Miguel Ángel Mancera, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso ante el pleno del de la Cámara Alta sancionar con hasta 15 años de cárcel a los servidores públicos que roben vacunas.
A través de su cuenta oficial de Twitter anunció que, durante una sesión virtual en el Senado, refirió que también se buscaría castigar el robo de oxígeno, vacunas y aditamentos para tratar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.
“Ante el Pleno virtual del @SenadoMexicano insistí en sancionar el robo de tanques de oxígeno, vacunas y aditamentos para tratar el #COVID19; además de agravar penas de hasta 15 años a personas servidoras públicas que realicen esta conducta que tanto daña a la sociedad. #mm”, escribió Mancera.
El perredista presentó una iniciativa para adicionar en la Ley General de Salud, y durante su participación aseguró que “si hoy se tuviera que actuar por la sustracción de esos insumos médicos, se tendría que hacer bajo los tipos penales de robo establecidos, que toman en cuenta el valor monetario, pero no se consideraría el daño social que ocasionan en el contexto de la emergencia sanitaria.”
Ante esto, Miguel Ángel Mancera propuso generar un tipo específico de delito para sancionar a quien lo cometa. Dicha modificación buscada implica una sanción de tres a 10 años de prisión, además de una multa de 300 a 3,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para el robo de vacunas que sean propiedad del Sistema Nacional de Salud, siempre y cuando tengan como propósito la inmunización en contra de un agente patógeno.
“La misma sanción aplicará cuando la sustracción tenga que ver con algún medicamento o ayuda funcional y de uso esencial durante una acción extraordinaria en materia de salubridad general, como es la actual emergencia sanitaria.”, añadió el legislador.
Un caso excepcional será cuando la persona que se beneficie ilícitamente de estos insumos médicos, si es servidor público, tendrá una pena de cinco a 15 años de prisión, además de una multa de 300 a 3,000 UMAS.
Mancera explicó que la a Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) advirtió sobre un posible aumento en el robo y otros delitos relacionados con las vacunas anticovid, mientras que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha alertado sobre la violación a la seguridad e información referente al fármaco de Pfizer-BioNtech.
La fracción II del artículo 462 Bis de la Ley General de Salud contempla que “Se aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa de 100 a 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, al que por sí o por interpósita persona: venda las vacunas que sean propiedad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud”.
Esta iniciativa de modificación de Ley se da en el contexto cuando La delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Morelos informó que el robo de cuatro vacunas contra COVID-19 ocurrió en las instalaciones de la clínica de Medicina Familiar número 1 “Cuernavaca”, ubicada en la colonia de Tlaltenango, en el municipio de Cuernavaca.
Semanas más tarde, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelos, confirmó a través de sus redes sociales oficiales que obtuvo vinculación a proceso en contra de dos personas, por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado.
Se reveló el robo de cuatro frascos con 20 dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech contra COVID-19, de la Clínica de Medicina Familiar número uno, ubicada en el municipio de Cuernavaca en el estado de Morelos.
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