La escandalosa exoneración de Cienfuegos muestra que el poder civil está sometido al militar: General Gallardo

La acción del gobierno mexicano en el caso del General Salvador Cienfuegos, es una muestra de que el poder civil está sometido al poder militar, así lo aseguró el General en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez.

En entrevista con el portal SinEmbargo, el General Gallardo consideró que ni las autoridades civiles ni las autoridades militares actuaron con apego al Estado de derecho, ya que el exsecretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue exonerado sin un proceso de investigación, sin comisiones de la verdad y con el consentimiento y encubrimiento del Ejecutivo federal y de integrantes de una élite castrense, entre ellos el actual jefe del Ejército, el General Luis Cresencio Sandoval González.

“Este tema pone sobre la mesa de discusión muchas cosas. Una de ellas es que desde que los militares empezaron a participar en la lucha contra el narcotráfico, todo mundo –académicos, políticos, periodistas, investigadores, etcétera– dijimos que había riesgo de infiltración del crimen organizado y del narcotráfico en las cúpulas del Ejército. De 2007 a la fecha (…) eso se está viendo y se está confirmando esa hipótesis que muchos teníamos, que era difícil. Incluso yo siempre he dicho que el Ejército está infiltrado por el narcotráfico. Está corrompido el Estado y el Ejército y la Marina y la Policía. Aquí el tema es que esas reglas no escritas no tienen que ver nada con el Estado de derecho; no tienen que ver nada con el sistema de justicia” destacó.

“Lo que sucede es lo siguiente: si hubiera un control civil-democrático, no hubiera estos problemas. El control civil-democrático tiene que ver con los controles institucionales del Ejecutivo sobre la rama militar, así como con los controles del Legislativo sobre los controles del Ejecutivo sobre la rama militar. Aquí también entra la intervención de la Suprema Corte de Justicia para definir los temas de Justicia Militar”, señaló.

De acuerdo con el General Gallardo Rodríguez, la jurisdicción civil –a través de la FGR– debió de utilizar como base las acusaciones de la DEA para iniciar una investigación propia y deslindar responsabilidades. Sin embargo –dijo– hubo una decisión desde la Presidencia de la República para dejarlo ir en libertad sin aparentes consecuencias para Cienfuegos, pero con evidentes secuelas en materia de credibilidad institucional relacionada con la impartición de justicia en México.

Además, para el General en retiro, los altos mandos militares tampoco están exentos de responsabilidades en el caso Cienfuegos, sin embargo, explicó que la mayor responsabilidad recae en el Presidente López Obrador es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de acuerdo con lo que establece el Artículo 89 (fracciones VI y VII) de la Constitución Mexicana.

“Yo no creo que el Secretario de la Defensa Nacional (Luis Cresencio Sandoval González) no le haya pedido su autorización (al presidente Andrés Manuel López Obrador) para liberar a Cienfuegos. Tampoco creo que (Sandoval) haya tenido el valor civil para haberle dicho (a AMLO) que no se puede (liberar a Cienfuegos) porque va en contra del Fuero de Guerra”, dijo.

Gallardo Rodríguez destacó que las probables violaciones del General Salvador Cienfuegos a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada tienen implicaciones de índole militar.

“El Código de Justicia Militar previene en los artículos 275 Bis y Ter que cualquier individuo militar que se colude con el narcotráfico o se sume a las filas del narcotráfico será sancionado con 15 a 60 años de prisión y baja de las Fuerzas Armadas. Eso le aplica a Cienfuegos, pero tiene varios supuestos, y uno de ellos también dice que cualquier militar que permita la fuga o libere a cualquier delincuente del crimen organizado igualmente le aplica la sanción que dije. Lo digo por lo de Ovidio (Guzmán Loera) a quien liberaron por una orden presidencial. Aquí el asunto es que también le cae esta responsabilidad a Andrés Manuel”, destacó Gallardo.

“La falta de ejercicio de la acción penal en contra de Cienfuegos es uno de los grandes errores del actual sexenio, no sólo porque demuestra la debilidad del control civil-democrático que existe en México sobre las Fuerzas Armadas, sino también por las tensiones que genera y que generará con el Gobierno de Estados Unidos, ya que es un asunto que involucra temas de seguridad nacional y de relaciones bilaterales internacionales, frente al cual el Gobierno de México se muestra como el ‘alcahuete’ del crimen organizado”, lamentó el militar, quien también es activista por los derechos humanos y académico universitario.

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