La tarde del martes 19 de enero, el Congreso del estado de Michoacán aprobó la iniciativa de ley, presentada por el gobernador Silvano Aureoles, para obligar a las personas a utilizar el cubrebocas en espacios públicos, esto con el fin de evitar esparcir el SARS-CoV-2 entre los habitantes de la entidad.
Quien desacate esta medida, será merecedor de un arresto domiciliario hasta por 36 horas. Asimismo, los concesionarios del transporte público deberán cumplir esta decisión, pues en caso de no hacerlo, serán multados con hasta 2,688 pesos.
La entidad michoacana no es la primera en generar medidas punitivas para quienes se nieguen a utilizar el cubrebocas, pues otros estados ya habían tomado esta decisión en meses pasados.
Por ejemplo, a través del Diario Oficial del Estado, el gobierno de Chiapas notificó que a partir del 10 de diciembre de 2020 cualquier persona que no porte cubrebocas podrá ser acreedor a una multa que va desde los 8,688 pesos a los 173,760 pesos.
Asimismo, autoridades de Sonora, durante noviembre de 2020, aprobaron la creación de una ley que regula el uso obligatorio de cubrebocas para evitar la transmisión del COVID-19.
De acuerdo con el decreto, el uso de las mascarillas será obligatorio para las personas mayores de 13 años, mientras que los niños de entre 2 y 12 años deberán ser supervisados por sus tutores o adultos si deciden utilizarlo.
Por su parte, en Nuevo León comenzaron a sancionar a las personas que no portaran cubrebocas en espacio públicos desde el 1 de noviembre de 2020. Las multas que se determinaron son: económica, trabajo social o puede implicar el arresto por 36 horas.
A los agentes de las policías estatal y municipal les delegaron la posibilidad de suspender reuniones en casas cuando están más de 20 personas, la medida también aplicaron para quintas y salones de eventos. En dicha situación, las sanciones económicas podrían llegar a los 16,000 salarios mínimos, y la persona responsable podría ser arrestada por 36 horas.
Mientras que Chihuahua, que fue el primer estado que tuvo que regresar al semáforo epidemiológico rojo debido al aumento de contagios y muertes por COVID-19, implementó desde el jueves 12 de noviembre de 2020 el uso obligatorio del cubrebocas en toda la entidad.
Aquellas personas que no cumplan con las medidas sanitarias recibirán, en primer lugar, una amonestación con apercibimiento; después, se les entregará material médico para cumplir con la obligación de portar cubrebocas; si continúan en la negativa, recibirán una multa (desde 400 pesos para personas físicas y hasta 2,200 para personas morales), clausura temporal o definitiva, parcial o incluso total de establecimientos; finalmente serían sancionados con un arresto hasta por 12 horas.
Posteriormente, en diciembre de 2020, nueve gobernadores de estados panistas, entre los que se encuentra Chihuahua, por medio de un videomensaje, informaron sobre las políticas de salud que impulsarán.
La Política Común de Salud llevada a cabo por Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California Sur, Querétaro, Aguascalientes, Durango, y Chihuahua consiste en el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, incremento de pruebas para detectar el coronavirus, ampliación de redes de trazado de datos, fortalecimiento de distanciamiento físico, y coordinación para la aplicación de vacunas.
“Ante este panorama, los estados gobernados por el PAN tomamos la determinación de trabajar con absoluta seriedad, sustentados en el conocimiento científico, para proteger la salud de las familias”, declararon.
Otros estados de la República que también implementaron sanciones y multas económicas a quienes no acaten las medidas sanitarias impuestas dentro de sus territorios son Zacatecas y Morelos, que iniciaron este ordenamiento extraordinario para evitar la propagación del coronavirus por sus territorios.
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