La Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó este viernes 22 de enero una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la “filtración” del expediente del caso de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, mejor conocida como Ayotzinapa.
Así lo dio a conocer la tarde de este sábado a través de sus redes sociales, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, exigió que se investigue a los servidores públicos que filtraron el testimonio de un testigo protegido identificado como “Juan”, quien afirmó que a los 43 jóvenes los desaparecieron militares, policías del estado de Guerrero e integrantes del crimen organizado.
En la denuncia, la Consejería pide a la FGR, que encabeza Alejandro Gertz Manero, realizar todas las diligencias necesarias para recabar los datos de prueba que resulten necesarios para la correcta integración de la investigación que se siga, así como “judicializar como corresponde a los que resulten autores y/o participes de los hechos, con apariencia de delito, denunciados.
“Corresponde al Ministerio Público deslindar la autoría y la participación de los involucrados”, se lee en la denuncia presentada.
En una primera filtración, el pasado 20 enero, el periódico Reforma publicó que la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, un grupo de los estudiantes fue detenido por militares e interrogado en el 27 Batallón de Infantería para indagar si pertenecían a un grupo criminal rival.
Luego, fueron entregados a miembros del crimen organizado para su desaparición.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia de prensa matutina del pasado 21 de enero la veracidad de la información filtrada y dijo que la investigación está abierta.
No es apócrifo. Ya hay una detención de un capitán del Ejército. Está abierta la investigación y todavía no está concluida. Todo indica que no es real la versión que se difundió desde el principio
En una segunda filtración, con base en el testimonio de “Juan” se publicó que el actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien en 2014 se desempeñaba como coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero, supuestamente recibió 200,000 dólares al mes a cambio de información sobre posibles operativos y de dar facilidades para el trasiego de heroína, dinero y armas.
Sin embargo, ese mismo día García Harfuch rechazó los señalamientos en entrevista W Radio, argumentando que quien lo dijo fue un integrante de un grupo delictivo.
Niego categóricamente cualquier vínculo de hoy y de hace seis o siete años, con cualquier organización delictiva. Lo que hemos trabajado desde que inicié en la Policía Federal y después en la Procuraduría General de Justicia hasta la fecha, creo que los resultado hablan por sí mismos [...] Por lo que leo en la nota de Reforma es un delincuente que se vuelve testigo protegido, es un delincuente que es parte de este grupo […] Sabíamos quiénes eran las cabezas de los grupos delictivos, hace seis o siete años
La periodista Anabel Hernández indicó en septiembre del 2020 que García Harfuch tuvo un papel clave en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. “Antes y después de Ayotzinapa él era el único y total responsable de lo que hacía o no hacía la Policía Federal en Guerrero”.
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