Un grupo de 46 senadores de todos los partidos de oposición impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma aprobada el año pasado en el Congreso mexicano que transfirió la administración de los puertos del país de la civil Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Marina, en lo que los críticos calificaron como una “militarización” del sector.
Los legisladores del PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional), Movimiento Ciudadano, PRD (Partido de la Revolución Democrática) e incluso el senador Emilio Álvarez Icaza, sin grupo parlamentario, firmaron una acción de inconstitucionalidad enviada al máximo Tribunal del país para que resuelva sobre el tema.
La impugnación, enlistada esta semana, fue turnada por el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, a uno de los 10 magistrados del Pleno, para que revise el caso y determine si le da entrada o no a la acción de inconstitucionalidad.
Los senadores impugnaron la publicación en diciembre pasado de la reforma en el Diario Oficial de la Federación basados en dos principios, de acuerdo con el documento consultado por Infobae México: “Por un lado transfieren las facultades de Marina mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de la Marina”, indicaron.
Por otro lado, añadieron, “transfieren las facultades en materia de seguridad de puertos de la autoridad civil a la Secretaría de Marina en tanto autoridad castrense”. Por esta razón, concluyeron, “se impugnan como sistema normativo tendiente a generar dicha transferencia de facultades legales”.
Entre los legisladores que apoyaron la acción de inconstitucionalidad se encuentran los coordinadores parlamentarios Dante Delgado (MC), Miguel Ángel Mancera (PRD) y el ex líder de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, así como otros legisladores prominentes como Jorge Carlos Ramírez Marín, Josefina Vázquez Mota, Kenia López, Alejandra Reynoso, Verónica Delgadillo, Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez.
Sorpresivamente, en la lista aparece un senador de Morena, el partido con mayoría en ambas Cámaras del Congreso y cuyo fundador es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien envió la iniciativa: el legislador Germán Martínez, una de las voces más críticas de la reforma.
La reforma en estos momentos se encuentra en su última etapa: después de ser aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados, ahora sólo quedará cumplir con el traspaso de los recursos humanos, financieros y materiales, el cual deberá cumplirse en los próximos 180 días, es decir, seis meses, de la Secretaría de Comunicaciones (SCT) y Transportes a la Secretaría de Marina (Semar).
Además, los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta la SCT respecto a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, incluidas las Administraciones Portuarias Integrales y en general, todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de las atribuciones que serán trasladadas a la Semar, tales como dragado, puertos, y educación náutica, se transferirán a esta última dependencia a más tardar en la fecha de entrada en vigor del mismo, en junio próximo.
Entre las nuevas facultades de la Marina estará la regulación de comunicaciones y transportes por agua. Además, la Semar ejercerá la autoridad marítima en la zonas marinas mexicanas, puertos y terminales, así como otorgar los contratos, concesiones y permisos en este ámbito.
Las reformas fueron aprobadas a pesar de las protestas que hace un par de semanas llevaron a cabo integrantes de la Marina Mercante, que habían mostrado su “preocupación y rechazo” por las “nefastas consecuencias que para el comercio marítimo traerían la aprobación” del dictamen.
Y es que López Obrador fue quien propuso la iniciativa en julio pasado, duramente criticada, incluso al interior de su gobierno, ya que el entonces titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, renunció por esta diferencia. El argumento del mandatario es que, debido a la corrupción que impera en el sector, la única solución era involucrar a las Fuerzas Armadas.
“Nosotros consideramos que es fundamental que los puertos estén controlados por la Secretaría de Marina por muchas razones, una de ellas es que está entrando mucha droga sintética por los puertos y esto sólo lo podemos controlar si tenemos una institución como la armada, una institución como la Secretaría de Marina enarcada de los puertos”, expreso López Obrador el domingo pasado.
El mandatario mexicano nombró a principios de diciembre de 2020 a la capitana Ana Laura López Bautista como coordinadora general de puertos, luego de Rosa Icela Rodríguez, su antecesora, fuera elegida para encabezar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
Académicos y expertos expresaron a este medio el año pasado que la decisión de entregarle la administración de los puertos del país a la Marina “se sale de los límites de la Constitución”. “La ley es muy clara al acotar la actuación de la fuerza armada”, indicaron.
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