Cuatro de cada 10 internos en prisiones federales no tienen sentencia

La falta de sentencias, aunado a la sobrepoblación en las cárceles mexicanas, tanto federales como locales, es una problemática que -aseguran las autoridades-, han intentado revertir. Para ello se han implementado diversas políticas públicas, como el establecimiento de los juicios orales, con la finalidad de agilizar los juicios y los fallos judiciales.

Sin embargo, la realidad es otra. De acuerdo con datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal (CNSPF) 2020, dado a conocer este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 40% de los reclusos de penales federales no tiene dictada una sentencia.

El INEGI destacó que al cierre de 2019, se reportaron 19 centros penitenciarios en operación, que se concentraron en 16 entidades del país, todos ellos fueron clasificados como de seguridad máxima. Durante ese periodo, el sistema penitenciario federal ejerció un total de 21,470, 292, 754 pesos; lo que representó un aumento de 43.6% respecto a 2018.

Durante ese año, 7,936 personas ingresaron a los centros penitenciarios federales. De ellos el 97.7% fueron hombres y 2.3% mujeres. Estas cifras representan un aumento de 92.4% en comparación con las cifras de 2018, destacó el INEGI.

Por lo que al cierre de 2019, se reportó que la población privada de su libertad en esos centros federales era de 17,271 personas, de cuales,16,438 (95.25%) son hombres, mientras que 833 (4.85%) son mujeres.

Pero el dato relevante en el informe del INEGI es que, de esos 17,271 detenidos, el 40.2% no cuenta con una sentencia, el 32.9% tenía un fallo definitivo, mientras que el 26.9% contaba con una sentencia no definitiva; lo que significa que cerca de la mitad de las personas presas en los penales federales, no han sido encontrados culpables o inocentes del delito que se les acusa.

El INEGI destacó que las personas privadas de la libertad cometieron 22,547 crímenes. En el caso de los hombres, están relacionados con delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos (25.2%), mientras que en el caso de las mujeres, el secuestro fue el delito más frecuente (25.4%).

Este miércoles, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional -que en estos días ha estado encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, debido a que Andrés Manuel López Obrador está enfermo de COVID-19) se expuso el caso de un penal en el que se privó del agua potable a los presos, lo que derivó en problemas de salud de los reos.

Se trata del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 17, ubicado en Michoacán y el cual se encuentra operado por la empresa Prodemex. Ante esta situación, uno de los internos promovió un amparo, por lo que el Instituto Federal de Defensoría Pública tomó el caso y se amparó a los internos del centro penitenciario, con lo que se logró que una jueza de ejecución ordenara la restitución de manera inmediata del suministro de agua en el penal, pero hasta el momento no está claro si la situación se ha normalizado. Sin embargo, la autoridad del penal culpa a la empresa privada de la situación de incumplir un contrato

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez,  aseguró que ese caso en particular sí se revisó y quedó solucionado. Señaló que se pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que no hubiera ninguna duda sobre la solución a esa problemática.

Rosa Icela Rodríguez recordó que se han revisado a fondo los contratos de los penales con empresas particulares “y esperamos que en breve tiempo, no quiero decir cuándo porque no depende todo de nosotros, sino también de las empresas privadas, podamos dar un resultado muy  consistente y muy sólido, sobre qué cosas estamos haciendo en esas negociaciones. Tenemos buenas noticias con los que hemos estado negociando, así es que el Estado, el gobierno de México, va a tener unos ahorros importantes”, aseguró.

Destacó que sí hay la posibilidad de imponer sanciones de tipo penal y económico a estas empresas que incumplan con el contrato, aunque reconoció que espera “que no haya necesidad”.

“(...) que sea el diálogo y que sea la negociación el que nos ayude a tener un buen resultado”, dijo.

La privatización de las cárceles

El pasado 13 de enero, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los contratos que se otorgaron a particulares para la administración de ocho centros penitenciarios, un proceso que comenzó en el 2010, cuando se desarrollaba el sexenio de Felipe Calderón y aún estaba en funciones Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública.

Durante la conferencia de prensa matutina de ese día, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que el gasto anual que se ha pagado en “estos últimos nueve años es de un total de 75,661 millones de pesos y es correspondiente a solamente 36% del pago total” de la deuda.

El costo mensual por cada interno se estimaba en 114,588 pesos , y en promedio al día, un poco más de 3,000 pesos.

El presidente mexicano informó que hay una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los penales privados y en contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa. Además, refirió que dio instrucciones al consejero jurídico de la Presidencia para llegar a un acuerdo con las empresas que administran los penales.

“Y si hay voluntad para que haya un acuerdo, se debe de lograr un acuerdo para que haya un beneficio en la Hacienda pública”, dijo el mandatario.

López Obrador aseguró que se llevará a cabo una denuncia civil para cancelar los contratos, y señaló que las empresas beneficiadas con este tipo de contratos están vinculadas a políticos.

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