Guía definitiva para entender la legalización del uso lúdico de la marihuana en México

México ha dado otro paso más en el camino para ser el tercer país del mundo, junto a Uruguay y Canadá, en legalizar el consumo lúdico personal de la marihuana.

Después de que el pasado 19 de noviembre el Senado aprobara un dictamen sobre el uso adulto responsable del cannabis, este 10 de marzo la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la despenalización y la regulación del consumo lúdico –llamado “consumo adulto”– de marihuana en todo el país.

Algunos de los puntos clave de este dictamen, el cual reformaría artículos del Código Penal Federal y la Ley General de Salud, son que se expedirá la Ley General para la Regulación del Cannabis, además de que se creará el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis (IMRCC).

También permitirá a personas mayores de 18 años consumir cannabis psicoactivo si no se realiza frente a un menor de edad o cualquier otra persona imposibilitada de manifestar su consentimiento libre e informado. Tampoco se podrá usar en el espacio público si una persona mayor de edad no haya otorgado su consentimiento.

Será posible la venta del cannabis y sus derivados para uso adulto en México, aunque esta deberá realizarse en establecimientos autorizados por el IMRCC. Respecto a la siembra, cultivo, cosecha, aprovechamiento y preparación de plantas de cannabis, una persona que viva sola puede tener hasta seis, mientras que si hay dos consumidores en un mismo hogar, la cantidad se amplía a ocho.

Cabe mencionar que para el cultivo, la transformación, la comercialización, la exportación o importación, el dictamen establece que se deberán tramitar licencias, aunque una persona podrá contar con más de un tipo y ninguna de ellas implica actividad alguna con el uso medicinal del cannabis.

Si una persona desea consumir en su vivienda, deberá efectuar las remodelaciones necesarias, con el objetivo de que el humo no sea inhalado por personas distintas a las consumidoras. Acerca de la posesión, una persona únicamente podrá tener consigo menos de 28 gramos de marihuana.

En caso de que posea más de esta cantidad se hará acreedor a una falta administrativa, por lo que deberá pagar una multa de 60 hasta 120 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, desde los 5,000 hasta los 10,500 pesos. Si la persona trae más de 200 gramos, podría ser sancionada penalmente con tres a seis años de prisión.

Por otra parte, se podrán crear clubes de consumo recreativo de cannabis con un mínimo de dos personas asociadas y un máximo de 20, todas mayores de edad. Estos lugares deberán tener algún motivo que identifique su giro, pero no podrán hacer alguna promoción de su producto. Sobre la siembra, estos sitios podrán plantar hasta cuatro plantas por persona asociada.

Otra manera de acceder al producto será a través de empresas que cuenten con una producción regulada y autorizada por el Instituto. En este caso, los establecimientos podrán vender dosis específicas de marihuana.

La regulación también contempla un lugar para la investigación en torno a los usos médicos, farmacéuticos o paliativos de la planta de cannabis por parte de universidades, centros especializados y otras instituciones.

Cuáles son las prohibiciones que contempla esta iniciativa

Las personas menores de 18 años no tendrán acceso al cannabis adulto, quienes se lo provean incurrirán en un delito. Tampoco se permitirá dar empleo a niñas, niños y adolescentes en cualquier actividad relacionada con la siembra, cultivo, plantación, cosecha, comercio, producción, distribución, suministro, venta y consumo de cannabis.

Tampoco se podrá consumir marihuana en áreas de trabajo, sean públicas o privadas; además de establecimientos comerciales con acceso público, escuelas de educación básica, media superior y superior, instalaciones gubernamentales o cualquier lugar donde esté prohibido el uso de tabaco.

Otros sitios en donde no se podrá consumir cannabis psicoactivo serán puntos de “concurrencia masiva donde pueden acceder personas menores de 18 años”, como centros comerciales, parques, parques de diversiones, estadios, instalaciones deportivas, aun cuando sean abiertas o cualquier lugar donde estén o pudieran estar expuestas a los efectos nocivos del “humo de segunda mano”.

