Por COVID-19, 2.5 millones de niños podrían empezar a trabajar en México: estudio

En México, las condiciones de orfandad, el impacto psicológico y el rezago educativo de los niños, niñas y adolescentes se han invisibilizado aún más por la pandemia de COVID-10, alertaron defensores de derechos de la infancia.

Lo anterior, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), obligará a alrededor de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes al trabajo infantil. De acuerdo con el Balance Anual Redim 2020, titulado El año de la sindemia y el abandono de la niñez en México, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que por cada punto porcentual adicional de pobreza adulta, el trabajo infantil aumenta 0.7%.

Hay que considerar que se estima que la pobreza en México aumente entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales y que el número de personas de cinco a 17 años en trabajo infantil es de 3.27 millones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Tomando en cuenta lo anterior, si “cada punto adicional de pobreza se traduce en 0.7 puntos adicionales de trabajo infantil, se podrían sumar a los 3.27 millones de niñas y niños trabajadores, 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes. Y todos los riesgos asociados a sus derechos”, calculó el organismo.

Cabe mencionar que esos 3.27 millones representan el 11.3% de la población en ese rango de edad (28.5 millones), según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del INEGI, cuyos datos se recavaron en el último bimestre de 2019.

“De estos 3.27 millones, 2 millones estaban en ocupaciones no permitidas, actividades de mercado. Y 1.3 millones estaban en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas”, detalló el presidente del INEGI, Julio Santaella, durante la presentación de dicha encuesta.

La Redim planteó que a menos que se adopten acciones puntuales y focalizadas para los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad, y frente a factores como el cierre de escuelas, la muerte de padres y madres, la reducción de remesas, la falta de trabajo en general y el aumento de las labores informales, dejará a millones de infantes adolescentes expuestos a la explotación, la trata de personas y trabajo forzado.

No obstante, aseguró que “el gobierno federal decidió renunciar a sus obligaciones legales con la niñez”, pues derivado de la pandemia se anunciaron nuevos recortes presupuestales que afectan la garantía del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, en al menos 16 programas.

Entre los programas que Redim destacó desaparecieron de la Estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (EP PEF) está el Programa “Prospera Inclusión social”, en sus dos vertientes: salud y bienestar. Asimismo el Programa de “Estancias infantiles”.

“La disminución en el gasto para la atención de niñas, niños y adolescentes puso en riesgo la implementación de medidas de salud preventivas con el cuadro de vacunaciones (sigue creciendo de forma invisible la epidemia de sarampión en el centro del país)”, aseguró.

Por otro lado, el organismo insistió al gobierno federal, junto con otras organizaciones, sobre la necesidad de generar información especializada y permanente para la niñez sobre la pandemia, pues al momento la comunicación oficial sigue siendo dirigida a personas adultas, con lo que se ha dejado a un lado a casi 40 millones de ciudadanas y ciudadanos. Alertó que en más de 250 conferencias de prensa, sólo tres han sido dedicadas a niñas, niños y adolescentes.

“El derecho a la información de niñas, niños y adolescentes en momentos de crisis o de conflictos sociales es fundamental para no quedar al margen de lo que acontece a su alrededor, lo que puede generar incertidumbre”, alertó.

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