Este jueves España hizo historia al legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Tras una votación en el Parlamento, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, la nación europea se unió a la corta lista de países que reconocen el derecho de los enfermos en estados terminales a una “muerte digna”.

Cabe mencionar que dichos procedimientos deberán ser administrados por un médico al reconocer que la “enfermedad grave e incurable” causa un “sufrimiento intolerable” al paciente.

Además de los ibéricos, están los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia. Aunque, junto a este último, son las únicas naciones con tradición católica en aprobar la eutanasia. Y es que temas religiosos, éticos, científicos y legales se entremezclan en los debates en torno a la legislación de la “muerte digna”.

En cuanto al segundo país con mayor población y fieles católicos en América Latina, se han emitido proyectos de leyes para autorizar la eutanasia; sin embargo, han fallado en el Congreso.

Aunque la Ciudad de México y los estados de Aguascalientes y Michoacán permiten que pacientes en estados terminales o su familia rechacen los tratamientos paliativos bajo la Ley de Voluntad Anticipada.

La última propuesta la presentó en septiembre de 2020 el diputado de la Ciudad de México de Morena, Ricardo Fuentes Gómez. En el documento, el legislador reconoció que se trata de un tema controvertido, pero que independientemente de los argumentos en contra o en favor, se debe legislar para que una persona pueda decidir, de forma responsable, cuándo poner fin a “sufrimientos innecesarios y degradantes que no le permiten llevar una vida digna”.

La Constitución Mexicana no prohíbe la eutanasia, el que sí lo hace es la Ley General de Salud. El Código Penal Federal considera delitos a quien preste ayude a otra persona a cometer un suicidio y lo sanciona con hasta cinco años de prisión. Con esos precedentes, es natural que no haya ningún ordenamiento en México que si quiera abunde el tema de dispositivos de eutanasia.

Por ello, Fuentes Gómez propuso en concreto modificar el artículo Cuarto Constitucional para que, a la letra, diga: “Toda persona tiene derecho a una vida digna y en consecuencia a una muerte digna. La Ley establecerá las normas para regular el reconocimiento de la segunda”.

En octubre de 2020, el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM) dio a conocer su encuesta Hacia una muerte digna ¿Mexicanos a favor o en contra de la eutanasia? para conocer la postura de los ciudadanos acerca de las decisiones médicas que se pueden tomar al final de la vida.

Los resultados revelaron un apoyo aparentemente mayoritario hacia el derecho de las personas muy enfermas a decidir sobre el final de su vida. Así, 72% de los mexicanos piensa que la eutanasia debería legalizarse en el país, 14% considera que esto no debería ocurrir y 14% prefirió no tomar una posición al respecto.

En cambio, sobre el suicidio médicamente asistido, 52% piensa que debería contemplarse en la ley y para 32% esto no debería ocurrir.

En el caso de un enfermo terminal que ha tomado la decisión de cómo desea morir, 44% opina que es una decisión que debe tomar solo el enfermo y 56% cree que debe consultar con un médico. Ante ese mismo escenario, 63% considera que esa decisión depende únicamente del enfermo y 37% piensa que debe consultarlo con la familia.

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