El gasto en Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “mantiene la misma inercia que la de sus antecesores”, toda vez que se continúa privilegiando un enfoque reactivo y no uno preventivo, así lo aseguró el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Al presentar el estudio “Gasto público en seguridad 2019-2021” elaborado en colaboración con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se destacó que pese a que en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) se enfatiza como eje conductor la prevención del delito, en los hechos, esto no sucede.
El documento señala que el gasto público en este eje disminuyó 0.20% del PIB en 2019 a 0.18% en 2021. Mientras que el objetivo del combate al crimen concentra la mayor cantidad de recursos, el cual aumentó de 0.55% del PIB en 2019 a 0.56% en 2021.
El director general del ONC, Francisco Rivas, indicó que esto demuestra la falta de coherencia respecto al cambio de paradigma de seguridad prometido y revela que tanto el gasto público como la ENSP no trascienden el discurso político del presidente.
Otro de los hallazgos del estudio es que en los últimos ejercicios fiscales se ha registrado un menor control del gasto público en materia de seguridad. Prueba de ello, es que en 2019 el gasto ejercido superó en 36,531 millones de pesos al aprobado. Ello se debe a que se ejercieron 35,511 millones de pesos más en el Ramo 7 Defensa Nacional y 1,427 millones adicionales en el Ramo 13 Marina.
Este menor control del gasto público contrasta con el recorte presupuestal del Programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG). Dicha decisión presupuestal pone en riesgo la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en municipios que concentran 75% de los delitos de alto impacto, destacó.
Francisco Rivas consideró que los legisladores fueron irresponsables al aprobar el recorte presupuestal el año pasado y advirtió que debido a ello el gasto público se ha convertido en un instrumento para fortalecer la centralización de recursos en la federación y la militarización de la seguridad pública.
El estudio “Gasto público en seguridad 2019-2021” analiza cómo ha sido la transición de la Fiscalía General de la República en términos presupuestales. El cambio se resume en un incremento de 6% entre 2019 y 2020 y entre 2020 y 2021 el presupuesto aprobado para la FGR prácticamente será el mismo que en 2020.
El documento advierte la preocupación que existe al interior de la institución sobre la disminución de 11.8% en los recursos destinados a investigar delitos relacionados con la delincuencia organizada, mientras que las carpetas de investigación por estos delitos apenas se redujeron 5% entre 2019 y 2020 en un contexto de crisis sanitaria.
En tanto que los recursos destinados a la operación de la Guardia Nacional aumentaron de 3,974 a 35,672 millones de pesos de 2020 a 2021. Sin embargo, esta alza se debe a la reasignación o redistribución entre distintos ramos presupuestales, como es el caso de los recursos asignados a la Policía Federal en años pasados.
El director del ONC destacó que a la fecha no se ha publicado la evaluación de diseño del programa presupuestal de la Guardia Nacional, lo que impide saber los resultados de la institución. En consecuencia, sentenció, esto puede generar falsas expectativas sobre su efectividad y gestión interna.
El estudio enfatiza que aún cuando es necesario aumentar el nivel de gasto para que esté en línea con el referente internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es necesario que la estrategia de seguridad sea coherente, de lo contrario se corre el riesgo de malgastar los recursos.
En este sentido, el ONC recomendó mejorar los mecanismos de instrumentación, planeación y evaluación de “programas prioritarios” en materia de seguridad pública para sustentar la toma de decisiones de las autoridades.
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