El arranque de las campañas electorales en México también significó una escalada de violencia política que ya ha cobrado la vida de 50 personas. El crimen organizado mueve sus piezas en los territorios donde tiene influencia y busca preservar su poder.
A seis meses de iniciado el proceso electoral 2021, — en el que se disputarán quince gubernaturas y más de 15 mil puestos de elección popular— la máxima en la competencia política parecería ser la de “plata y plomo”.
De acuerdo con un monitoreo que desde septiembre —inicio de la contienda electoral— realiza Infobae sobre las elecciones en curso, 50 actores políticos han sido asesinados, 14 de ellos aspirantes a cargos electorales. El conteo incluye personas políticas con y sin militancia partidista, así como funcionarios sin aspiraciones políticas.
Infobae México elaboró el listado utilizando como fuente notas periodísticas en medios nacionales y estatales que registraron las ejecuciones. Tan sólo en los últimos cuatro meses del 2020, en el país se contabilizaron 16 homicidios de políticos.
En el análisis de datos se identificaron, además, otras formas de agresión política como amenazas, secuestros, robos, atentados contra familiares, daño a la propiedad y privación de la libertad en grado de tentativa.
“Era una mujer de muchas tablas, de mucha fuerza, muy disruptiva”, dijo Lorena Ribbon, dirigente del partido Redes Progresistas de Quintana Roo, sobre María Ballina Sánchez, precandidata suplente a la presidencia municipal de Isla Mujeres —en el Mar Caribe a 13 kilómetros de la costa de Cancún—, asesinada el pasado 11 de marzo.
Apenas unas horas después, el alcalde con licencia de Casimiro Castillo, Jalisco, Alfredo Sevilla, representante de Movimiento Ciudadano, fue hallado muerto al fondo de un barranco, tras dos días de haber sido reportado como desaparecido. Incidentes como estos no son extraordinarios en una campaña electoral, que los expertos califican como la más sangrienta de la historia moderna.
Como en tantos otros listados en materia de seguridad pública en México estamos ante un nuevo y sanguinario récord. La violencia, que siempre ha estado presente en los comicios, es de otra escala y refleja la manera en que los grupos delictivos se han apropiado de regiones completas.
En el análisis realizado por Infobae México se da cuenta de que la mayor parte de los 50 candidatos asesinados fueron ejecutados con usos y costumbres del crimen organizado. Los menos han sido acribillados por un solo sicario.
En este punto es importante advertir que aunque la forma de proceder —en la mayoría de los asesinatos— es a través de comandos armados, en ciertas ocasiones son encargos de funcionarios rivales.
En todos los casos se trata de ex funcionarios o aspirantes a un cargo político local: municipios de poblaciones pequeñas y medianas, por lo general.
Podría decirse que 50 muertos son pocos en un país en el que la cifra de asesinados en 2020 superó las 24.000 personas. Pero por desgracia, advierten los expertos, son suficientes para alterar el significado mismo de los procesos electorales en estas regiones.
Según el conteo realizado por este medio, de septiembre a diciembre de 2020, fueron asesinados 16 políticos. La proximidad de las elecciones hizo que el número de casos aumentase desde enero.
El día 5 de ese mes se registró el primer ataque del 2021. Juan Hernández Ramírez, ex alcalde de Aquila, Michoacán, y su hijo Omar Hernández fueron ejecutados en la comunidad costera de Murata. El ataque se perpetró mientras se encontraban en el interior de su domicilio.
Al lugar llegaron dos motocicletas cuyos tripulantes dispararon y escaparon. En fechas recientes al crimen, Hernández Ramírez denunció que tenía amenazas de muerte de parte del crimen organizado. La zona donde se perpetró el crimen lleva años abandonada por las autoridades que miran para otro lado.
Michoacán (al centro oeste del país) forma parte del mapa de riesgos en las elecciones federales. Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Colima, Campeche, Querétaro, Guerrero y Zacatecas completan el listado.
Para la violencia reinante, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presentado una estrategia de protección para los candidatos que concurren a las elecciones del próximo 6 de junio.
La estela de muertes que recorre buena parte del país tiene la marca de las cuatro letras: CJNG o Cártel Jalisco Nueva Generación, la poderosa organización criminal en vías de expansión.
El poderío de este grupo delictivo se caracteriza por su disposición de involucrarse en confrontaciones violentas con las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano.
El pasado 18 de diciembre, su sombra planeó sobre el asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, acribillado a tiros en Puerto Vallarta, Jalisco.
Antes de ser atacado a traición, Sandoval, que gobernó de 2012 a 2018, repitió varias veces que la postura de su administración era no entablar negociaciones con delincuentes. Asimismo, aseguraba que el CJNG estaba acotado y bajo control.
Sin embargo, lo cierto es que el poder del cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, sigue creciendo con presencia en al menos 24 estados y la reputación de hacer lo que sea necesario para afianzarlo.
Nueve cárteles se reparten el territorio mexicano. Los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los más fuertes, según la DEA. Sin embargo, en estados como Guerrero hay más de 70 filiales de los grandes cárteles, algunos casi familiares, peleándose por la plaza.
Guerrero —en la costa del Pacífico— es la segunda entidad del país con más muertes violentas de políticos. El estado alberga la joya turística de Acapulco, donde el pasado 9 de septiembre ocurrió la primera muerte de un aspirante político. Se trató de Alejandro Toledo Morales, suplente del diputado local de Morena, Moisés Reyes.
Su cuerpo fue localizado en la carretera Acapulco-Barra Vieja, en la zona Diamante del puerto. El 25 de noviembre corrió la misma suerte Antonio Hernández Godínez, precandidato del PRD a la alcaldía de Chilapa, ejecutado al interior de su negocio. Un mes después, Efrén Valois Morales precandidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Pilcaya, Guerrero fue ejecutado.
Los ataques violentos se han concentrado hasta ahora en el convulsionado estado de Veracruz. El conteo de políticos asesinados en México realizado por Infobae apunta que son 10 los funcionarios ejecutados en la entidad, ubicada en la costa del Golfo de México.
En el estado gobernador por Cuitláhuac García, la mayoría de las víctimas eran precandidatos de los municipios de Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla, Texistepec y Úrsulo Galván.
La guerra entre el CJNG y los Zetas Vieja Escuela ha sido decisiva para detonar el uso de la violencia contra los candidatos veracruzanos, quienes en algunos casos son ajenos a los intereses criminales o rechazaron colaborar con bandas o mafias rivales.
El 8 de febrero fue asesinado a tiros Carlos Fernández Rocha, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a regidor en el municipio de San Andrés Tuxtla. Tres días después ocurrió lo mismo a Gilberto Ortiz Parra, precandidato de Morena a la presidencia de municipio Úrsulo Galván. Y apenas el 15 de febrero le dieron muerte en su propia casa a Karla Merlín quien buscaba ser la candidata, también por Morena, a la alcaldía de Cosoleacaque, junto con su madre Gladys Merlín, quien había sido presidenta del mismo municipio.
Sobre este último crimen, se informó de la detención de Víctor “N”, policía encargado de la seguridad de Karla y su madre. Las autoridades aseguran que el uniformado está relacionado con el asesinato de ambas mujeres.
El día de la ejecución de Karla y Gladys Merlín, la cerca eléctrica que rodeaba la casa estaba apagada, lo que facilitó la entrada a los asesinos.
Diseño: Jovani Pérez Silva/ Isaac Vallejo Amezcua
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