La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Alfredo Castillo por una década para desempeñar cargo públicos tras detectar irregularidades en sus declaraciones patrimoniales correspondientes del 2014 a la del 2016, periodo en el que encabezó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán (2014) y posteriormente fue designado como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), puesto en el que se desempeñó del 2015 al 2018, lo cual sucedió durante la administración de Enrique Peña Nieto.
La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán fue creada por decreto por Peña en el 15 de enero del 2014 y en dos años le fueron asignados 207 millones de pesos, recursos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no fiscalizó, de acuerdo con datos del periódico Milenio.
La comisión se encargaría de coordinar los esfuerzos instituciones de todas las dependencias para restablecer las condiciones de seguridad en Michoacán. El organismo se conformó con 132 funcionarios.
De acuerdo con información del mismo medio, el exfuncionario público pasó de manejar un presupuesto de 21 millones de pesos como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a poco más 118 millones de pesos que le fue asignado a la Comisión de Seguridad.
Y es en el 2014 en donde la Función Pública detectó que el patrimonio de Castillo Cervantes aumentó. De acuerdo con el comunicado de la dependencia, el extitular de la Profeco y Conade omitió en su declaración patrimonial la información de seis cuentas bancarias a su nombre y de su cónyuge de más de 18.3 millones de pesos. La investigación fue consecuencia de la verificación a su evolución patrimonial en la cual detectaron que “faltó a la verdad” en sus declaraciones correspondientes.
Aunque de los recursos con los que operó la Comisión, que tenía como objetivo poner fin a la guerra entre el crimen organizado y las autodefensas, no estaban incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 aprobado por la Cámara de Diputados, porque se creó en enero.
Se detalla en el misma publicación que de los recursos asignados a la Comisión, el 96% fue utilizado para el pago de servicios personales, es decir, salarios (114.5 millones de pesos) y 2.8% para gastos de operación (3.4 millones de pesos).
En el decreto se mencionó que los recursos humanos provendrían de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Policía Federal. Entre los principales resultados estuvo la captura de líderes como Nazario Moreno, Enrique Plancarte, Dionicio Loya Plancarte, Francisco Galeana.
El trabajo de Alfredo Cervantes concluyó en el 2015 y ese año tuvo un presupuesto por 89.3 millones de pesos, de los cuales 86.8 millones de pesos se destinaron a servicios personas y 2.5 millones de pesos para gastos de operación.
Pero su gestión en la Conade, puesto que desempeñó de abril del 2015 a noviembre del 2018, la ASF encontró irregularidades y en marzo el 2019 dio a conocer que no encontró registro de 21 proveedores a los que se les canalizaron 262.1 millones de pesos, dinero que habría sido dirigido a empresas fantasma, lo cual fue parte del Informe de resultados de Fiscalización de Cuenta Pública 2017.
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