Este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se reunió con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, para informar sobre las investigaciones contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
El encuentro se realizó de manera privada para evitar cualquier probable violación al debido proceso contra el mandatario tamaulipeco, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, por lo que busca su desafuero. A su salida, Santiago Nieto descartó hacer público el expediente.
De acuerdo con la UIF, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca adquirió al menos doce propiedades en México y Estados Unidos mediante una triangulación de recursos públicos y usando a su familia como prestanombres.
La Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguran que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estaría presuntamente implicado en la triangulación de 42 millones de pesos con una empresa sospechosa para el gobierno de Estados Unidos.
Los señalamientos derivan de una denuncia realizada en meses pasados por particulares, sobre un presunto enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, así lo precisaron fuentes de Morena en la Cámara de Diputados.
Pero además, la UIF habría detectado que García Cabeza de Vaca, habría beneficiado a tres empresas fantasma, que están registradas por presuntos prestanombres del gobernador, así lo revelan investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con Milenio, en la solicitud de desafuero de la Fiscalía General de la República en contra del mandatario estatal y que se encuentra en poder del diario, la UIF señala a Inmobiliaria RC Tamaulipas SA de CV y Barca de Reynosa SA de CV, propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, y T Seis Doce SA de CV, cuyo accionista y apoderado es Juan Francisco Tamez Arellano, sirvieron para la “organización criminal” liderada por el gobernador para “echar a andar un esquema de lavado de activos”.
Las autoridades señalan que las compañías obtuvieron sus mejores utilidades a partir de 2017, por contratos de obra que no se realizaron, adjudicaciones que no se concluyeron y con la compraventa de una casa en Santa Fe, en la Ciudad de México. Ninguna de las tres firmas contaba con trabajadores inscritos en el IMSS, pero reportaban declaraciones fiscales en ceros ante el SAT.
La más beneficiada, según la UIF, es Inmobiliaria RC Tamaulipas, que obtuvo de manera directa dos contratos por 48 millones 634 mil pesos para la construcción de un centro de justicia en Reynosa y una unidad de docencia para la entidad, que no se han concluido.
El pasado 23 de febrero, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de García Cabeza de Vaca, por su probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Entre las acusaciones en contra del gobernador panista, también figura la imputación derivada de la averiguación previa FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, iniciada tras la denuncia de Emilio Lozoya el 11 de agosto pasado, toda vez que el exdirector de Pemex acusó a varios políticos, entre ellos a García Cabeza de Vaca, de recibir millonarios cantidades para aprobar la reforma energética, derivado del caso Odebrecht. Dijo también que entregó más de 500 millones de pesos en sobornos.
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