Incompetente o cómplice: Loret de Mola exigió la renuncia del auditor que destapó y luego se retractó de anomalías en la cuenta pública de AMLO

Las acciones de la ASF propiciarían que López Obrador “siga desprendiéndose de los incómodos contrapesos”, dijo el comunicador

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El comunicador asegura que si, por el otro lado, Colmenares fuera un “cómplice” de la llamada Cuarta Transformación, entonces México sería testigo de “un sometimiento al presidente. (Foto: Cuartoscuro)
El comunicador asegura que si, por el otro lado, Colmenares fuera un “cómplice” de la llamada Cuarta Transformación, entonces México sería testigo de “un sometimiento al presidente. (Foto: Cuartoscuro)

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) se retractó recientemente por algunas revelaciones hechas en la Cuenta Pública 2019, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negara su veracidad. El auditor “es un incompetente o es cómplice. No hay más. Una u otra”, sentenció el periodista mexicano Carlos Loret de Mola

La tercera parte de la cuenta pública causó un fuerte revuelo por señalar que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco costaría tres veces más de lo esperado al gobierno de López Obrador y que la Secretaría de la Función Pública se negó a cooperar con los auditores.

David Colmenares, el auditor encargado de la cuenta, echó atrás las aseveraciones de la ASF y aceptó que el cálculo que hizo estaba equivocado. “Si le creemos, entonces la conclusión es muy sencilla: es un incompetente”, arremetió el periodista en la columna publicada por El Universal.

Más bien se trataría, aseguró, de “dos errores garrafales”: el cálculo errado y la denuncia. Recalcó que ninguno de los dos fueron solo “una declaración banquetera” hecha por un funcionario, pues ambas acusaciones “lograron ‘colarse’, sin que nadie los hubiera detectado, hasta el documento oficial más importante que emite la Auditoría en el año”.

El comunicador asegura que si, por el otro lado, Colmenares fuera un “cómplice” de la llamada Cuarta Transformación, entonces México sería testigo de “un sometimiento al presidente. Uno más”. Esto, señala, seria un episodio más que muestra a una dependencia federal “claudicando para congraciarse con López Obrador”.

El que la ASF haya desmentido sus propias aseveraciones representa para el periodista “una herida de muerte a la confiabilidad y la credibilidad” de la institución y asegura que la única forma para salvarla es que David Comenares se atreva a renunciar.

LA ASF aseguró que el NAIM costaría tres veces más que lo pronosticado (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)
LA ASF aseguró que el NAIM costaría tres veces más que lo pronosticado (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

Sin embargo, cierra su texto conjeturando que este evento podría representar una forma en la que el gobierno “desdibuja” a la Auditoria para que López Obrador “siga desprendiéndose de los incómodos contrapesos”.

Fue por medio de un comunicado que la ASF se retractó de los cálculos del NAIM: “Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco”.

Inicialmente, la cuenta pública aseguraba que la cancelación costará al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos, pues consideró como factores de costos adicionales la liquidación de los contratos pendientes, juicios y demandas interpuestos. También refirió que la información no es precisa por parte de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

En este, detalló que de los casi 332 mmdp se cuentan 163 mil 540 millones 720.5 mil de pesos (49.3%) por gastos ya erogados a 2019, lo cual incluye los costos no recuperables de la inversión ejercida en el periodo 2014-2018 (70,497,352.1 miles de pesos), y de la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios (7,629,862.8 miles de pesos).

“La dependencia consideró la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados”, se lee el informe.

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