Durante una reunión virtual realizada este jueves 4 de marzo, el Instituto Nacional Electoral (INE) alertó sobre el riesgo material que existe, por primera vez en la historia, para realizar las elecciones de este próximo 6 de junio en el estado de Nayarit.
El informe fue presentado por la Secretaría Ejecutiva del INE; en éste se dijo que los puestos que se renovarán, gobernador, Congreso, presidencias municipales, sindicaturas y regiduría, podrían no efectuarse por la falta de recursos económicos proporcionados por la entidad federativa.
Ante esta situación, de la Situación Presupuestal de los Organismos Públicos Locales (OPL), el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, lamentó que el gobierno del estado eluda su responsabilidad para suministrar los recursos necesarios para que el Instituto Estatal Electoral (IEE) pueda organizar los comicios.
“Hoy, hay que decirlo con todas las letras, por la omisión en generar los recursos a los que está obligado el Gobierno del Estado, la democracia en Nayarit está en riesgo y no podemos permitir que el Estado democrático de derecho se socave”, afirmó.
Asimismo, Lorenzo Córdova lamentó que el gobernador del estado, Antonio Echevarría García, justificara la situación con la premisa de que “nadie está obligado a lo imposible”, ya que esta frase también aplicaría para la autoridad electoral, a pesar de que el resultado sea la primera crisis constitucional de este tipo.
“El problema de la suficiencia presupuestal es una responsabilidad de los gobiernos locales, ni más, ni menos; decir lo contrario es simple y sencillamente mentir y eludir una responsabilidad constitucional a la que se obligaron desde el momento de la toma de protesta, al momento de asumir el cargo, no le demos vueltas, es así de sencillo”, refirió durante la reunión del INE.
El propio informe OPL advirtió que el Instituto Estatal Electoral enfrenta un recorte del 11%, y hasta la fecha sólo ha recibido 19 de los 110 millones de pesos correspondientes al presupuesto del primer bimestre del 2021.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama Rendón deploró la situación que acaece en Nayarit y resaltó que al no haberse dimensionado la gravedad de la crisis en el estado, la amenaza que podría representar un quiebre democrático en diversas partes del país es real.
“Ni en el México posrevolucionario se dejaron de hacer elecciones, así fueran testimoniales, pero ahora que son genuinas y competidas, menos aún nos podemos dar el lujo de que haya gobernantes que decidan que sus gobernados no van a ir a las urnas”, expresó.
Murayama Rendón agregó que ante dicha situación, es necesario activar todos los resortes al alcance del Estado para impedir “tal atropello” con el derecho al voto que tienen los mexicanos, ya sea con la intervención de la Federación o con juicios por desacato del congreso local.
Otras entidades que tienen registro de afectaciones presupuestales para las próximas elecciones son Oaxaca y Puebla, mismos que cuentan con una pérdida de más del 80% a pesar de la obligación que tienen por organizar cuatro elecciones: Diputados, Presidencias Municipales y Alcaldías, así como de Sindicaturas y Regidurías. También se incluyen a Aguascalientes, Colima y Morelos.
En este sentido, la consejera Carla Humphrey Jordan refirió que las afectaciones presupuestales han alcanzado al INE, institución que enfrenta actualmente una insuficiencia presupuestal para la consulta popular que se tendrá en agosto de este año.
“Este país ha tenido transiciones democráticas sin derramamiento de sangre, justamente porque se cumple con cada una de las etapas que, también ya podemos empezar a revisar para ajustar y acortar, pero esta base jurídica y este andamiaje procesal electoral es lo que ha permitido estas transiciones de gobierno sin conflictos realmente importantes”, añadió.
Finalmente, se aclaró que los OPL son fundamentales para la democracia en México, ya que requieren de un presupuesto adecuado que les permita cumplir con sus atribuciones. Por ello, la negativa de suministrar recursos, a los estados o a la nación, sólo puede acarrear como consecuencia una afectación en los derechos político-electorales de los ciudadanos.
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