La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada recientemente por la Cámara de Diputados, ha provocado una batalla entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Y es que en los últimos días, jueces federales, entre ellos Juan Pablo Gómez Fierro, han concedido al menos 25 suspensiones provisionales a la LIE, promovidas por actores privados. Entre sus justificaciones está que dicha reforma viola la libre competencia, pues busca privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de otros participantes del mercado.

Al respecto, López Obrador adelantó durante su conferencia matutina de este 17 de marzo que, en caso de que el Poder Judicial no resuelva a favor las suspensiones a LIE, realizaría cambios en la Constitución. “Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma. Pero si así lo determinan jueces, magistrados, ministros, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución”, expresó.

Estas declaraciones provocaron una serie de reacciones de analistas jurídicos de México y periodistas en redes sociales, que calificaron la intención del presidente como una medida que pone en riesgo la división de poderes en el país.

“Si la Constitución obstaculiza el proyecto del Presidente, la Constitución debe ser quemada en leña verde. Faltaba más”, “Eso del presidente diciendo que no cree que su ley sea inconstitucional, pero si la declaran así, pues cambia la Constitución, suena mucho a que ya está jugando a ser ejecutor, juez y legislador”, “¿No resulta ilógico que López Obrador haya jurado guardar y hacer guardar la Constitución y ahora quiera cambiarla para que su contrarreforma eléctrica, que estando las cosas como están es inconstitucional, sea constitucional?”, fueron algunos de los comentarios de analistas en Twitter.

De acuerdo con Sergio Olvera Rangel, abogado constitucionalista de la Escuela Libre de Derecho, la Constitución Mexicana es reformable y rígida, pues si bien se puede modificar, se requiere un procedimiento extraordinario, más agravado, en comparación con el proceso de modificación de las leyes ordinarias.

El procedimiento de reforma a la Constitución está diseñado para permitir todo tipo de modificaciones, desde ajustes mínimos hasta cambios estructurales, y en todos los periodos presidenciales se ha reformado la Carta Magna con el objetivo de llevar a cabo su proyecto de nación.

Muestra de ello es que, desde la entrada en vigor de la Constitución, el 1º de mayo de 1917 hasta el 31 de diciembre de 2019, se han expedido 717 reformas a artículos de la Constitución, cada uno de los cuales contiene una o más modificaciones de artículos constitucionales. Incluso, en el texto original, la Constitución tiene 22,029 caracteres; mientras que el texto actual tiene más de 70 mil.

El sexenio en el que hubo más artículos reformados fue el de Enrique Peña Nieto, con 155; seguido del de Felipe Calderón Hinojosa, con 110. En poco más de dos años de gobierno del actual presidente, se han expedido siete decretos de reformas, con un total de 34 artículos reformados; de seguir con ese ritmo, será el periodo presidencial con más reformas a la Constitución.

Para José Perdomo, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, será muy complicado, pues el presidente se topará con dos grandes obstáculos: el tiempo y un apoyo necesario.

Además, requiere de una mayoría calificada en la Cámara de Senadores, así como la mayoría de las legislaturas de los Estados. “En la Cámara de Senadores, Morena no tiene la posibilidad de una modificación absoluta de la Constitución”, sostiene.

Perdomo explica que, a diferencia de Peña Nieto y Calderón Hinojosa, la línea del líder de la autollamada “Cuarta Transformación” no es negociar, sino confrontar: “Tiene que convencer, no imponer lo que él pretende”, indicó.

Por ello, considera que AMLO debe elegir mejor sus luchas, pues en este momento el camino de cambiar la Constitución Mexicana es “una batalla que no va a ganar”.

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica busca privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía por encima de otros participantes del mercado.

Y es que la empresa dirigida por el polémico Manuel Bartlett reportó que en 2020 tuvo pérdidas netas por casi 80 mil millones de pesos. La CFE no había entregado números en rojo desde 2015, de acuerdo con la información que detalla la propia compañía y es recopilada por Bloomberg.

Además, tiene que pagar grandes deudas. En su informe 2020 a inversionistas destacó un perfil de vencimiento de deuda por 50 mil 349 millones de pesos para este 2021.

Para eso puede resultar útil devolver a la empresa eléctrica un monopolio con la nueva ley. Si en la práctica es otra vez la única que cobra la electricidad a los mexicanos, suben las oportunidades de recibir ingresos. Sin importar cómo sea producida esa electricidad.

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