuenta con plantas de generación baratas y caras; estas últimas —que usan combustibles altamente contaminantes como el combustóleo, carbón y diésel— sustituirán a las plantas de generación más baratas que corresponden a las de energía renovable y a las plantas térmicas de las empresas privadas. En este escenario, la energía además de más cara, sería más contaminante.

Riesgos internacionales

Expertos en el tema aseguraron que la reforma podría marcar un punto de quiebre entre México y sus socios comerciales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues con la nueva política se violan los compromisos plasmados principalmente en los capítulos 14, 21, 22 y 28 sobre inversión, competencia, empresas propiedad del estado, medio ambiente y buenas prácticas regulatorias del acuerdo internacional.

“No es posible evadir el T-MEC. En el momento en el que las empresas que están invirtiendo en México sientan que se están dando condiciones no competitivas y que les están cambiando las reglas con las que invirtieron, van a poder ampararse y ahí el Estado mexicano tiene todas las de perder”, estimó Ramírez.

Por su parte, Daniela Pontes, especialista en regulación de la industria eléctrica, pronosticó que “el gobierno se expondrá a un escenario de disputas legales de carácter internacional, donde las partes afectadas harán uso de los instrumentos de defensa dispuestos en el T-MEC; de ese modo, una empresa podría demandar al Estado mexicano y el conflicto se resolvería en un tribunal especializado internacional”.

Las controversias a las que ambos especialistas se refieren no serán expresadas de inmediato por las partes afectadas, pues habrá todo un proceso antes de externar la primera objeción contra México; sin embargo éstas involucran la mediación, amparos o arbitrajes.

Si Estados Unidos o Canadá consideran que México está violando los compromisos del tratado, “en primera instancia, agotarán el canal de cooperación y coordinación entre las partes previo a su aprobación, mediante la exposición de preocupaciones o consultas, incluso con posibles investigaciones por las presuntas violaciones a los ordenamientos jurídicos”, señaló Pontes refiriéndose al capítulo 31 del T-MEC, sobre la resolución de controversias.

Si el país que se siente afectado no queda convencido con el proceso de consultas mencionado anteriormente y así lo considera, ya podrá interponer un procedimiento de resolución de controversias, es decir, un panel de arbitraje con tiempos establecidos de respuesta. En este caso se podrían establecer aranceles hacia bienes y servicios que no sean producidos con energía proveniente de plantas limpias.

Por si fuera poco, el gobierno mexicano tendrá que erogar una cantidad multimillonaria por las indemnizaciones y compensaciones a las empresas que ya habían invertido en territorio nacional, además de los alrededor de 110 mil millones de pesos por concepto de subsidio a las tarifas eléctricas, según los expertos.

Batalla entre poderes

Los cambios que quería el presidente en este sector saldrán adelante una vez sea promulgada; no obstante, la aprobación de la iniciativa ha generado una batalla entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pues al momento, ya son dos los jueces que han concedido alrededor de 40 suspensiones provisionales, frenando momentáneamente los efectos de la ley eléctrica de AMLO.

Y es que en los últimos días, jueces federales, entre ellos Juan Pablo Gómez Fierro, han concedido suspensiones provisionales a la LIE, promovidas por actores privados. Entre sus justificaciones está que dicha reforma viola la libre competencia, porque busca privilegiar a la CFE por encima de otros participantes del mercado eléctrico.

Al respecto, López Obrador adelantó durante su conferencia matutina de el pasado 17 de marzo que, en caso de que el Poder Judicial no resuelva a favor las suspensiones a LIE, realizaría cambios en la Constitución.

“Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma. Pero si así lo determinan jueces, magistrados, ministros, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución”, sentenció.

Será este viernes cuando el juez Gómez Fierro dé a conocer su decisión y en caso de que se confirme la suspensión definitiva, el efecto de dicha suspensión paralizará prácticamente de manera indefinida la entrada en vigor de dicha reforma impulsada por López Obrador, y no podrá ser aplicada ni siquiera a aquellas empresas que no han tramitado amparos.

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