Acusan protección de Fiscalía a ex magistrado denunciado por abuso sexual contra sus hijas: “Negaron la justicia a dos niñas que rompieron el silencio”

Manuel Horacio Cavazos López, ex magistrado capitalino acusado de violar a sus dos hijas de 5 y 7 años, no fue imputado ante un juez por protección al interior de la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX), según denunció Mariel Albarrán, madre de las menores.

En entrevista con Infobae México, Mariel Albarrán aseguró que su ex esposo fue favorecido en el caso por Daniel Osorio Roque, titular de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Asistentes de la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy Ramos.

Incluso, la madre que ha buscado justicia para sus hijas desde septiembre de 2019, señaló a la propia fiscal Godoy Ramos de proteger al ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Pues en diciembre del año pasado, al interior de la misma Fiscalía, se objetó el no ejercicio de la acción penal que beneficiaría a Cavazos López. Pero presuntas presiones de administrativos influyentes finalmente habrían llevado a que este 13 de marzo, la dependencia decidiera no proceder en contra del acusado e ignorar una suma de irregularidades en el caso, además, descartando importantes datos de prueba.

“Sabemos que objetaron el no ejercicio, que alguien se dio cuenta de todas las porquerías que hicieron en la Fiscalía y objetó el no ejercicio, sin embargo, por presiones de superiores jerárquicos, en este caso del coordinador general de auxiliares y la misma fiscal general, ordenaron que cambiara el sentido de la decisión”, acusó Mariel Albarrán.

Pese a tres grabaciones donde incluso se oye la voz del ex magistrado, el informe médico, dictámenes de la Fiscalía, informes de la sintomatología de las víctimas, reportes independientes y, lo más importante, el testimonio de las niñas, la autoridad ministerial despejó el camino para que Cavazos López pueda buscar convivencia con sus víctimas, inclusive, retomar un puesto público.

“Existen unos audios donde mis hijas de viva voz narran la introducción de dedos y las agresiones. Audios en los que mis hijas, la primera de ellas llora, pidiendo que vaya por ella al lugar donde estaba, con su agresor, con su papá. Hoy sé que lloraba porque la agredió en un baño público”, apuntó Albarrán.

Los delitos se cometieron en varias ocasiones: en casa de las niñas, en un parque, en el departamento de Cavazos López y en su camioneta, cuando las dejaba en la escuela; según consta en las indagatorias que fueron referidas por la madre de las menores a este medio.

“Ellas narran con todas sus letras las agresiones y en compañía de una psicóloga clínica de la Fiscalía; igual está mi entrevista; está un examen médico que da cuenta de las lesiones en la vagina de una de mis hijas”, agregó.

Además, la Carpeta de Investigación contiene un informe del Centro de Atención para Víctimas de Delitos Sexuales de la FGJCDMX, donde las niñas acusan la aplicación de cremas con olor y sabor junto con la introducción de dedos. De ahí que el caso debería tratarse como violación equiparada y no, de abuso sexual, como se estableció en el documento CI/FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/19270/09-2019.

Junto con esto se encuentran constancias de la Policía de Investigación donde las menores identifican los lugares en que fueron violentadas. Aunado a ello, hay reportes del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales de la propia Fiscalía y de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC. Esos documentos recomiendan que el ex magistrado no conviva con sus hijas. Igual hay dictámenes privados.

Aún con todo eso, la FGJCDMX reportó que fueron agotados todos los recursos de investigación con los que contó y llevaron a cabo diligencias, dictámenes y entrevistas, de acuerdo con protocolos en delitos sexuales. Pero determinaron que no hay pruebas para imputar al ex magistrado ante un juez de control.

“El resultado de la investigación no nos permite respaldar con evidencia la denuncia presentada”, aseguró la FGJCDMX en un comunicado.

De acuerdo con Mariel Albarrán, las autoridades ministeriales negaron que fuera ampliada su entrevista por no dar las razones para ello. Acusó que quisieron reevaluar la condición de víctimas de sus hijas y enviarlas a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA, dependiente de la FGR); a lo cual se negó porque había pasado medio año y ellas se encontraban bajo tratamiento psicológico, además, ya contaban con otros dictámenes.

Cuando pidió que su ex esposo fuera evaluado en FEVIMTRA, ante el cúmulo de amistades que tiene en el gobierno capitalino, este recurso también le fue negado.

Decepción, burla y revictimización son algunas palabras que la madre de las menores usó para describir el caso.

“Es decepcionante que nieguen el acceso a la justicia a dos niñas que valientemente rompieron el silencio y a mi, que me negué a ser cómplice de estas atrocidades. En toda la Carpeta de Investigación no hay perspectiva de género y no hay un enfoque diferenciado”, aseveró la entrevistada.

El sábado reciente, antes de que fuera emitido el boletín, se habían puesto en contacto con ella desde la Fiscalía para acordar una audiencia con Ernestina Godoy, este lunes 15 de marzo.

