La Fiscalía General de la República (FGR) negó a Rosario Robles Berlanga la posibilidad de negociar un procedimiento abreviado para reducir su condena, así como acogerse a un criterio de oportunidad que le ayude a no ser acusada por otros delitos a cambio de ayudar en la investigación de la “Estafa Maestra”. Con ello, la exsecretaria de Desarrollo Social continuará con el proceso en la próxima audiencia intermedia programada para el 26 de febrero.
De acuerdo con información del periódico La Jornada, la Fiscalía informó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Ganther Villar Ceballos, que no se cumplieron con los requisitos para procesar la negociación. De esa forma, durante la siguiente audiencia se verificará y definirá la legalidad de las pruebas presentadas en contra de Robles, con las cuales se definiría una posible sentencia.
La FGR, por medio de la agente del Ministerio Público titular de la agencia vigésima primera investigadora, envió el oficio UEIDCSPCAJ-049/2021, en el que se informó lo siguiente:
“La imputada compareció ante la representación social mediante escrito, en el cual señaló su disposición para obtener una salida anticipada, pero no se cumplen los requisitos de procedibilidad para que ésta acceda al procedimiento abreviado o al criterio de oportunidad por los motivos que expone, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes”.
Las negociaciones resultaron improcedentes debido a las condiciones propuestas por Robles para desahogar el caso por la vía del procedimiento abreviado. De acuerdo con fuentes consultadas por El Universal, la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), ofreció declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público con una pena de tres años y sin reparación del daño.
El equipo de representación legal de la exfuncionaria ofreció la posibilidad de negociar con la FGR a cambio de beneficios jurídicos en la audiencia del 10 de febrero. Por ello, en aquel momento, la agente del Ministerio Público de la Federación, Mónica Martell, se abstuvo de realizar la acusación formal, acción con lo cual la Fiscalía aceptó el trato.
Debido a que las declaraciones fueron documentadas en audio y video, Villar Ceballos les otorgó formalidad. Derivado de ello, estableció un lapso de cinco días para que los representantes de la FGR se acercaran a Robles, presa al interior del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, y entablar una posible negociación. En el mismo periodo, los agentes tenían la obligación de notificar al juez sobre los acuerdos.
El plazo establecido se cumplió el pasado miércoles. No obstante, de acuerdo con la copia de la resolución judicial en posesión de La Jornada, el juez Ganther Villar Ceballos indicó que la FGR incumplió con el periodo ordenado en la última audiencia para determinar los mecanismos de negociación entre Robles Berlanga y la Fiscalía.
Según las acusaciones de la FGR, durante la administración del último presidente priista, Robles habría incurrido en omisiones que permitieron el desvío de cinco mil millones de pesos del erario. De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito que se le imputa es cometido por “el funcionario que teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal”.
Aunque el delito por el cual se le acusa no es considerado grave ni amerita prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público Federal la solicitó en agosto de 2019. En caso de obtener su libertad, la FGR podrá cumplimentar una orden de aprehensión en contra Robles por delincuencia organizada. En este caso, la libertad no es un derecho que se alcance mediante fianza.
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