La operación Justicia para Chihuahua es la punta de lanza de la estrategia de Javier Corral, actual gobernador de la entidad, para llevar a César Duarte, ex gobernador, ante la justicia y responder por las 21 acusaciones que tiene en su contra.
Corral Jurado, del PAN, basó su campaña política en la persecución del ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien presuntamente es responsable de delitos como peculado, lavado de dinero, desvío de recursos con fines electorales y corrupción; sin embargo, ya casi se le acaba el sexenio al licenciado en derecho por la Universidad de Occidente y Duarte Jáquez no ha llegado a México.
La persecución contra el ex gobernador involucra más de un servidor público y a más de un partido político, pues mantener el nivel de corrupción e impunidad durante su gobierno requirió de la compra de voluntades en distintos niveles de gobierno que responden a distintas autoridades.
César Augusto Peniche, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, informó que hasta febrero de este año se ha procedido contra 41 ex funcionarios y empresarios derivado de las investigaciones contra el ex gobernador, parte de este aporte es por la investigación en torno a la llamada Nómina Secreta, la cual es una presunta red de corrupción establecida en 2014 para que los servidores públicos en función no investigaran los desvíos realizados por César Duarte.
Otro caso de presunta corrupción en la que se ha señalado la supuesta participación del ex priista es la llamado Operación Safiro, la cual se encargó de desviar recursos del erario público de entidades federativas y una alcaldía en la Ciudad de México para apoyar la campaña fallida de José Antonio Meade rumbo a la presidencia en 2018.
Los movimientos en detrimento del patrimonio de la entidad ocurrieron cuando Enrique Peña Nieto, abanderado por el mismo partido político, era presidente de la república; Manlio Fabio Beltrones, líder nacional del PRI; y Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por tal motivo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) retomó el caso de la Operación Safiro (con “s”), en donde seis estados y una delegación del entonces Distrito Federal gobernados por el Revolucionario Institucional desviaron 650 millones de pesos a empresas fantasmas ligadas con ese mismo partido político.
De acuerdo con una publicación de MCCI del 21 de noviembre del 2018, por medio de 12 empresas fantasmas, los gobiernos de los estados de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la delegación Milpa Alta desviaron la cantidad mencionada con fines electorales.
Al respecto, Ricardo Yáñez, ex titular de la Secretaría de Educación de Chihuahua, declaró ante el Ministerio Público que durante una reunión en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido explicaron que no se tenía que preocupar por las empresas fantasmas pues “estaban blindadas por parte del SAT (apéndice de la SHCP) y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”. Cabe señalar que Yáñez Herrera ya fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de desvío de recursos.
Conforme a las pesquisas correspondientes, el monto total de desvíos fue de 649,327,686 pesos, donde cada estado “aportó” fuertes sumas de dinero. Chihuahua aportó 246,000,000 de pesos; Durango, 230,400,000; Sonora, 140,591,669; Morelos, 16,404,800; Colima, 15,142,316; Edomex, 488,900; y Milpa Alta, 300,000.
La consecuencia que se tuvo como resultado de los presuntos desvíos de recursos y desfalcos al erario de Chihuahua han sido mencionados reiteradamente por Javier Corral y las sumas son sorprendentes, pues en caso de ser ciertas sería uno de los desfalcos más grandes en la historia de México ejercidos sobre una entidad.
Al finalizar su gobierno, Duarte Jáquez dejó una deuda pública de 48,000 millones de pesos, afectación al erario local por 6,000 millones de pesos y tiene un caso abierto por desvíos de recursos del estado con fines electorales para favorecer al partido al que estaba afiliado desde 1977 por 250 millones de pesos durante 2015.
Hasta el momento, la defensa de Duarte Jáquez ha insistido en que su cliente correría peligro en México, por lo cual ha intentado, ante la corte de Florida, Estados Unidos, que el ex priista se quede en territorio estadounidense; sin embargo, el fallo definitivo no ha salido a la luz. No obstante, la administración de Corral Jurado confía en que César Duarte sea procesado en 2021.
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