La petición que realizó hace un par de días la Fiscalía de la Ciudad de México para retirar la inmunidad procesal tiene distintas aristas. Puede abordarse en su dimensión política, jurídica y ética.
En términos políticos, estamos ante un hombre con poder que tiene alrededor de 15 años consecutivos amparado en el fuero constitucional. En más de una década ha concentrado tanto poder y dinero como acusaciones. Sin embargo, en ningún momento tuvo siquiera que molestarse en responder ante autoridad alguna. Así que, se trata de un antes y un después en la vida pública capitalina, es una solicitud sin precedente.
En su aspecto legal, la fiscalía ha realizado una investigación basada en hechos irrefutables por tratarse de un enriquecimiento que necesariamente está soportado en propiedades y cuentas bancarias. Es impensable que un diputado no gaste un solo peso de sus ingresos y ni así alcanzaría a justificar la fortuna que acumula en propiedades.
Éticamente, es desafortunado que el diputado se aferre al cargo y se atreva incluso a descalificar la acusación que pesa en su contra, en lugar de pedir licencia y aclarar por qué es uno de los hombres ricos de la Ciudad de México sin haber declarado algún negocio lícito.
Mauricio Toledo es un político bajo investigación y no el perseguido político que pretende simular. La solicitud de desafuero es un símbolo inequívoco de que los tiempos han cambiado, es inédito que se le investigue a un legislador por actos de corrupción durante el tiempo de su encargo. La ciudadanía conoce de primera mano los agravios porque han sido las víctimas.
Damnificados de los sismos del 2017; los vecinos de Coyoacán más desfavorecidos que por una tarjeta de “ayuda” o una tableta electrónica debían comprometer su voto, o bien, los funcionarios y trabajadores que debían entregar entre el 40 y el 10 % de su salario al diputado y aquellas personas a las que se les impidió el libre ejercicio de sus derechos políticos. Por todas estas personas es que Mauricio Toledo debe ser desaforado y la Cámara de Diputados debe votar a favor de proceder para dejarlo a disposición de la Fiscalía y se actúe con arreglo a la Ley. Así lo ordena la Constitución.
*Ricardo Ruiz Suárez es diputado de la Ciudad de México por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha sido catedrático e investigador del Departamento de Derecho de la UAM-Azcapotzalco.
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