La decisión sobre los amparos que plantean revisar los casos de 22 ex empleados federales y estatales vinculados con el incendio de la Guardería ABC fue aplazada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La tragedia ocurrió el 5 de junio del 2009, donde fallecieron 49 menores de edad.
Bajo la ponencia del juez Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, los asuntos quedaron en lista: significa que alguno de los miembros de la Primera Sala solicitó más tiempo para estudiar y analizar los casos.
Los agraviados son personas que fueron sentenciadas a entre 14 y 29 años de prisión. A través de 19 amparos, solicitan que sus penas se modifiquen y ajusten conforme a la resolución previa.
Ésta declaró al artículo 64 del Código Penal Federal que es contrario a distintas convenciones internacionales por autorizar la acumulación indebida de sentencias.
Si la Suprema Corte determina fallar a favor de los agraviados, sus expedientes retornarían a tribunales colegiados para que se emitan nuevas sentencias: cuya duración podría ser reducida hasta a solamente cuatro años de cárcel.
Los tres amparos restantes fueron promovidos por familiares de las víctimas. Son ex funcionarios públicos que fueron absueltos, no obstante, se exige que sean procesados por el uso indebido de sus atribuciones.
El Gobierno de México, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), informó en diciembre que indemnizará a 12 familias por el caso de la Guardería ABC, ocurrido en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora.
Mediante un comunicado, la CEAV explicó que el lunes se emitieron 12 resoluciones “en torno a la reparación integral complementaria a familiares del caso ‘Guardería ABC’” aunque no mencionó cifra o monto alguno.
Dijo que las resoluciones se dieron conforme “a criterios objetivos que han sido utilizados en otros casos del mismo hecho victimizante, estableciendo montos que están por encima de estándares internacionales”.
En la nota, la CEAV explicó que los familiares de los menores “se ampararon por estar inconformes con los montos obtenidos, toda vez que habían solicitado 3.37 millones de pesos (unos USD 168,000) por cada víctima indirecta (mamá, papá y hermanos), así como 10 millones de pesos (unos USD 498,000) por víctima directa (menor fallecido o lesionado), además de los conceptos mencionados”.
La Comisión indicó que los conceptos que sirven para determinar los montos son: daño moral por víctima directa (menor fallecido o lesionado); daño moral por víctima indirecta (papá, mamá, hermanos, abuelos y tíos); lucro cesante de la víctima directa e indirecta; gastos y costos; gastos de transporte, alojamiento y alimentación; becas educativas; y, de haberse comprobado, daño físico y daño patrimonial.
El organismo señaló que “las resoluciones fueron emitidas atendiendo sentencias dictadas por los jueces, en respuesta a juicios promovidos por las familias, que estuvieron inconformes con los montos económicos entregados por la CEAV”.
A principios de noviembre, una docena de madres y padres de niños víctimas del incendio de la guardería saltó una de las rejas de la sede de la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México para acceder a las instalaciones donde permanecieron para hacer escuchar sus demandas y que la CEAV emitiera resoluciones de las indemnizaciones reclamadas.
El 5 de junio del 2009 un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora se propagó hasta la Guardería ABC en la ciudad mexicana de Hermosillo.
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