Salvador Cienfuegos Zepeda, el hombre que dirigía la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y cuya presunta participación con el crimen organizado tensó las relaciones entre México y Estados Unidos, se mantendría en funciones durante la actual administración.
Sin embargo, esta vez bajo el cargo de asesor élite de Luis Crescencio Sandoval, actual titular de Sedena, con quien comenzó a colaborar el 1 de diciembre del 2018. “Ordénese en fecha primero de diciembre del 2018, el C. General de División D.E.M. Salvador Cienfuegos Zepeda cause baja como Secretario de la Defensa nacional y alta como Asesor del Suscrito”, se lee en el acuerdo difundido por el abogado César Gutiérrez Pliego en redes sociales.
La polémica en torno a la vigente operatividad de Cienfuegos en la función pública se presentó luego de que, a finales del 2020, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lo detuviera bajo la acusación de tener nexos con el Cártel H-2.
El puesto que opería Cienfuegos actualmente entró en el ojo público poco después de que la Fiscalía General de la República (FGR) diera a conocer la investigación realizada en su contra. De acuerdo con el periódico El Financiero, la designación se sustentan en los artículos 14, 16 y 123 del apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En realidad, el puesto del ex secretario responde a un decreto publicado en le Diario Oficial de la Federación en el año 1976, el cual dispone que aquellos que desempeñaron el cargo de Secretario de la Defensa Nacional fungirán en cooperación de consulta para quienes desempeñen el cargo en las siguientes administraciones.
“Los Generales que hayan desempeñando el cargo de Secretario de la Defensa Nacional, continuarán en el activo no obstante que se opere alguna causal de retiro, para que sean aprovechados sus servicios como asesores de los que posteriormente desempeñen ese cargo”, estipula el DOF.
Esta ordenanza tuvo lugar por instrucción del ex presidente mexicano Luis Echeverría, quien fundamentó el decreto bajo el artículo artículo 89, fracción VI de la Constitución, el 5 de la Ley Orgánica del ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos y 1, 6 y 10 de la Ley de Retiros y Pensiones Militares.
El caso de Salvador Cienfuegos generó roces entre México y Estados Unidos, especialmente luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exonerara de los cargos al ex secretario al asegurar que era inocente de las acusaciones por narcotráfico.
La DEA habría encabezado por años la conocida “Operación Padrino”, llamada así porque dentro de las pruebas encontradas había supuestos mensajes con el crimen organizado que identificaban a Cienfuegos como “El Padrino”. En los documentos se declaraba que el general protegía y colaboraba con el cártel H-2, un brazo armado de los Beltrán Leyva en el Estado de Nayarit.
Sin embargo, y a pesar de las 751 páginas de pruebas de la agencia estadounidense, el gobierno mexicano retiró los cargos en contra de Cienfuegos Zepeda, acción que Estados Unidos señaló como violatoria al Tratado de Asistencia Legal Mutua que existe entre los países.
Incluso, López Obrador acusó a la DEA de haber fabricado el caso, pero el Departamento de Defensa estadounidense defendió su investigación al asegurar que todos los datos fueron recabados bajo la conformidad del orden judicial.
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