Tampoco será posible proveer de manera gratuita cannabis psicoactivo, sus derivados y productos elaborados con base en esta sustancia. Otra de las prohibiciones que establece el dictamen es la de conducir cualquier vehículo, manejar u operar equipo o maquinaria que pueda causar peligro bajo los efectos del THC. En este caso, el castigo será de una multa y arresto de 12 a 36 horas.

En los clubes y establecimientos no se podrá realizar venta o consumo de bebidas alcohólicas y se deberá mostrar la licencia otorgada por IMRCC. Asimismo, se deberá cerciorar que las personas que ingresen a estos lugares sean mayores de edad y también tienen que dejar ver un anuncio con la leyenda sobre la prohibición de comercializar, vender, distribuir y suministrar a personas menores de 18 años.

El incumplimiento de los ordenamientos de la legislación se sancionará con una multa de 500 hasta 3,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la cual se duplicará en caso de reincidencia. Si se incumple por tercera ocasión, el castigo será la revocación del permiso.

En este sentido, quedará prohibido comercializar productos que mezcle marihuana con otras sustancias como el tabaco, la cafeína, el alcohol, las bebidas energizantes o cualquier otra que sea considerada, o no, psicotrópica.

Las controversias en torno a la regulación del cannabis

Si bien este dictamen puede representar una oportunidad para dar un paso relevante en el tema, algunos grupos han alertado a la población que éste es “preocupante” y se deben atender elementos de la legislación que por el momento consideran deficientes, especialmente en términos de justicia social.

Tania Ramírez, directora del programa de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), ha denunciado a través de diversos medios que si bien se modificaron las cantidades de cannabis que una persona puede poseer, esta planta aún se mantendrá en la lista de sustancias prohibidas.

Asimismo, ha señalado que persistirán delitos en el Código Penal Federal a pesar de que existirá un mercado regulado, el cual, por lo menos en la teoría, va a permitir el autocultivo, los clubes cannábicos y la venta al menudeo. En este sentido, la contradicción más relevante desde su punto de vista es que se está proponiendo una regulación sin despenalización, pues se mantendrá el delito de posesión simple.

“Si antes te extorsionaban con cinco gramos, ahora te pueden extorsionar con 28. Es necesario modificar ese régimen penal, eliminando el delito de posesión simple, es una conducta que no tendría que estar considerada como un delito y tendrían que cambiarse los parámetros para perseguir el transporte de pequeñas cantidades”, recogió el portal Animal Político.

Julio Salazar, abogado de la misma organización civil, también señaló a Infobae México que existe una “sobrerregulación” para las personas que quieren consumir al interior de sus casas, ya que deben realizar modificaciones a sus hogares para no molestar a otros vecinos.

“El hecho de que exista la posibilidad de que autoridades hagan visitas a los domicilios para revisar el lugar abre la puerta a la extorsión, a los abusos de la autoridad, aun cuando se trata de una actividad para el desarrollo legítimo de su personalidad”, resaltó el especialista, quien también condenó estas condiciones como excesivas y que privilegian a ciertos sectores de la población.

Por otra parte, Erick Ponce, director del Grupo Promotor de la Industria de Cannabis (GPIC), consideró en una entrevista con este portal informativo que no habrá una criminalización de los consumidores si la industria asume su papel con responsabilidad y se educa a la población en torno a la legalidad y calidad de la planta, pero también acerca sus derechos.

Acerca del impacto económico que podría generar esta regulación, las posturas también son encontradas. Por una parte, Salazar puntualizó que “lejos de establecer las condiciones para la creación de un mercado nacional, está instaurando condiciones para que empresas extranjeras entren al mercado con ventaja”.

Este argumento se basa en que si el dictamen se aprueba tal y como fue enviado a la Cámara de Diputados, las primeras empresas en incorporarse serán las que tienen toda la infraestructura que pide la ley, como los mecanismos para la trazabilidad genética de las semillas y testeo, los cuales son complejos, caros y actualmente sólo los tienen compañías extranjeras.

