La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que de la continuidad de los trabajos realizados por el Equipo de Especialidades Forenses, para establecer la identidad de las 19 víctimas calcinadas, el pasado 22 de enero en el poblado de Camargo, se logró el reconocimiento de tres más de ellas siendo de nacionalidad guatemalteca: Adán “C”; Ribaldo D. “J” y Edgar “L”
Lo anterior mediante los estudios de perfiles genéticos, con lo que suman a este momento ya siete personas identificadas, dos de nacionalidad mexicana y cinco de la República de Guatemala.
Las investigaciones sobre este caso continúan, al igual que los trabajos para la obtención de ADN, los cuales se desarrollan en coordinación y apoyo con autoridades de Guatemala y especialistas de la Comisión Nacional de Búsqueda del Gobierno Federal.
Esta misma semana, el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, anunció la detención de 12 policías estatales por presuntamente participar en la masacre de 19 personas, la mayoría migrantes centroamericanos que trataban de llegar a Estados Unidos.
En un comunicado, el Gobierno de Guatemala manifestó su “rechazo absoluto ante las atrocidades cometidas en la masacre” e informó que trabaja de manera estrecha con las autoridades mexicanas en las investigaciones forenses para identificar a las víctimas.
La matanza ha provocado una renovada consternación en México por los peligros que enfrentan los migrantes, muchos de los cuales provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, en su ruta hacia Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.
En rueda de prensa, la secretaria de Gobernación mexicana, Olga Sánchez, calificó de “gravísimo” lo sucedido. “Estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes son absolutamente inaceptables”, afirmó.
Sánchez Cordero admitió que a veces personal migratorio y policías cometen irregularidades y delitos. “Hemos tenido problemas con muchos de los funcionarios de migración (...) y lo tenemos que reconocer para avanzar”, reveló.
Si se confirma la participación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el caso evocaría el secuestro y aparente masacre en 2014 de 43 estudiantes en la ciudad Iguala, en el suroeste del país, por policías corruptos que colaboraban con una banda de narcotraficantes.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió al llegar al poder en diciembre de 2018 poner fin a los asesinatos y secuestros cometidos por las autoridades, pero los vínculos entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado han sido difíciles de eliminar.
En Tamaulipas, al norte del país, se vive la disputa entre el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, la cual se intensificó tras la ruptura entre ambos grupos criminales. Reportes de la Fiscalía señalan que la entidad está dividida: El Golfo conservó las ciudades de Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y el puerto de Altamira, mientras que el Cártel del Noreste tiene su zona de influencia en la costera de San Fernando, donde desembarcan sus cargamentos de droga, y Nuevo Laredo por donde introducen la mercancía a Estados Unidos.
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