En qué consiste la iniciativa presentada por la oposición para regular a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública

La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es un tema que ha generado mucha controversia desde que el presidente López Obrador lo decretó en mayo de 2020 y por ello, los grupos parlamentarios de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa de Ley para regular su presencia en este tipo de actividades.

Por medio de esta legislación se busca establecer los principios y condiciones para solicitar la colaboración del personal del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, así como imponer los límites, responsabilidades y sanciones en torno a su actuación en este tipo de labores, explicó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Laura Rojas.

De acuerdo con los coordinadores de la oposición, Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, René Juárez, del PRI, y Verónica Juárez, del PRD, estas iniciativas son necesarias para supervisar, fiscalizar y evaluar la actuación de los militares en estas tareas, especialmente en materia del respeto a los derechos humanos.

La Ley federal para regular la disposición de las instituciones de la Fuerza Armada Permanente pretende, según palabras de René Juárez, darle certeza jurídica a sus labores “con plena observancia y respeto a los derechos humanos”, además de que tengan “sustento legal para ayudar a la consolidación de la paz, a través de tareas de seguridad pública”.

Y es que si bien los legisladores aceptaron que las Fuerzas Armadas han sido utilizadas por necesidad ante el panorama de violencia que existe en el país, Rojas destacó que hasta ahora “no está sucediendo una adecuada regulación o implementación de sus tareas en cuestión de seguridad que corresponda a lo que establece la Constitución”.

“Las Fuerzas Armadas sólo realizarán actos de molestia a particulares, como inspecciones, controles preventivos provisionales y diligencias que recaigan sobre propiedades y posesiones, mediante directrices de apoyo derivado de la orden expresa y directa de la superioridad civil”, se puede leer en la iniciativa, la cual también establece que su permanencia en estas labores será por un periodo máximo de 18 meses.

En este sentido, Verónica Juárez señaló que esta iniciativa derivó de la preocupación por cumplir con el proceso de “fiscalización en materia de derechos humanos ordenado por la Corte Interamericana, que desgraciadamente no ha sido implementado en ninguna de las políticas o acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas hasta ahora”.

Por lo tanto, la propuesta se basaría en la observación y planeación de acciones y operativos para vigilar a los miembros de estas corporaciones, así como permitir el acceso a información en materia de seguridad pública, incluyendo aquella que se encuentre reservada.

Asimismo, recordó que por lo menos desde el 2008, el proceso de militarización en el país por parte del Estado mexicano ha sido paulatino pero, paralelamente, no se ha trabajado lo suficiente para fortalecer las instituciones policiales de estados y municipios, lo cual ha derivado en que se ha delegado sus funciones a los militares.

“Sin el fortalecimiento de las policías civiles y profesionales, bien equipadas, con buenos sueldos y con seguridad social, nuestro país no superará la terrible crisis humanitaria en materia de seguridad que estamos sufriendo”, señaló la diputada, quien resaltó la pretensión de involucrar a la sociedad civil, la academia y a organismos públicos de derechos humanos en la supervisión de sus acciones.

Las decisiones del presidente López Obrador en torno a este tema han sido duramente cuestionadas, pues además de incumplir con sus promesas de sacar al Ejército de las calles, aportarían, según organizaciones civiles, al militarismo del país, es decir, al empoderamiento de los castrenses para incidir en decisiones políticas.

“Tiene importante riesgo para la población en tanto que son instituciones poco transparentes, pero también perpetradoras de violaciones graves a los derechos humanos”, señaló Lisa María Sánchez Ortega, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Cabe recordar que a lo largo de la administración de López Obrador, las Fuerzas Armadas han recibido la encomienda de realizar importantes labores en otros ámbitos además de la seguridad, como la construcción de grandes obras, aspectos en los cuales las organizaciones han mostrado su preocupación por la poca transparencia y la posibilidad de que estén manchados por la corrupción.

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