Desde hace años existe en México un lugar donde reina la oscuridad: la Cuenca de Burgos, una región geológica ubicada en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, y donde los cárteles han aplicado la ley de plata y plomo.
En este sitio —descrito por el periodista Diego Enrique Osorno como la principal veta de gas natural que posee México— se encuentra el codiciado gas que el país necesita, entre otras cosas, para dar electricidad a los hogares, que este martes sufrieron cortes de luz entre las 18:00 y 23:00 horas.
El descalabro eléctrico ha sido explicado por la actual administración como una consecuencia de la dependencia de México al gas que llega de Estados Unidos, que esta misma semana ha sufrido también de apagones debido a las fuertes nevadas.
Pero, dentro de este halo, se encuentra una explicación mucho más oscura: la infiltración del crimen organizado en el sector energético.
Este hecho —un secreto a voces entre contratistas y empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex)— tiene su origen con la llegada de Los Zetas y el Cártel del Golfo a la frontera norte del país. Según el periodista y experto en seguridad, Óscar Balderas, en la Cuenca Burgos los cárteles se infiltraron mediante un esquema del horror, en el que las subsidiarias fueron obligadas a pagar su derecho de piso o de lo contrario serían ejecutados por quienes se decían miembros del cártel de la última letra o del Golfo.
En 2010, una noticia cimbró terror en la industria: un empresario de la compañía de servicios energéticos Waterford fue asesinado por supuestamente negarse a pagar las extorsiones a Los Zetas. De acuerdo con Balderas, ese mismo año México inició con una serie de litigios contra empresas estadounidenses porque supuestamente adquirían gas robado a Los Zetas y al Cártel del Golfo.
El modus operandi, revelado por la paraestatal, exhibía que las compañías enviaban al país camiones llenos de agua y al llegar a la veta de gas, los descargaban y se encontraban con los sicarios, quienes se encargaban de abastecerlos con gas.
Esta diversificación de las operaciones de los cárteles mexicanos se extendió por los próximos años. En 2014, la petrolera española Repsol abandonó el país debido al asedio de los grupos criminales, que aproximadamente han asesinado a una veintena de trabajadores de Pemex.
El clímax de un rosario de agravio de los Zetas y el Cártel del Golfo llegó en 2020, cuando la empresa Pantera Exploración y Producción solicitó una prórroga al gobierno mexicano para el plan de exploración en la Cuenca Burgos, pues no podían avanzar ante el acecho de las organizaciones criminales.
Al igual que en Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Tabasco son estados infiltrados por la mafia, incluso integrantes del crimen organizado han establecido ahí su residencia.
El panorama refleja el fracaso de las estrategias diseñadas para la seguridad de Pemex por las firmas extranjeras. Además, diversas investigaciones han destapado que los criminales tienen información técnica precisa de la ubicación de ductos, oleoductos, gasoductos, oleogasoductos y de la red de transporte y distribución de hidrocarburos, datos que únicamente manejan los más altos directivos de Pemex, pues se considera información de seguridad nacional reservada.
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