Pero, según contó a este medio, tan pronto como colgó para confirmar su asistencia a una reunión que ha buscado en los últimos tres meses, la dependencia publicó que no ejercería acción penal sin notificarle a la madre de las niñas.

En cuanto a las acusaciones contra Godoy Ramos, precisamente ha buscado tratarlas en algún encuentro, porque la presunta protección al ex magistrado llegaría al más alto nivel y ello debe atenderse en Asuntos Internos, como se ha solicitado durante este año.

El 3 de marzo pasado, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México consignó que Mariel Albarrán no pudo conversar directamente con la fiscal porque le fue impedido el paso a sus asesores jurídicos y querían que entrara sola.

“He buscado hasta el cansancio acercarme a ella, y si no es ella quien lo protege, que ella se deslinde y que inicie los procedimientos correspondientes para sancionar a su personal, pero si de esto tienen conocimiento su particular y el coordinador de auxiliares, es que es instrucción también de ella”, insistió Albarrán.

Daniel Osorio Roque, coordinador de auxiliares, llegó a su puesto actual el 18 de agosto de 2020 por designación de la fiscal Ernestina Godoy. Fue sustituido de la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos, posición en la cual quedó Jesús Omar Sánchez Sánchez.

Según la Ley Orgánica de la dependencia, tiene atribuciones para establecer criterios en la integración, control y seguimiento de los dictámenes del no ejercicio de la acción penal. Es decir, se trata del principal responsable en resolver si una carpeta es judicializada o, por el contrario, reservarse de tal facultad en delitos graves como en este caso, sobre el abuso sexual y violación contra menores de 12 años.

También debe notificar a la parte ofendida si el acusado o acusada es imputada ante el juez de control. Pero a decir de Mariel Albarrán, ella se enteró por redes sociales.

Consultada a la Fiscalía por diversos medios sobre las denuncias de protección al ex magistrado, Infobae México no obtuvo respuesta alguna. Mucho menos, para el resto de las referencias.

A estos señalamientos se suman aquellos realizados contra José Manuel Fuentes Cruz, quien abrió la Carpeta de Investigación (CI) el 23 de septiembre de 2019 al ser responsable de turno. Según su conducta en el caso, Mariel Albarrán ha insistido en que este funcionario ha obstaculizado procedimientos y facilitado la defensa del ex magistrado.

Por ejemplo, pasaron tres meses para que enviara la CI a mesa de trámite, después de que llegara la entrevista por escrito de Cavazos López y sin siquiera haber analizado los audios donde las menores narran que fueron víctimas de delitos sexuales.

Ese tiempo de espera habría sido para que el ex magistrado preparara su defensa, pues tuvo acceso a los audios, según Mariel Albarrán, proporcionados por Fuentes Cruz. Después de ello, el testimonio del acusado se asentó en unas 200 páginas, donde argumentaba que las menores fueron influenciadas por su madre, bajo el argumento de la “alienación parental”.

Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional esa figura en 2017, como causal para quitar la patria potestad de los hijos en casos de divorcio, según la acción 11/2016.

Por un lado, el máximo tribunal reconoció que existe el fenómeno, pero vulnera los derechos de los menores de edad al estimar que las conductas en su contra resultan de su conciencia transformada. De ahí que se transgreda a los niños y niñas y no se les considere como sujetos de autonomía progresiva.

En consecuencia, se afecta el derecho que los menores tienen a ser escuchados en procedimientos jurisdiccionales en que estén involucrados, ya que si se establece que su conciencia ha sido intervenida, se menoscaba su autonomía de manera intrínseca, de ahí que funcionarios como peritos en psicología pueden entender que la opinión del menor está viciada y no tomarla en cuenta con amplitud ni seriedad.

“No perdamos de vista que lo más importante cuando hay víctimas de violencia sexual es su testimonio, porque los delitos son de realización oculta, por eso es que la Ley exige que tengan un valor preponderante y acompañarlo con otros datos de prueba”, agregó Albarrán.

Para febrero de 2020, cuando las acusaciones contra Cavazos López ya habían sido presentadas, la magistrada Patricia Gudiño Rodríguez envió una propuesta al Congreso capitalino para revivir la figura de alienación parental y castigar con cárcel a quien manipulara a sus hijos e hijas en contra de otro progenitor.

Gudiño Rodríguez, al igual que Cavazos López y otros seis magistrados, buscaban su ratificación ante el legislativo capitalino, pues llevaban seis años en el cargo y correspondía que los diputados de la Ciudad de México decidieran la permanencia vitalicia de estos funcionarios. Finalmente, ni el acusado ni su colega prosperaron, ella fue destituida en diciembre del año pasado y él, en febrero de 2020, aunque se ha amparado para regresar.

Por esa fecha, el ex magistrado buscó intimidar a su ex esposa para que el caso no se extendiera aún más, tras darse a conocer en la prensa. Pero en realidad, buscaba recursos para aferrarse a la ratificación vitalicia, según la madre de las menores.

“Nos negamos, y ese mismo día, con esa llamada —además tenemos la evidencia que deciden denunciarme―, colgando, me denuncian por falsedad de declaraciones; para esa denuncia llevarla al Congreso y buscar su ratificación.

