Tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble de Ramos Arizpe, Coahuila, la Guardia Nacional (GN) recuperó 47,000 litros de hidrocarburos que habían sido extraídos ilegalmente.
La GN informó que también aseguraron 27 vehículos, 13 cajas secas y seis contenedores con aproximadamente 47.160 litros de hidrocarburo. Solo una persona fue detenida.
Los elementos también hallaron en el predio cajas secas, camionetas, automóviles, tractocamiones, así como diversos contenedores y una estación de servicio con una cortina metálica enrollable, que al abrirla se encontró una pistola dispensadora conectada a una tipo bomba eléctrica, en los cuales se percibía el hidrocarburo.
Tanto el hidrocarburo como el responsable fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con su proceso legal y dictaminar si existe evidencia suficiente para sentenciarlo por la responsabilidad en el acto.
De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y noviembre de 2020, en Coahuila se iniciaron 116 carpetas de investigación por delitos cometidos en materia de hidrocarburos.
Entre los crímenes señalados se encuentran el traslado de combustible robado o el hallazgo de tomas clandestinas, mismos que presentaron un incremento del 33% respecto a las 87 indagatorias que se abrieron a lo largo del 2019.
Con los datos registrados en los 11 meses del año pasado (ya que la última actualización se dio el 20 de diciembre de 2020), Coahuila ocupa el lugar número 10 en esta incidencia. A pesar de este incremento en los datos del estado del norte del país, hay entidades que lo sobrepasan con una distancia considerable en cuestión de indagatorias.
Entre los territorios mexicanos con mayor número de carpetas de investigación por este delito clasificado ante el fuero federal están Hidalgo con 886, Puebla con 861, Estado de México con 665, Veracruz con 502 y Guanajuato con 443.
Desde que comenzó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, el combate al robo de combustible ha sido uno de sus principales intereses, de ahí que designó esta tarea al Ejército y la Guardia Nacional. Los castrenses también custodian la circulación de pipas y planean rutas de distribución para surtir a terminales de abastecimiento para las gasolineras.
De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, quien sustraiga, altere los procesos de medición, oculte, transporte de forma ilegal, enajene o permita intercambios de hidrocarburo por otra sustancia, podría ser sancionado con penas de 20 a 30 años de prisión además de una multa económica.
Uno de los estados donde ha destacado esta actividad ilícita ha sido Hidalgo, territorio donde durante el año 2020 la FGR aseguró más de 850,000 litros, según datos de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA).
En ese mismo periodo se ejerció acción penal en contra de 94 personas involucradas en crímenes derivados de la sustracción y posesión ilegal de hidrocarburos, informó la FGR en un comunicado el pasado domingo. Durante el 2020 se iniciaron 1,029 carpetas de investigación: 521 por el delito de sustracción ilícita, 436 por el delito de posesión ilícita, y 72 por otros delitos vinculados al combustible.
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