Además, la legislación señala que las semillas a emplearse deben ser de origen legal, es decir, tienen que importarse de bancos registrados y si bien en México existen semillas, ninguna de ellas está registrada y todavía no hay bancos para realizar ese proceso.

En contraste, la perspectiva desde el GPIC es alentadora, pues proyectan que la industria de la cannabis, en el año 2025, dejará una derrama económica de USD 10,000 millones solamente en México, a partir de criterios como la recaudación fiscal y la creación de nuevos empleos en dispensarios, cadenas productivas y venta, así como subindustrias, entre ellas las de consultorías, educación, laboratorios analíticos, acompañamiento y salud.

También destacó que esta legislación representará un beneficio para el cultivo, pues desincentivará al mercado negro, además de que “se contempla un apoyo especial y prioritario para las comunidades marginadas, ejidos y campesinos para darles asesoría y consejería respecto a los trámites y que tengan acceso a la parte de inversión”.

Sin embargo, en el dictamen no se incluyen los últimos elementos que mencionó Ponce. Más bien, la redacción señala lo siguiente: “Pueblos y comunidades indígenas, personas campesinas o ejidatarias, ejidos y comunidades agrarias, en situación de marginación o que por sus características o por haber sido afectados por el sistema prohibitivo, deberán tener una atención prioritaria”.

En todo caso, la ventaja que tendrán estas comunidades estará relacionada con la posibilidad de ser titulares de más de una licencia para cultivar, transformar o comercializar la planta de cannabis. “Lo anterior, como una acción afirmativa para resarcir los daños ocasionados por la prohibición”, se puede leer en el documento.

A pesar de que las poblaciones marginadas tendrán un acceso prioritario a las licencias para estas actividades, su mera existencia es algo que organizaciones también han exigido eliminar, pues los obstáculos económicos, técnicos y jurídicos representarán un motivo para que estas comunidades se alejen de la posibilidad de cultivar, transformar o comercializar cannabis.

“Los requisitos son demasiado caros, excesivos y se piden por igual. Entonces, quienes los podrán pagar serán empresas y a pesar de la prioridad a comunidades de campesinos, la verdad es que si no se les da un acompañamiento y se les quitan barreras de entrada al mercado, no podrán acceder a él”, detalló Salazar.

Para este especialista y la organización civil que representa, este tipo de condiciones no permitirán que se termine con el mercado ilegal de cannabis, pues creará uno de lujo y ambos van a coexistir.

Desde la otra postura, el GPIC consideró que deben mantenerse las licencias, pues estas ayudarán al control y regulación de las actividades, además de que evitará que ciertas comunidades sean objeto de extorsión por parte de grupos del crimen organizado.

Por otra parte, este Grupo mostró su preocupación en torno a los impuestos que se le podrían poner a los productor derivados del cannabis. Al respecto, Ponce mencionó que se encuentran trabajando en una propuesta para el Paquete Económico 2021, con el fin de que esto sea gradual, “se comience con un impuesto bajo a través del IEPS y pueda haber una adopción más grande para que podamos ser competitivos frente el mercado negro”.

Respecto a temas de esta naturaleza, el senador Emilio Álvarez Icaza, dijo al diario El Economista que le llama la atención el hecho de que el presupuesto para el próximo año no contempla la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, el cual no es un asunto menor si se tiene en cuenta “el austericidio” que practica el gobierno de López Obrador.

En torno a la investigación para el uso medicinal del cannabis, el dictamen no sufrió cambios. Se les permitirá a las universidades, instituciones o centros especializados realizar estudios y analizar qué beneficios puede representar algún tipo de la planta, aunque dichas pesquisas deben estar supervisadas por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Aunque en este orden de ideas, el doctor Omar Ortega Carrasco, jefe del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM, aceptó que la industria farmacéutica en el país se enfrenta a una competencia desfavorable con la internacional.

“Incentivar el desarrollo e investigación nacional es algo que está en una agenda pendiente. Debería haber una ayuda a la industria nacional para que pueda competir con los monstruos transnacionales”, comentó a Infobae México.

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