“El Ejército logró imponer su decisión sobre el presidente”: analistas sobre exoneración a Cienfuegos

Salvador Cienfuegos Zepeda, ex jefe del Ejército, fue exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR) y con ello se cerró un ciclo de crisis entre las Fuerzas Armadas (FFAA) y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cedió para no sembrar dudas contra la institución que es pieza clave de su gobierno.

Analistas consultados por Infobae México coincidieron en que si bien, la FGR es autónoma y no encontró pruebas de narcotráfico al general como lo habían indicado autoridades de Estados Unidos, el hecho de que esté libre de cargos representa un voto de confianza a las FFAA. Pues se habría iniciado un proceso contra la institución que opera con oficiales que apenas hace dos años estaban bajo el mando de Cienfuegos Zepeda.

“En la opinión pública queda la percepción de impunidad y la percepción de que el Ejército logró imponer su decisión sobre el presidente y que éste definitivamente los está protegiendo, eso no lo puede quitar nadie, pero legalmente el general ya está libre y sin cargos”, comentó Raúl Benítez Manaut, especialista en temas de Seguridad Nacional y FFAA.

Durante dos años de mandato, López Obrador ha asignado más de 30 tareas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como a la Marina Armada de México. Entre ellas destacan la construcción y administración de cuatro aeropuertos, la edificación de 2,700 sucursales bancarias de la Secretaría del Bienestar.

Así como una decena de funciones ampliadas durante la pandemia de COVID-19, tales como la vacunación, el resguardo de hospitales y contratación de personal médico. Aunado al control de Puertos y aduanas; como labores de Seguridad Pública al apoyar la consolidación de la Guardia Nacional con reclutamiento, capacitación o construcción de sus 248 bases.

Por esa razón, analistas han advertido sobre el proceso de militarización que AMLO acentuó, traicionando con ello su promesa de campaña de regresar a los militares a sus cuarteles.

De tal modo que procesar a Cienfuegos Zepeda habría desencadenado una persecución contra quienes estaban subordinados a él y actualmente permanecen en puestos relevantes, como es el caso del mismo general secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval. Sumado a la carga inédita que el presidente ha depositado en los castrenses, la relación se habría resquebrajado.

“Es un voto de confianza hacia las FFAA porque, que se procesara penalmente al general Cienfuegos, en una estructura tan vertical como lo es el Ejército mexicano o la Marina, varios de quienes estuvieron bajo sus órdenes en esos años podrían ser sospechosos de complicidad”, indicó Alexei Chévez Silveti, consultor en temas de Seguridad.

La FGR determinó el no ejercicio de la acción penal contra el ex jefe del Ejército (2012-2018), luego de analizar más de 743 páginas de evidencia aportadas por el Departamento de Justicia de EEUU. Y exactamente tres meses después de que el militar mexicano de más alto rango fuera detenido por cuatro cargos relacionados con narcotráfico en Los Ángeles, California.

De ese modo, fue concluido que Cienfuegos nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes del Cártel H-2 y no sostuvo comunicación con ellos. Tampoco realizó acciones para proteger o ayudar a miembros de este grupo delictivo. Además, del análisis de su patrimonio y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no aparecieron datos o signos de que hubiera recibido ingresos ilegales o su fortuna creciera de forma anormal, según sus percepciones en el servicio público.

“Se cierra el periodo crítico que se abrió el 15 de octubre, el caso que duró tres meses y del lado de México era lo que se esperaba, al recibir la presión del Ejército para que el presidente López Obrador le pidiera al presidente Trump la devolución de Cienfuegos y que el Departamento de Justicia retirara los cargos”, dijo Benítez Manaut, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El general fue arrestado el 15 de octubre del año pasado, luego de que la Administración del Control de Drogas (DEA) comenzara a investigarlo desde 2013 sin informar al gobierno de México por al menos siete años. Pasó 34 días preso y fue devuelto el 18 de noviembre a México, tras serles desestimados los cargos por el Departamento de Justicia con previas gestiones del gobierno de López Obrador. Entre 2015 y 2017, el militar habría operado para el trasiego de narcóticos con la facción remanente de Los Beltrán Leyva, según acusaciones fincadas en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

La promesa era que el general sería investigado en su país, el gobierno de EEUU accedió a dejarlo ir al privilegiar las relaciones de cooperación entre países aliados. Por ello, las autoridades norteamericanas aportaron datos de prueba en su poder y con los cuales, los fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York consideraron haber armado un caso sólido. No obstante, en EEUU dejaron la puerta abierta para reabrir el caso en el futuro, aunque ahora la FGR ha determinado no proceder.

Fue el pasado 9 de enero que el general conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las indagatorias de la FGR, por lo cual tuvo acceso a todo el expediente, como corresponde. Desde entonces, Cienfuegos Zepeda aportó datos de prueba que acreditaran su inocencia. Mientras que la fiscalía hizo lo propio para hacerse de evidencias en el caso.

“Que el presidente los está protegiendo, [al Ejército], de eso no cabe duda, porque es muy pro Fuerzas Armadas. La Fiscalía es independiente pero el fiscal y el presidente tienen una relación muy cercana”, añadió el investigador de la UNAM y agregó que está por verse si el nuevo gobierno de Joe Biden mostrará interés en retomar el caso.

A pesar de que el canciller Marcelo Ebrard dijo que sería “suicida” no investigar a Cienfuegos y López Obrador prometió no proteger a nadie; Benítez Manaut y Chévez Silveti consideraron que una de las razones por las cuales se habría dado la exoneración fue por la desestimación de pruebas que en México no tienen valor judicial y la DEA obtuvo de forma ilegal, tales como las escuchas telefónicas o intercepción de comunicaciones.

“Yo no podría hablar de impunidad, porque hay que recordar que todas las grabaciones que tienen ellos (la DEA) fueron obtenidas ilegalmente en México, entonces no pueden ser admitidas como pruebas, en Estados Unidos sí, pero aquí no”, reiteró Chévez Silveti.

El analista destacó que un punto relevante fue el hecho de que la FGR no hubiera encontrado cuentas o bienes derivados de presuntas corruptelas, una de las áreas en que el gobierno de EEUU pone atención especial.

A su vez, proyectó que el caso podría servir para “dar vuelta a la página” en las relaciones de cooperación y confianza entre agencias de seguridad de los dos países, pues los vínculos estaban seriamente afectados y con una distancia que no se había dado en los últimos años. Mientras tanto, el gobierno norteamericano seguirá padeciendo haber actuado de forma unilateral con un aliado, por lo cual provocó gran animadversión entre las FFAA.

Por su parte, el equipo de abogados que representa al general indicó a este medio que por lo pronto no ofrecerían un posicionamiento al respecto y solo estaban al tanto de la información emitida por la FGR.

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