“El argumento fue: ‘yo no las vi un viernes, no pude lastimarlas ese viernes’. Pura tontería, cuando mis hijas señalan las agresiones y señalan a su agresor. Mis hijas de casi siete años una y de cinco años de edad la otra, no son unas bebés que no sepan lo que sucedió y que no puedan decirlo con todas sus letras”, sostuvo Mariel Albarrán.

A su vez, la madre de las menores señaló que José Manuel Fuentes Cruz ha cambiado de adscripción dos veces para estar en tres posiciones cerca del caso, en el cual quiere seguir teniendo influencia.

Según documentos consultados por Infobae México, Fuentes Cruz cuenta con al menos 25 años de experiencia en el área de procuración de justicia y fue sancionado en 2016 por su responsabilidad administrativa en perder documentos de una Averiguación Previa en 2011.

En aquel tiempo se desempeñaba como agente del Ministerio Público en la Unidad de Investigación Uno sin Detenido de la Agencia de Investigación FDS-5 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales.

El procedimiento en su contra inició hasta junio de 2014 en el Órgano Interno de Control (OIC) de la entonces Procuraduría capitalina.

Fuentes Cruz buscó deslindarse de responsabilidades culpando a su Oficial Secretario como al agente que continuó con las indagatorias. Su irresponsabilidad al no resguardar los documentos, pese a que sí los recibió, llevaron a un no ejercicio de la acción penal.

“Resulta evidente que no observó la legalidad, y por consiguiente, no actuó con la diligencia necesaria para una debida procuración de justicia” [..]. “Existió un resultado derivado de su deficiencia que propició que no se esclarecieran los hechos denunciados”; fueron algunas de las observaciones del expediente.

Además, no se trataba de un novato, puesto que llevaba 15 años en funciones cuando ocurrieron los hechos, por lo que conocía a plenitud de las consecuencias que implicaban sus omisiones y responsabilidades.

Aunado a esto, ya contaba con un antecedente por la falta administrativa disciplinaria en el OIC, consistente en una amonestación pública en el expediente CI/PGJ/D/0817/2007. De ahí que el funcionario persistió en realizar conductas que provocaran deficiencias en la debida procuración de justicia.

El 18 de enero de 2016, Víctor Manuel Martínez Paz, contralor interno en la dependencia, resolvió una ejemplar sanción al suspender a José Manuel Fuentes Cruz por cinco días de su cargo.

Actualmente, Cavazos López insiste en desestimar la veracidad del testimonio de sus hijas, según Mariel Albarrán. Tras abandonar la estrategia de alienación parental, ahora argumenta que las niñas narraron agresiones porque las especialistas atrofiaron sus mentes y no porque hubieran sido agredidas.

“Si esto requiere llegar a instancias internacionales lo voy a hacer, porque necesitamos confiar en nuestros hijos, creerles y no quedarnos de brazos cruzados. Ya de por sí somos el primer país a nivel mundial en violencia sexual infantil. Entonces cuando los niños, las niñas, son valientes, lo menos que podemos hacer es acompañarlos hasta el final del proceso”, señaló la madre de las víctimas.

Después de evaluar el actuar de la Fiscalía, Mariel Albarrán sí acudirá al encuentro con Ernestina Godoy este lunes 15 de marzo, pues planteará las irregularidades y que sean investigados los funcionarios del caso en Asuntos Internos. En cuanto al no ejercicio de la acción penal, promoverá un recurso de inconformidad.

“Nuestra institución reconoce y respeta el derecho de las víctimas a presentar recursos para la revisión de la actuación del ministerio público, peritos y policías de investigación. Por ello, reiteramos nuestra total apertura a que se revise la investigación en caso de ser ordenado por las instancias correspondientes”, señaló la FGJCDMX al respecto.

Hasta noviembre de 2020, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reportó que 5.4 millones de menores en México son víctimas de abuso sexual cada año. Y el 60% de los casos el agresor es parte de la familia, como padres, padrastros, tíos y vecinos.

Se trata del país que ocupa el primer lugar en abuso infantil y, por cada 1,000 de estos casos, se denuncian 100 y sólo 10 van a juicio, donde sólo uno de ellos alcanza condena. Lo cual indica una impunidad de 99.99 por ciento. En 2016, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas calculaba que cuatro de cada 10 delitos sexuales fueron en personas menores de edad.

La pederastia, referente al abuso y violación contra menores de 12 años, fue tipificado como delito grave desde 2010 en el Código Penal Federal. Ya en diciembre del año pasado, legisladores de la Ciudad de México aprobaron elevar de ocho a 12 años de cárcel a quienes cometan estas agresiones.

Los encubridores alcanzarían hasta 13 años tras las rejas y si se trata de servidores públicos, corresponderá su destitución o inhabilitación en cargos hasta por la mitad del tiempo de la pena impuesta. A su vez, la acción punitiva del Estado no prescribe y la víctima puede denunciar en cualquier momento.

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