De Lozoya a Cienfuegos: escandalosos arrestos sin condena en el gobierno de AMLO

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado marcada por diferentes procesos que no terminaron en una condena y, más bien, provocaron que el movimiento promovido por el mandatario sea blanco de incisivas críticas, debido a las promesas y expectativas que se generaron a su alrededor, mismas que no llegaron a la conclusión esperada.

El caso más reciente es el del general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue apresado en Estados Unidos por cuatro cargos relacionados con narcotráfico en ese país y después devuelto a México bajo la promesa de ser procesado, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que no ejercería acción penal en su contra.

De esta manera, la FGR determinó que el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) nunca tuvo encuentro alguno con integrantes del cártel H-2, remanente de los Beltrán Leyva, no sostuvo comunicación con ellos y tampoco realizó acciones para proteger o ayudar a sus miembros.

“Luego de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el Gral. Salvador Cienfuegos, la FGR concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno, por lo que se determinó no ejercer acción penal”, señaló la dependencia.

Cabe recordar que durante años y a través de la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el gobierno de Estados Unidos investigó al general para rastrear los posibles delitos de narcotráfico que pudiese haber cometido a lo largo de su gestión en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Sobre esta determinación, López Obrador señaló que se trataba de algo que él mismo respaldaba. “Nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, pero tampoco puede haber represalias o que se puedan inventar delitos. Nadie debe actuar de esa manera, lo más importante es la verdad y la justicia”, declaró.

No obstante, este no ha sido el único caso inconcluso y de relevancia para la administración de López Obrador. Uno de los primeros escándalos en materia de seguridad que cimbró al presidente fue el llamado “Culiacanazo”, en donde el gobierno federal atrapó y liberó a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, tras una ola de violencia.

Y es que el 17 de octubre de 2019 ha sido descrito por algunos especialistas como el día en que el cártel de Sinaloa humilló al Estado mexicano, pues las fuerzas federales cedieron al grupo de crimen organizado, mismo que desató el pánico entre los habitantes para que liberaran al hijo del capo.

“El culiacanazo fue un fracaso, bochornoso. Fue un acto cuestionado en la prensa, en el mismo Ejército y por la sociedad civil que no le gusta que el presidente haya liberado a un capo de ese tamaño”, comentó Raúl Benitez, especialista en seguridad de la UNAM, quien también consideró que se trata de un ridículo equiparable con las fugas del Chapo Guzmán.

En este sentido, una de las acciones que indignó a la opinión pública fue que el presidente mexicano estrechara la mano de la mamá del Chapo Guzmán durante una visita a Badiraguato, Sinaloa, ciudad natal del narcotraficante.

El caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, también ha generado importantes expectativas. Actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos después de que se presentaran cargos en su contra por conspirar para traficar drogas y realizar declaraciones falsas, así como haber recibido millones de dólares en sobornos por parte del cártel del Chapo Guzmán.

Hasta el momento no ha habido avances relevantes en la pesquisa, pero hace unos días se informó que el gobierno mexicano solicitó la extradición del ex funcionario para que fuese procesado en territorio nacional, de acuerdo con reportes de la embajadora Martha Bárcena a la prensa.

En México, la FGR tiene una investigación abierta en contra de García Luna por supuestos delitos patrimoniales relacionados con empresas y contratos obtenidos de varios gobiernos. Según la Fiscalía, las declaraciones patrimoniales del ex secretario, “evidentemente no coincidían con lo que él había percibido por salarios y otros ingresos”.

Otro de los procesos en el que no se han dado pasos importantes es el de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de recibir sobornos de las empresa brasileña Odebrecht para financiar la campaña política de Enrique Peña Nieto en los comicios de 2012.

Tras su proceso de extradición desde España, Lozoya Austin se apegó a un criterio de oportunidad en su proceso, con el objetivo de ser un colaborador en las pesquisas de la Fiscalía General de la República y aunque el fiscal Gertz Manero dijo que presentó una denuncia de hechos contra el ex presidente Peña Nieto y el es secretario de Hacienda, Luis Videgaray, las indagatorias todavía no han dado resultados efectivos.

Debido a ello, el presidente López Obrador ha pedido a la propia FGR que informe acerca de los avances en las investigaciones. “Ya es tiempo”, señaló la semana pasada. “Ya ha transcurrido mucho tiempo, aunque también imagino que se están haciendo bien las cosas, se están preparando las pruebas ante el Poder Judicial, en fin, lleva algún tiempo la investigación”, concluyó.

El caso de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, también ha tomado relevancia en los últimos días, debido a que no ha habido avances en este proceso, pues hace unos días se canceló su audiencia de extradición.

Las acusaciones en su contra son por peculado y asociación delictuosa. La Fiscalía de Chihuahua ha señalado que, entre 2011 y 2014, cuando desempeñó su cargo público, desaparecieron 1,200 millones de pesos. Incluso lo han señalado por utilizar 250 millones de pesos del erario público para financiar las campañas del PRI.

MÁS SOBRE ESTE TEMA