La exoneración del general Salvador Cienfuegos Zepeda fue tan predecible como lacerante. Aquél ex jefe militar durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien el pasado 15 de octubre fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, EEUU, y devuelto a México el 18 de noviembre, ha sido declarado inocente por los cargos que una corte de Brooklyn (Nueva York) le imputaba por presuntamente conspirar para traficar cocaína, marihuana y metanfetaminas al país estadounidense, y otro de conspirar para lavar dinero del narcotráfico.
Cienfuegos Zepeda fue capturado la tarde del jueves 15 de octubre del año pasado, cuando aterrizó en el aeropuerto de Los Ángeles. Por primera vez, se sabe de la existencia Operación Padrino, cuyo protagonista era el ex jefe militar. Ahí, se cimentaba una acusación contra Cienfuegos por supuestamente trabajar para el crimen organizado. En más de 700 documentos se estipulaba que el funcionario de 72 años protegía y colaboraba con el cártel H-2, una escisión de los Beltrán Leyva en Nayarit.
Espoleando uno de sus dichos favoritos, sobre el final de la corrupción, el presidente de México, Andrés Manuel López obrador, se comprometió un día después de la captura a iniciar una investigación contra Cienfuegos Zepeda, en el país por parte de la Fiscalía General de la República.
El 20 de octubre, el juez federal Alexander MacKinnon decretó prisión incondicional contra el general. Según MacKinnon, el máximo jefe militar en la administración pasada, huiría a México en caso de ser liberado bajo fianza y aprovecharía sus contactos con el crimen organizado para eludir la justicia.
Entonces, el caso Cienfuegos se llevaba en la Corte federal de Brooklyn, Nueva York.
Dos semanas después, el acusado se declaró inocente ante la juez Carol Amon, quien aseguró que Cienfuegos ayudó al grupo del “H-2″ cuando menos de diciembre de 2015 a febrero de 2018. El general se aseguró, a cambio de sobornos, de que no se realizaran operaciones militares contra ese grupo criminal, además inició operativos contra cárteles rivales, y los ayudó a expandirse a Mazatlán y el resto de Sinaloa, aseveró Amon.
Los investigadores dijeron tener comunicaciones interceptadas en las que el general hablaba con un integrante del cártel H-2. Se aproximaba lo que sería el juicio más polémico contra las fuerzas armadas.
El 13 de noviembre, la defensa de Cienfuegos Zepeda pidió al juez que ampliara el plazo previo para la apertura del juicio. El caso Cienfuegos explotaba además en medio de uno de los procesos por corrupción más relevantes: el de Genaro García Luna, ex secretario de la Policía Federal (de 2006 a 2012), acusado también de narcotráfico.
Para el 18 de noviembre, fecha en la que se esperaba la próxima audiencia del general, la jueza Carol Amon decretó regresar al implicado a México, además de retirar los cargos contra Cienfuegos, comprometiéndose a compartir la información con México, con el fin de apoyar las futuras investigaciones.Así, el gobierno de López Obrador se asestaba su primer triunfo diplomático.
A principios de diciembre el gobierno mexicano impulsó un cambio a la ley de seguridad y limitó los trabajos de los agentes antidroga extranjeros en el país. Todo, en medio de las críticas de Washington y las dudas sobre las consecuencias a largo plazo.
Entre una tensa relación bilateral de México y Estados Unidos, la administración de AMLO anunció que los detalles de la acusación al general Cienfuegos estarían reservados durante cinco años. La razón fundamental: no poner en riesgo la investigación ni las relaciones con la nación estadounidense.
Desde la detención de Cienfuegos Zepeda, el gobierno de la “Cuarta Transformación” insistió en que el caso debía trasladarse a México por ser el país donde presuntamente se produjeron los delitos, pero no fue hasta 58 días después, de la llegada del general al país, que se dio a conocer la supuesta investigación que la Fiscalía General de la República realizaba contra el ex jefe militar.
El 14 de enero la FGR exoneró al ex secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). El órgano de procuración de justicia informó que después de analizar el caso se llegó a la conclusión de que el general nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes del Cártel H-2 y tampoco sostuvo comunicación con algunos de ellos. En resumen, la Fiscalía resolvió que no procedería la acusación que la DEA “fabricó” al general.
Durante su conferencia matutina, el presidente mexicano defendió la decisión de la FGR y acusó a la DEA de fabricar los delitos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputó a Cienfuegos. Además pidió que se hiciera público el expediente del caso.
A sabiendas que la revelación de más de 750 documentos, sobre mensajes interceptados, fotos e informes que cimentaban las acusaciones contra Cienfuegos, violaría el Tratado de Asistencia Legal con Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores reveló el expediente este viernes.
El gobierno estadounidense manifestó su profundo malestar por la difusión de la investigación. La administración aseguró estar profundamente decepcionada por la decisión de México. El carpetazo de la Fiscalía General de la República elevó la tensión con EEUU, que adelantó que se reserva el derecho de comenzar nuevamente el proceso contra del general.
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