Las medidas de aislamiento y confinamiento por la pandemia de COVID-19 en México han agravado el problema de la violencia contra las mujeres, particularmente aquella que es ejercida por el esposo o por personas del entorno familiar inmediato de las mujeres, y particularmente en aquellos casos donde existen antecedentes de violencia, señaló un estudio publicado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.
La investigación titulada “La otra pandemia: la violencia contra las mujeres antes de la pandemia de la Covid”, elaborado por Lorena Cruz Sánchez, María de la Paz López Barajas y Eva Gisela Ramírez Rodríguez, destacó que el hogar no es para todas las mujeres un espacio de protección, porque en los casos donde existen conflictos y abusos hacia las mujeres y las niñas, cabe esperar que una convivencia continua e intensiva esté generando mayores problemas o agudice los ya existentes.
Esto desemboca con mayor frecuencia en episodios recurrentes y más severos de violencia y abusos hacia ellas, o hacia los niños y las niñas, poniendo en riesgo su integridad física y emocional, agravada por el cansancio por el aumento en la carga de trabajo doméstico, por la atención que las hijas e hijos requieren, y por las preocupaciones por la falta de ingresos, el desempleo y las adicciones, en muchos casos.
El estudio precisa que la violencia contra las mujeres se expresa de muy variadas maneras, desde actitudes sutiles, hasta agresiones físicas y abusos sexuales que dañan su integridad física y emocional, limitan su desarrollo y cancelan sus derechos fundamentales, con la finalidad de controlar, dominar, limitar, prohibir, excluir o minimizarlas.
Se trata de una práctica social ampliamente extendida en todo el país, sostenida en la estratificación social basada en la condición de género que determina la posición de las mujeres y los hombres en la sociedad y define los patrones, valores y estereotipos que conllevan a la desigualdad y discriminación hacia las mujeres.
De acuerdo con la información de 2016, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residían en el país, 66.1% de ellas (unos 30.7 millones), señalaron haber vivido violencia de algún tipo, ya sea emocional, económica, patrimonial, física o sexual, ejercida por cualquier agresor, ya sea en el ámbito escolar, laboral, comunitario, familiar o por parte de su actual o última pareja, esposo o novio.
De acuerdo con el documento del IBD, la violencia contra las mujeres está ampliamente extendida en el país, abarcando a una amplia proporción de grupos de mujeres y de niñas que participan en los espacios públicos; que asisten a la escuela; que trabajan de manera remunerada; quienes tienen pareja y quienes no.
La información sobre la violencia denunciada y la atendida durante la etapa de pandemia por parte de las instituciones de procuración de justicia y salud, muestra que la violencia sobre la que se tiene registro en estas instituciones, no de la que ocurre de manera cotidiana, puesto que solo se trata de aquellos casos en que la mujer se atrevió a denunciar, inició este año con niveles más altos a los observados en 2019.
En cuanto al feminicidio la tendencia es parecida en el arranque de 2020, más alta la denuncia entre enero y abril con disminución en mayo, aumento en junio por encima de 2019 y una disminución en los meses de julio a agosto con respecto a la que se presentó en 2019, y en octubre, nuevamente se presenta un aumento que rebasa a la cantidad de delitos reportados en 2019.
El estudio concluyó que en este momento de crisis es conveniente que el Estado mexicano, en su conjunto, es decir, los tres poderes y órdenes de gobierno, revisen y atiendan las Recomendaciones de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), orientadas a formular políticas y programas para hacer frente a los factores de riesgo nuevos y existentes de la violencia por razón de género contra las mujeres, entre otras.
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