Al menos ocho funcionarios de la delegación de Nuevo León fueron separados de su cargo por el Instituto Nacional de Migración (INM), debido a sus omisiones para retener una camioneta que después fue localizada en Camargo, Tamaulipas, junto a 19 personas calcinadas.
Además, el INM denunció los hechos ante la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes, pues los administrativos de la Oficina de Representación en Nuevo León no siguieron procedimientos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento.
“El instituto dio vista a su Órgano Interno de Control (OIC), y presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar”, detalló la dependencia.
Con esto suman al menos 20 servidores públicos señalados en la ejecución y calcinamiento de las 19 personas que, según ha referido la Fiscalía de Tamaulipas, entre ellas estaban migrantes de Guatemala. Apenas este 2 de febrero, la dependencia ministerial tamaulipeca reveló que 12 policías estatales estarían involucrados en la masacre, por lo cual fueron detenidos.
Una de las dos camionetas calcinadas el 22 de enero se ubicaba en el lugar donde fueron rescatados, el pasado 6 de diciembre de 2020, 66 extranjeros por policías municipales de General Escobedo, Nuevo León, y del Instituto Nacional de Migración.
La fiscalía tamaulipeca reportó que Jesús N, de nacionalidad mexicana y una de las víctimas en Camargo, reclamó este vehículo (Toyota, Sequoia, 2008) apenas tres días después de que fuera asegurado por las autoridades.
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo que por las violaciones a derechos humanos había decenas de personas cesadas. Entre ellos incluyó a quienes estarían involucrados en el caso de Santa Anita, Camargo, Tamaulipas.
“Te puedo decir que se han cesado, yo diría, decenas de funcionarios, decenas de funcionarios, entre otros, los de Camargo, que cuya conducta irregular de no poner a disposición la camioneta y otras conductas irregulares fueron cesados, y no sólo eso, se le dio vista al Ministerio Público”, respondió la funcionaria ante el cuestionamiento de una reportera sobre violaciones a derechos humanos de migrantes.
Como parte de las indagatorias se reportó que la escena del crimen fue alterada, porque no se localizaron casquillos y municiones correspondientes a los impactos que presentaba el vehículo tipo pick up, así como contradicciones en el reporte policial con las entrevistas de los oficiales que tuvieron conocimientos de los hechos.
Las penas que enfrentarían los policías de Tamaulipas, si son hallados culpables por homicidio calificado, irían de 20 a 50 años por cada una de las víctimas. En el caso de los delitos cometidos por servidores públicos, como el abuso de autoridad y la falsedad de declaraciones, son considerados menores y la sentencia máxima sería de siete años.
Por informes de prensa que ya habían ubicado a los posibles migrantes y según versiones de los familiares en redes sociales, se puede constatar que los dos guatemaltecos identificados hasta el momento son Élfego Roliberto Miranda Díaz, perito contador y profesor de la aldea Tuichilupe; así como Marvin Alberto Tomás López, El Zurdo, quien fuera futbolista de tercera división del equipo Juventud Comiteca, en el Departamento de San Marcos, Guatemala.
Además del referido Jesús N y el otro mexicano, Daniel “P”, oriundo de San Luis Potosí, quien se dedicaba al tráfico de migrantes, según obra en averiguaciones ministeriales.
El pasado 23 de enero, la fiscalía de Tamaulipas confirmó el hallazgo de los cuerpos calcinados en Santa Anita, municipio de Camargo. Los hechos ocurrieron por la tarde del día 22, según reportes policiales. Entre los dos vehículos que se consumían, se identificó una camioneta estilo pick up, en la cual estaban dos cuerpos en la cabina; además, confirmaron que se encontró otro cuerpo a un costado de la puerta del lado del piloto, uno más al costado de la puerta del copiloto y 15 en la caja del vehículo.
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