“Es necesario que sea retirado del cargo”: 50 ONG contra Gertz Manero por exoneración de Cienfuegos

Al menos 50 organizaciones de la sociedad civil reiteraron su exigencia de remover al fiscal de la república, Alejandro Gertz Manero, quien acusó linchamiento por exonerar al general Salvador Cienfuegos, quien fuera acusado de narcotráfico en EEUU.

Los conjuntados en el Colectivo Impunidemia aludieron a los comentarios de Gertz Manero y su defensa de las decisiones de la Fiscalía General de la República (FGR). Pues a decir del funcionario, las conclusiones fueron sólidas al no localizar evidencia de que Cienfuegos hubiera colaborado con narcotraficantes.

En entrevistas a medios el pasado 19 de enero, el fiscal indicó que las críticas de los colectivos pretenden darle “en la madre” y descalificar su trabajo. Sin embargo, las organizaciones respondieron que las reacciones a este caso no son una campaña contra el titular de la FGR ni buscan “fregarlo”, sino exigir que se combata la impunidad.

“Un grupo de víctimas, colectivos, organizaciones y académicos consideramos seriamente que debido a su pobre y deficiente desempeño como fiscal, es necesario que sea retirado del cargo, de acuerdo al proceso marcado por nuestra Constitución, para permitir que la institución consolide su transformación en una fiscalía verdaderamente autónoma y eficaz”, fue el primero de los cinco puntos en respuesta.

A su vez, los colectivos Contra la Impunidemia #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra señalaron que su principal demanda es que Alejandro Gertz Manero cumpla con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, pues la ha ignorado desde que asumió el cargo y por tanto es un “fiscal ilegal”.

“Como queda comprobado en las contrarreformas promovidas desde la Fiscalía: el actual fiscal no tiene intención de transformar a la PGR en la FGR y por lo tanto debe ser retirado del cargo”, repitieron.

Ya en materia del caso Cienfuegos, las organizaciones fueron más incisivas al apuntar que se había realizado una pobre o nula investigación, lo cual sería una prueba irrefutable de que Gertz Manero abdicó a indagar o, simplemente, que no cuenta con los conocimientos requeridos para estar al frente de la FGR.

“Así lo demuestran sus reiteradas negaciones a investigar argumentando falta de pruebas en casos concretos como las irregularidades detectadas por la UIF en México y en el caso Cienfuegos por agencias y poderes judiciales del vecino del norte. Es facultad de la Fiscalía investigar de oficio cualquier acto de corrupción o crimen organizado sin necesidad de denuncia o querella.

“Al insistir el fiscal en que requiere pruebas para poder llevar a cabo investigaciones eficaces, está renunciando a su mandato constitucional de investigar y está haciendo recaer esta obligación en las víctimas y en la sociedad”, sostuvieron los órganos no gubernamentales.

Lo anterior, respecto a los comentarios de Gertz Manero en entrevista con Carmen Aristegui, a quien aseguró, la FGR no puede iniciar diligencias sin denuncia previa, porque esto sería inquisitorial o de carácter perseguidor. Pero ahora las versiones contrastan, pues el fiscal fue firme en lo que dijo, son los mecanismos que activan su competencia y las organizaciones señalan posibles actuaciones “de oficio” (por iniciativa institucional).

“Esos colectivos que son tan cuidadosos del garantismo y la presunción de inocencia, ahora se van al otro lado y dicen: ‘no, como no lo hiciste, eres el sicario del presidente y no haces más que lo que te ordena y entonces te vamos a descalificar (...)’; ah caray, nooo, fíjate que ahí sí no. Ahora nos vamos todos a fondo en esto y vamos a ver quién obedecemos, de dónde salen los centavos, quién es el que protege a quién”, comentó el fiscal irritado y en tono de amenaza.

Y es que previamente, el 17 de enero, las organizaciones solicitaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, remover al titular de la FGR. De la misma forma, acusaron que el fiscal no había defendido su autonomía, pues “ha sido el presidente de la República quien ha sentado las pautas de actuación que rigen a la Fiscalía”. Todo lo anterior dejaba deja en claro que “en México los militares son intocables”.

Gertz Manero comentó que estaba dispuesto a litigar en tribunales internacionales porque las conclusiones son firmes y también aseguró que no permitiría descalificaciones.

Pero los colectivos exhortaron al fiscal para que no se excusara en la autonomía como defensa ante cualquier solicitud de rendir cuentas. En cambio, que sí mantenga una actitud celosa frente a las intromisiones flagrantes del presidente López Obrador. Por ejemplo, cuando se pidió someter a consulta el juicio a ex presidentes, Gertz Manero guardó silencio ante algo que claramente afectaba su autonomía.

“Por último aceptamos la propuesta del todavía fiscal para revisar y contrastar posturas en el medio que quiera, en un ejercicio dialéctico y respetuoso, de frente a las víctimas y la ciudadanía”, retaron las organizaciones.

Este 20 de enero, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), que agrupa a los 32 fiscales y procuradores de México, respaldaron la decisión de la FGR y a Gertz Manero, ante la decisión de no ejercer acción penal contra el general Cienfuegos Zepeda.

“Cuestionar fuera del ámbito legal las determinaciones de los órganos de procuración de justicia, mediatizarlas o politizarlas de acuerdo al sujeto beneficiado o perjudicado por ellas, no abona en nada al necesario fortalecimiento del ministerio público que debe producirse en el país”, señaló el órgano colegiado al tiempo que reiteró, existen medios formales de impugnación en lugar de mediatizar o politizar el caso.

Desde el 15 de enero, según el fiscal, los estadounidenses o cualquier inconforme, tienen 15 días para apelar la decisión contra Cienfuegos Zepeda. Algo que ha hecho válido Tojil, que está en espera de que sea atendida su solicitud de audiencia, primero, para que la organización sea reconocida en calidad de víctima y segundo, un juez acepte verificar la determinación de no proceder contra el general.

El militar fue arrestado en Los Ángeles, California, el 15 de octubre y, devuelto como un ciudadano libre a México el 18 de noviembre, tras negociaciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El acuerdo fue que el Departamento de Justicia desistiría los cuatro cargos relacionados con narcotráfico para que el proceso siguiera en manos de la FGR, pero esta dependencia no encontró pruebas y le dejó ir.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: