Tojil, organización de la sociedad civil, recaba firmas para que un juez decida revisar la exoneración al general Salvador Cienfuegos, de tal modo que periodistas como Salvador Camarena o Ricardo Raphael, ya se han sumado, lo mismo que las académicas Denise Dresser y Lisa Sánchez, entre otros.
El equipo de abogados y abogadas especialistas en litigio estratégico (TOJIL: Estrategia contra la Impunidad), presentaron una solicitud de audiencia el pasado 18 de enero para que, primero, la organización sea reconocida en calidad de víctima y, segundo, un juez acepte revisar la determinación de no proceder contra el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien fue acusado por cuatro cargos de narcotráfico en EEUU.
El militar fue arrestado en Los Ángeles, California y devuelto como un ciudadano libre a México, tras negociaciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que el proceso siguiera en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), pero esta dependencia no encontró pruebas y le dejó ir.
Por ello, la organización manifiesta que la FGR está obligada a investigar de oficio y de forma exhaustiva los delitos contra la salud (narcotráfico), porque estos pudieron ser en perjuicio de la ciudadanía. De modo que un juez debe verificar si eso se hizo antes de concluir el no ejercicio de la acción penal contra el ex jefe de la Sedena.
“Como ciudadanos y ciudadanas debemos ser reconocidas como víctimas dentro de una investigación de esta naturaleza a efecto de vigilar que se garanticen los derechos de acceso a la verdad y a la justicia mediante una investigación con los estándares de debida diligencia sobre estos hechos”, señalaron en un comunicado.
De acuerdo con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las víctimas pueden impugnar las determinaciones que toma el Ministerio Público de no investigar o no proceder penalmente en contra de alguien, como ocurrió en el caso del general Cienfuegos.
“Nos pronunciamos en favor de que un Juez reconozca la legitimidad de la organización TOJIL para controvertir esta determinación y que la resolución final recaiga en manos de un juez, luego de escuchar los datos y los argumentos de las partes. Solo con transparencia y legalidad podremos acabar con la corrupción y la impunidad”, añadió la organización e invitando a más personas para que abanderen la exigencia.
A la lista ya se han sumado académicos como Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, así como Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, y el analista en temas de Seguridad, Alejandro Hope.
La organización compartió un enlace de Google Docs donde los ciudadanos pueden escribir su nombre para acompañar la iniciativa.
Unas par de horas antes, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), que agrupa a los 32 fiscales y procuradores de México, respaldó la decisión de la FGR y a su titular, Alejandro Gertz Manero, ante la decisión de no ejercer acción penal contra el general Cienfuegos Zepeda.
“Cuestionar fuera del ámbito legal las determinaciones de los órganos de procuración de justicia, mediatizarlas o politizarlas de acuerdo al sujeto beneficiado o perjudicado por ellas, no abona en nada al necesario fortalecimiento del ministerio público que debe producirse en el país“, señaló el órgano colegiado al tiempo que reiteró, existen medios formales de impugnación en lugar de mediatizar o politizar el caso.
Apenas el pasado 17 de enero, Organizaciones no gubernamentales (ONG’s), colectivos, funcionarios públicos y ciudadanos solicitaron a López Obrador, remover de su cargo a Gertz Manero.
Las ONG’s señalaron que el fiscal tenía la obligación de dirigir una investigación seria y exhaustiva sobre los cargos en contra del general Cienfuegos, con acciones como la recopilación de testimonios de posibles víctimas de violaciones a derechos humanos, actos de corrupción y crímenes de lesa humanidad, que se hubieran cometido cuando dicho sujeto era titular de la Secretaria de la Defensa Nacional.
Manifestaron que el cierre de las investigaciones en torno al general Cienfuegos se traduce en la imposibilidad de que en México se investigue de manera “efectiva y eficiente a las altas esferas del poder, cuando cometen delitos o violaciones a derechos humanos”.
Ante la suma de críticas, el fiscal compareció en los medios. En su entrevista con Carmen Aristegui de este 19 de enero, Gertz Manero defendió colérico la decisión de la FGR y dijo que las autoridades norteamericanas no aportaron todo aquello en su poder sobre el caso, pero estaba dispuesto a litigar en tribunales internacionales para mantener sus conclusiones.
En tono de amenaza, reprochó que los colectivos que siempre han defendido el garantismo y la presunción de inocencia, ahora le acusan de haber sido influenciado por el presidente, pero llegaría al fondo para ver “de dónde salen los centavos, quién es el que protege a quién”. Desde el 15 de enero, según el fiscal, los estadounidenses tienen 15 días para apelar la decisión contra Cienfuegos Zepeda.
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