El legislador Gerardo Fernández Noroña, del izquierdista PT (Partido del Trabajo), podría quedar descalificado para buscar la reelección en la Cámara de Diputados en los comicios del 6 de junio de 2021 si no se disculpa de forma pública con una compañera de San Lázaro por haber cometido violencia política de género.
Así lo advirtió Johana F. Torres, abogada del opositor PAN (Partido Acción Nacional), al cual pertenece la diputada Adriana Dávila, quien fuera blanco de los ataques de Fernández Noroña que este miércoles el Tribunal Electoral calificó como violencia política de género.
“La sentencia confirma todo lo que el INE (Instituto Nacional Electoral) aprobó. El servidor público tiene que tomar varios cursos sobre sensibilización en materia de género, esas son las medidas, pero la sanción es que realice una disculpa pública hacia la diputada”, expresó Torres en conferencia de prensa este jueves.
Pero, además, la abogada informó que Fernández Noroña deberá cumplir de manera “inmediata” con la resolución del TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación). “Si no lo hace, se aplicará esta medida de apremio en caso de incumplimiento: quedará inscrito en el registro nacional de agresores”, indicó.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, está disponible para consulta a través de la página web del Instituto, el cual lo conformó por órdenes del TEPJF a principios de diciembre de 2020. Las personas que aparezcan en esta lista no podrán participar en las elecciones intermedias de 2021, donde Fernández Noroña buscará reelegirse para ocupar su escaño en San Lázaro por tres años más.
Por lo tanto, Torres y Dávila, junto al PAN, estarán atentas a que se cumpla la sentencia o, advirtieron, promoverán “la inejecución de la sentencia para solicitar la inscripción del servidor público que no acata en el registro nacional de agresores. Estaremos muy atentas en las próximas horas de que se cumpla”, remarcó.
En la misma rueda de prensa, la diputa Ávila manifestó que el resolutivo va más allá de nombres, apellidos y actores políticos. “No quisiera personalizar, es una lucha que venimos dando las mujeres de todas las afiliaciones partidistas. Hemos tomado la decisión de que sean las instituciones a las que podamos acudir para defender nuestros derechos”, expresó este jueves.
La legisladora panista añadió que a su generación le corresponde seguir construyendo sobre el trabajo de las generaciones anteriores, que abrieron el camino a las mujeres que participan en la política y sobre todo en la política electoral. “Especialmente porque en 2021 al menos tendremos siete mujeres como candidatas a gubernaturas en todos los partidos”, recordó.
Además, detalló que las palabras pueden dañar la integridad y a las familias de los señalados. “La calumnia se queda, se siembra la duda. Debemos evitar que las palabras de los actores políticos sigan dañando a mujeres que tomamos la decisión de profesionalizarnos en la política”, expresó.
Por último, agregó que confía en que la Cámara de Diputados, a través de su Mesa Directiva (encabezada por una mujer: Dulce María Sauri), y también la Jucopo (Junta de Coordinación Política), que congrega a todos los líderes parlamentarios de los partidos políticos que participan en San Lázaro, “hagan lo conducente para que la sentencia se cumpla”.
Este miércoles, la Sala Superior del TEPJF confirmó, por decisión unánime, la resolución del INE (Instituto Nacional Electoral), que encontró a Fernández Noroña responsable del acto contra la diputada panista Dávila, hecho que ocurrió en 2019.
En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, los magistrados de la Sala Superior apercibieron a Fernández Noroña, quien deberá ofrecer una disculpa pública a Dávila, tal y como ordenó el INE, y recordaron que de no hacerlo, como ha venido advirtiendo el legislador petista, habrá sanciones.
Fernández Noroña reaccionó inmediatamente a la decisión del TEPJF de forma furiosa en redes sociales. “Lo dicho, las llamadas autoridades electorales quieren cerrarme el camino a la reelección”, aseguró el diputado, que buscará mantener su escaño en la Cámara de Diputados por tres años más en las elecciones del próximo 6 de junio de 2021.
“Empieza la campaña de denuesto en mi contra. Buscan a toda costa ponerme el San Benito de violencia de género. Hagan lo que hagan y digan lo que digan, nunca he cometido violencia de género. Las autoridades electorales están actuando de manera facciosa e hipócrita buscando minar mi camino y manchar mi trayectoria. Pero será el pueblo quien decida mi destino”, añadió.
Este jueves, Noroña redobló sus declaraciones. “Me parece lamentable que ustedes que deben velar por el respeto a la ley, no lo hagan y difundan una campaña de linchamiento en mi contra sin siquiera notificarme”, escribió en Twitter, refiriendo que no ha recibido la sentencia. El Tribunal Electoral no ha dado detalles sobre el señalamiento.
El 4 de octubre de 2019, Fernández Noroña realizó manifestaciones en el Congreso del Estado de Tlaxcala que, a juicio de la diputada Adriana Dávila constituyeron violencia política en razón de género en su contra, al ligarla sin pruebas a los grupos de trata de personas en la entidad.
Fernández Noroña se ha defendido desde un principio diciendo que sus expresiones se encuentran amparadas en el ejercicio de su actividad legislativa como diputado federal y que se violentó su libertad de expresión. En sus impugnaciones, sumó como argumento que la denuncia no se enmarcaba en la materia electoral.
El único acto que el vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados sí realizó de forma pública, junto a la diputada Adriana Dávila, fue retirar las acusaciones en su contra, en una conferencia de prensa en San Lázaro. “No tengo elementos”, aceptó Fernández Noroña.
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