Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista reprocharon que el gobierno federal diera una autorización tardía a la adquisición de vacunas por parte de las entidades y llamaron a revisar el plan de vacunación para que sean trabajadores locales del sector salud quienes apliquen las dosis y no el ejército de Servidores de la Nación.
“No puede haber funcionarios que nada saben de salud, aplicando vacunas”, dijo Enrique Alfaro, ejecutivo de Jalisco. A eso secundó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien comentó: “Es la primera vez que un tema tan delicado como la vacunación para prevenir el COVID se deje que lo lideren o que lo manejen personas ajenas al sector salud que no tienen ninguna expertise en la materia”.
Aunque celebraron que el presidente diera su venia para que los estados y el sector privado puedan coordinarse para comprar dosis para combatir la pandemia, alegaron que ese anuncio debe estar acompañado de viabilidad práctica, pues a estas alturas es complicado asegurar contratos con las farmacéuticas, quienes ya comprometieron lotes desde hace meses.
El gobernador de Jalisco apuntó que no debe crearse una falsa expectativa sobre la población, pues primero debe haber un trabajo coordinado con el gobierno federal, porque si bien pueden tener los recursos y la voluntad, es incierto que las vacunas estén disponibles en el mercado.
Sobre el llamado a revisar el plan de vacunación, la Alianza Federalista insistió en que sean médicos y enfermeros de los estados quienes estén al frente de la jornada, y así desechar las brigadas en que participan Servidores de la Nación, a quienes calificaron de incapaces e inexpertos.
“Que los Siervos de la Nación coordinen una brigada y tomen decisiones de prelación y ubicación, ponen en riesgo a las personas, porque no tienen conocimiento de la situación de la epidemia de cada entidad, no conocen el perfil epidemiológico de la población ni la red de servicios de salud.
“Esto puede generar confusión, teorías o medios infundados sobre la naturaleza de la vacuna, por lo anterior, alarma que las decisiones de dónde y a quién vacunar, no se dejen al Estado como parte de las decisiones homologadas con el consejo nacional de vacunación”, señaló el posicionamiento leído por Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila.
De ahí que hayan concluido, la estrategia de inmunizar tiende a fines político-electorales y no es con base en criterios técnicos. Señalaron que el personal estatal ha estado, por décadas, a cargo de estrategias similares, por lo cual han ganado experiencia y conocen a fondo las regiones; pero ahora quedaron excluidos. Consideraron que las dosis deben ser aplicadas con la máxima seguridad, transparencia, eficacia y cobertura.
“Todo mundo sabe que los Servidores de la Nación o siervos, como se llamen, pues son activistas electorales del partido en el poder, eso no puede ser, por más que hemos llamado y seguimos insistiendo a que no se politice el tema de un programa de vacunación ante una epidemia tan complicada, pues en los hechos está sucediendo todo lo contrario”, aseveró Silvano Aureoles.
Por otro lado, los gobernadores se quejaron de que no haya sido presentado ante el Consejo de Salubridad General ni sometido a la opinión del Consejo Nacional de Vacunación, la planificación de cuántas vacunas son distribuidas para cada estado. Alegaron que tampoco se ha explicado la logística para el traslado y resguardo de frío de las dosis, por lo cual, es imposible saber si los criterios se han cumplido en ese tema.
Alertaron también, que no hay certeza de que llegue la segunda dosis a quienes ya fueron vacunados, “dentro de los tiempos definidos por los expertos en salud”. Y aseguraron que nadie conoce un calendario de entrega y muchas de las fechas y dosis para completar esquemas están en riesgo de no cumplirse.
“La idea de comenzar con las rancherías más alejadas obedece más a una corazonada u ocurrencia que al criterio epidemiológico. Los datos muestran que el mayor número de contagios sucede en zonas urbanas con zonas de marginación pacientes crónicos y adultos mayores, se olvida entonces, que en este momento es mitigar el contagio o a través de la inmunidad, en grupos prioritarios de las zonas de mayor contagio”, abundó Riquelme.
Por todo ello, esperan que se convoque al Consejo Nacional de Vacunación para revisar el plan integral. Alfaro destacó que los gobernadores regresarán a sus entidades, luego de reunirse esta tarde en Saltillo, Coahuila, con la finalidad de conformar comités con la iniciativa privada para congregar los recursos de adquisición.
“Lo que tenemos que entender es que al tener carácter de emergencia, hay una serie de disposiciones legales, que primero tendría qué aclarar el gobierno de la república cómo se van a solventar, para poder importar las vacunas y, segundo problema, necesitamos ver qué disponibilidad hay hoy en el mercado de vacunas”, resumió el jalisciense.
Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los mandatarios estatales como empresarios podían adquirir vacunas, siempre y cuando sean transparentados los contratos. Ya por la tarde, en su gira por Sabinas Hidalgo, Nuevo León, insistió en que sería “mezquino” poner restricciones.
Lo anterior, pese a las explicaciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien reparó en detallar por qué los estados no deben comprar vacunas contra COVID-19, pese a sus genuinos intereses de proteger a la población que gobiernan.
En la conferencia vespertina de este jueves 21 de enero, el especialista en epidemiología señaló que no se trata de un impedimento sin causa, sino que obedece a varios aspectos, entre los que destacan la producción y abastecimiento mundial de la vacuna así como al orden y el esquema técnico de estrategia de vacunación nacional. Todos los países están en crisis y todos necesitan dosis.
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