La senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, presentará una iniciativa a la Constitución para que se establezca un nuevo requisito hacia las y los aspirantes electorales: no estar sujetos a investigación por delitos sexuales como hostigamiento, estupro, acoso, abuso o violación.
“Hoy presentaré iniciativa para establecer en la Constitución un nuevo requisito para los cargos públicos de elección popular: que los candidatos no estén sujetos a investigación por delitos sexuales como hostigamiento, acoso, abuso, estupro o violación.”, expresó mediante su cuenta oficial de Twitter.
En el documento que presentará ante el Congreso, la funcionaria argumenta que, a pesar que la carta magna mexicana establece los requerimientos para las o los aspirantes a cargos de diputación, senaduría o presidencia, también deja a consideración de las entidades federativas ejercer su libre configuración normativa para los cargos de elección popular.
Consecuentemente, señala, el orden constitucional no determina que los candidatos a cargos de elección popular “cuenten con una solvencia ética, cívica y moral”, es decir, que en ningún momento de su historial político y de vida haya atentado contra “la libertad y el desarrollo psicosexual de las personas”, haciendo especial énfasis en los casos cometidos a menores de edad y mujeres en mayor vulnerabilidad frente a los hombres.
“Si bien es cierto que, en términos generales, la ciudadanía puede presuponer que los ciudadanos que aspiran a un cargo público de elección popular son buenas personas o al menos, son honorables, podemos contribuir a garantizar que no podrán ser candidatos quienes se encuentren sujetos a una investigación por la probable comisión de algún delito sexual.”, expresó en el escrito.
Por ello, la senadora propone una reforma a los artículos 55 y 82 de la Constitución que establecen los requisitos para ejercer como diputado federal, senador y presidente de la República Mexicana; a éstos, se les añadiría la proporción constitucional que se apela y, posteriormente, se aplicará a los demás cargos de elección popular en el país, tales como: diputados locales, gobernadores de estado, presidentes municipales, regidores y síndicos, jefatura de Gobierno de la Ciudad México, acaldes y concejales.
Esta propuesta surge en el marco de los esfuerzos por evitar que Félix Salgado Macedonio, militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido que llevó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia, logre la candidatura oficial por Guerrero.
En las primeras horas de la mañana de hoy martes 2 de marzo, mientras el mandatario mexicano llevaba a cabo su conferencia de prensa matutina, un grupo de feministas se protestaron en las inmediaciones de Palacio Nacional por el mismo caso; las manifestantes se enfrentaron a elementos del Grupo Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego que éstos intentaran retirarlas del lugar.
Al funcionario “ya se le había retirado” la candidatura de Morena, sin embargo, podrá volver a contender ya que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido determinó el fin de semana pasado que “los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio, son improcedentes e infundados por lo que no pierde sus derechos políticos”.
Aunado a ello, ayer, 1 de marzo, Jorge Zuriel de los Santos, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, anunció que una de las dos denuncias por presunta responsabilidad en el delito de violación dolosa contra Salgado Macedonio, había perdido acción penal por el argumento de prescripción.
En consecuencia, se ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) repetir el proceso de selección para definir al candidato a la gubernatura de Guerrero y en el que Salgado Macedonio podrá volver a competir; esto fue anunciado por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.
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