Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, el partido más poderoso de México, se convirtió en una de las pocas voces en celebrar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la industria eléctrica del país, la cual ha generado una montaña de críticas entre la oposición, los expertos y la iniciativa privada.
“Con la reforma a la Ley de Industria Eléctrica propuesta por el presidente López Obrador vamos a recuperar la soberanía y seguridad energética en beneficio de las familias y las empresas mexicanas. Para el pueblo lo que es del pueblo. El saqueo del PRIAN ya quedó atrás”, escribió Delgado en su cuenta de Twitter este jueves.
El líder de Morena, partido fundado por el ahora presidente mexicano, se refirió a la oposición, incluidos los partidos PAN (Acción Nacional) y PRI (Revolucionario Institucional), al fusionar sus siglas como suele hacerlo también López Obrador, al acusarlos de “unir al poder político con el poder económico para enriquecer a una minoría rapaz”.
Más tarde, con un comunicado, Delgado hizo un llamado al pueblo de México a “no olvidar la época de oscurantismo y saqueo”, sobre todo a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), “cuando se evidenció la alianza tácita del PRI y el PAN”.
El dirigente morenista reiteró que ambos partidos, ahora en la oposición y en una alianza para las elecciones de 2021, aprobaron juntos la privatización de los bancos y otras empresas paraestatales en la Cámara de Diputados.
“La tarea del PRIAN en aquellos años fue la de unir al poder político con el poder económico para enriquecer a una minoría rapaz, instaurando la corrupción como su forma de hacer política y sacrificando las necesidades del pueblo”, aseveró.
Delgado también señaló que “queda claro que la única finalidad de las privatizaciones fue saquear el patrimonio del pueblo de México para beneficio de unos cuantos” y, después de formalizar su alianza electoral, “se quitaron la máscara y pretenden recuperar sus privilegios”, concluyó.
Sin embargo, Delgado es uno de los pocos en elogiar la iniciativa de López Obrador que busca fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE (Comisión Federal de Electricidad), por encima de las compañías de energías limpias y privados, lo que ocasionaría un aumento de precios en la electricidad de acuerdo con los expertos.
Apenas este miércoles, la Alianza Federalista, el grupo de gobernadores que se unieron como oposición a López Obrador, alertó que la iniciativa “atenta contra el patrimonio y bienestar de los mexicanos”. “Implica impacto inflacionario y ambiental; daño a la economía familiar; costo fiscal y privación de derechos”, añadieron en un comunicado.
Además, llamaron a ambas Cámaras del Congreso, controladas por Morena, a rechazar la iniciativa preferente en materia energética y “abrir un debate sobre modificaciones al marco jurídico de largo aliento”.
“Condicionar los permisos afectará los proyectos a futuro en nuestras entidades federativas, bloqueando la inversión pública y privada, así como la creación de nuevos empleos”, cuestionaron. Por último, también acusaron que el resultado de esta iniciativa “involucrará al Estado Mexicano en conflictos de carácter internacional por incumplimiento con compromisos estipulados en acuerdos y tratados internacionales”.
A estas críticas se le sumaron las de los principales partidos de oposición: PAN (Acción Nacional), PRI (Revolucionario Institucional), PRD (de la Revolución Democrática); la iniciativa privada, con la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana), el CCE (Consejo Coordinador Empresarial); y la Canacintra (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Pero el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, había adelantado este lunes que solicitará a sus propios compañeros del partido más poderoso del país y a sus aliados en la Cámara de Diputados, PES (Partido Encuentro Social), Partido Verde y PT (Partido del Trabajo), que la reforma a la industria eléctrica, junto a la discusión sobre la regulación del outsourcing, sean considerados como agenda prioritaria para el mes de febrero.
Además, Mier mostró su apertura a la propuesta enviada por el mandatario. “Esta iniciativa es consecuente con el principio constitucional de exclusividad y rectoría del Estado” sobre el tema, señaló este lunes. Además, confirmó que consultarán “a todos los sectores involucrados” para analizar la reforma, lo que incluirá un ejercicio de Parlamento Abierto con el sector energético.
En San Lázaro, los diputados tendrán 30 días naturales (hasta el 2 de marzo) para desahogar la propuesta, ya que fue enviada desde Palacio Nacional con el distintivo de “preferente” que obliga al Congreso a agilizar los tiempos. El Senado tendrá 30 días naturales más, hasta el 1 de abril para concluir con los trámites.
Por otra parte, la decisión de la Suprema Corte de invalidar una gran parte de la política energética de López Obrador este miércoles podría ser un incentivo y un elemento más de presión para Morena, que deberá resolver el tema de forma expedita.
Sin embargo, este jueves Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación rechazó las acusaciones a la iniciativa e indicó que “no es un monopolio” de CFE lo que propone la reforma, sino una “rectoría”, de acuerdo con sus palabras en la conferencia matutina donde sustituye al presidente mexicano mientras éste se recupera del COVID-19.
“¿Por qué no es un monopolio? Porque está precisamente la iniciativa privada y las empresas privadas dentro de este sector ya están, desde luego que ya están. Pero no es monopolio, es rectoría del Estado(…) que nos proporciona a los mexicanos la estabilidad, la continuidad y la confiabilidad en el sistema eléctrico”, insistió.
MÁS SOBRE ESTE TEMA