La Cámara de Diputados llevó a cabo este jueves su primer día de Parlamento Abierto sobre la reforma a la industria eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se pronunciaron y lo harán también este viernes las voces de legisladores, expertos, académicos e involucrados en el sector.
La primera jornada de pláticas se llevó a cabo de forma más o menos predecible. Morena, el partido de López Obrador y con mayoría en el Congreso, defendió la iniciativa presidencial, como había anunciado en la previa, de la mano de su coordinador en San Lázaro, Ignacio Mier.
El líder morenista señaló que la iniciativa preferente es ampliamente coincidente con el mandato constitucional y afirmó que el mercado eléctrico tiene que ser equitativo, justo, sin discriminación, apegado a la ley y, sobre todo, evitar afectar la economía nacional.
Con la ley vigente, afirmó, se fomenta el subsidio disfrazado. “Queremos una electricidad abundante, de bajo costo, que cuide el medio ambiente, y que el sistema de planeación sea regido como lo establece la Constitución, que siga siendo de uso estratégico para el país y de seguridad nacional la industria eléctrica”, completó.
Y es que una de las principales críticas a la propuesta del mandatario mexicano es que busca favorecer, a través del el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas y sin ningún tipo de medias tintas, a la CFE (Comisión Federal de Electricidad), una empresa productiva del Estado, en perjuicio de privados y energías limpias.
Sin embargo, Mier rechazó esta noción. “No queremos privilegiar a la CFE, sino que compita en condiciones de equidad y de libre mercado”, dijo. “Queremos que haya un reconocimiento y que se hagan a un lado los lineamientos que no reconocen a la energía limpia producida por la Comisión”, concluyó.
A esta postura se le sumó el vicecoordinador de los diputados del PT (Partido del Trabajo), Gerardo Fernández Noroña. Su bancada, aliada fiel de Morena en el Congreso, respaldó la iniciativa preferente porque “no pretende sacar a las empresas extranjeras del mercado nacional ni desalentar la inversión”. “Al contrario, se generará una competencia más equilibrada”, aseguró.
Consideró que “lo que estará en controversia en estos días son dos posiciones: la nacionalista, que busca la soberanía energética y pone en el centro los intereses del pueblo, y otra que está financiada por las empresas extranjeras”.
Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que “no hacen falta cambios regulatorios de esta magnitud”. “Hay que respetar la ley, respetar los contratos y derechos adquiridos que ya fueron revisados”, manifestó Roger González, presidente del grupo.
Por su parte, la oposición también fue contundente en su postura en contra de la iniciativa. “No queremos una reforma que atente contra la economía de las familias, que vulnere la certeza jurídica y el crecimiento económico. Estamos a favor de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas”, expresó el líder en San Lázaro del PAN (Partido Acción Nacional), Juan Carlos Romero Hicks.
Estaremos atentos a que exista la certeza de salvaguardar la economía, que no se abata la planta productiva del empleo, la salud y el medio ambiente para no tener energías caras y sucias, y se construya la ruta hacia un mejor futuro
A esta postura se sumó el PRI (Partido Revolucionario Institucional), de la mano del diputado Enrique Ochoa, ex director de la CFE, quien consideró que la iniciativa preferente contiene elementos que van “en contra y en la ruta opuesta a la que avanza el mundo”.
Puntualizó que la fortaleza de la CFE se ha logrado abriendo las puertas a las energías limpias, innovación tecnológica y a la inversión privada, bajo los distintos modelos permitidos por la Constitución y por la Ley, sustituyendo gradualmente el uso del combustóleo y diésel.
Fabiola Loya, coordinadora de Movimiento Ciudadano, externó su preocupación sobre la propuesta presidencial, “ya que obligaría a las y los mexicanos a consumir una energía cara y sucia, y se pondría freno al desarrollo de energías limpias y desincentivaría la inversión”, como advirtieron también esta semana más de una treintena de organizaciones civiles dedicadas al medio ambiente.
Además, la coordinadora del PRD (Partido de la Revolución Democrática), Verónica Juárez, adelantó que, debido a que se trata de una reforma que vulneraría acuerdos comerciales y tratados internacionales, generaría una ola de juicios y amparos como ha sucedido en otras áreas que ha impulsado el gobierno de López Obrador en el sector energético.
Sin embargo, durante el Parlamento Abierto surgió la posibilidad de una tercera vía. El Partido Verde, usual aliado de Morena en el Congreso, en este caso estuvo a favor de fortalecer la CFE y la soberanía energética, pero con un enfoque en energías limpias por encima de las fósiles.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, el panista Xavier Azuara también confió en que estas negociaciones sirvan para construir una reforma que fortalezca a la CFE pero “salvaguarde las energías renovables preservando los principios de legalidad y competencia”.
También consideró que escuchar todas las voces de expertos para construir un dictamen que beneficie al país es una labor titánica, y la estrategia nacional de energía debe articularse con los diversos tratados internacionales en materia de protección al ambiente y energías renovables.
Por último, la presidenta de San Lázaro, Dulce María Sauri, subrayó la “responsabilidad histórica” de la discusión realizada este jueves y este viernes en la Cámara de Diputados. “El tema levanta pasiones y resuena más allá de las fronteras, pero sobre todo estará en el debate el bolsillo de las familias mexicanas”, recordó.
Y es que uno de los señalamientos contra la propuesta de López Obrador es que encarecería el precio de la luz, como destacaron la iniciativa privada y diversos expertos en el tema energético. Otra de las acusaciones tiene que ver con el intento velado de un supuesto “monopolio” para la CFE que el gobierno desestimó.
Debido a que la iniciativa de López Obrador tiene carácter de preferente, la Cámara de Diputados tendrá como fecha límite para desahogarla el 2 de marzo. El Senado, por su parte, tendrá hasta el 1 de abril en caso de que en San Lázaro ocupen todo el tiempo disponible, o 30 días naturales luego de recibir la iniciativa de su colegisladora.
Mientras tanto, este miércoles la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados emitió una opinión positiva de la reforma planteada, impulsada por la mayoría de Morena, y espera por la opinión de dos comisiones más, para que el dictamen, tras el Parlamento Abierto, se discuta en la comisión de Energía, quien determinará si enviarla al Pleno.
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