En Morelos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad (Cdhmor), se encontraban investigando presuntos hechos de abusos y tratos crueles e inhumanos en contra de jóvenes que se encuentran albergados en el Centro de Asistencia Social (CASA), ubicado en el Municipio de Temixco. Pero acusaron que las autoridades del gobierno de Cuauhtémoc Blanco les impidieron realizar las diligencias correspondientes en el recinto.
El organismo estatal de Derechos Humanos informó que al arribar a las instalaciones del Centro de Asistencia Social para Adolescentes del DIF-Morelos, con el fin de llevar a cabo la supervisión que pretendían derivada de una investigación por posibles actos de tortura en perjuicio de adolescentes ahí albergado, el titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, Rafael Brito Miranda, les impidió el ingreso poniendo como pretexto la presentación de pruebas PCR para demostrar que no eran portadores del COVID-19. Asimismo les pidió una petición formal para el ingreso al Centro.
“Los servidores públicos de ambos Organismos Protectores de Derechos Humanos señalaron que la legislación de sus instituciones los faculta para realizar inspecciones de esta naturaleza y que la autoridad no debe, bajo ninguna circunstancia, restringir su acceso; apercibiéndolos de que en caso de continuar dilatando u obstruyendo las investigaciones, se estaría configurando un delito”, informó el organismo morelense a través de un comunicado.
Entonces relatan que pasó más de una hora antes de que los funcionarios del Gobierno de Morelos les permitieran finalmente la entrada, solo a un número reducido de trabajadores, al recinto. “Las autoridades de la Procuraduría de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia mostraron resistencia y obstrucción para el correcto desarrollo de las diligencias. Dilataron por 1 hora 15 minutos el acceso del personal de ambos organismos. Despojaron de sus instrumentos de trabajo al personal del Organismo Local, refiriendo que de lo contrario no se le permitiría el acceso”, detallaron.
Sin embargo también refieren que tras cuatro horas de espera, no se permitió al personal de ninguno de los dos organismos entrevistar a los menores en condiciones que fueran dignas y con privacidad.
Además, subrayaron que no se percataron de la presencia de personal médico o de enfermería de guardia al interior del centro. Mientras que mismo personal del DIF morelense les notificó que 13 adolescentes habían sido trasladados a un centro de atención a las adicciones SIANI, mismo que carece de aval de parte de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) o del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA).
La polémica escaló hasta instancias internacionales con presencia en México. Tal es el caso de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Mediante un hilo en su cuenta oficial de Twitter, la instancia regional del organismo fijó su postura ante los hechos.
“En relación con la situación de 13 adolescentes trasladados a un centro de atención de adicciones privado de #Morelos tras una protesta en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes del @DIF_Morelos y la obstaculización del legítimo intento de la @cdh_morelos y del Mecanismo Nacional de Prevención de la #Tortura de ingresar al Centro para continuar la investigación de las violaciones de #DDHH y supervisar las condiciones de detención de los adolescentes, la ONU-DH recuerda que, de acuerdo a estándares intl. de #DDHH, los albergues del @DIF_Morelos y los centros de adicciones son lugares de privación de libertad, por lo que su personal debe facilitar acceso a las instituciones que velan por los #DDHH de las personas internas”, advirtieron.
Entonces, la ONU-DH hizo hincapié también en que, de acuerdo con las leyes contra la tortura en México, el impedir la entrada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a los lugares de detención constituye un delito.
La delegación de Naciones Unidas hizo un llamado a las autoridades del gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco en el que les urgió garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad, y a brindar a las instituciones de derechos humanos las facilidades para su labor de protección y prevención.
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