El jueves 14 de enero, el alcalde de Venustiano Carranza en la Ciudad de México anunció el despliegue de personal del ayuntamiento y del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) del gobierno capitalino para desalojar a los vendedores ambulantes que habían ocupado uno de los patios aledaños al Mercado de Sonora.
Luego de la viralización de fotos y videos de la explanada llena de personas comprando y vendiendo artículos con temática de los festejos del 14 de febrero, las autoridades locales respondieron mediante un operativo para liberar el espacio y evitar aglomeraciones.
En sus redes sociales, el alcalde Julio César Moreno escribió que habían reforzado “las medidas de seguridad en las inmediaciones del Mercado de Sonora a fin de evitar aglomeraciones y contagios por COVID-19”. Mientras que el INVEA hizo lo propio.
Los comentarios en redes sociales que denunciaron la ocupación del espacio, vincularon la presencia del negocio informal con el cierre de restaurantes. Los usuarios criticaron la supuesta inacción del miércoles 13 y alegaron que era un trato injusto frente al cierre de restaurantes y las sanciones para los establecimientos que lo desafiaran.
Tanto esa postura, como la que defiende el derecho que tienen los comerciantes informales de buscar sustento de la única forma que tienen disponible, están inscritas en el discurso que el gobierno federal y los gobiernos estatales han impulsado. Estas explicaciones son las que mueven la responsabilidad de evitar los contagios hacia las decisiones individuales y lo aleja de las políticas públicas.
En diciembre, el diputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales Becerra, mejor conocido como El Mijis, escribió en su cuenta de Twitter que “la pandemia está creciendo porque no podemos decirle a la gente ‘quédate en casa’ mientras tienen los pesos contados en la bolsa para poder comer. El gobierno debe redoblar esfuerzos y todos ser solidarios”.
La responsabilidad gubernamental, entonces, radica en proteger la salud de la población sin ponerlos en riesgo por cerrar sus oportunidades de sustento.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó el informe “Respuestas para enfrentar la pandemia en América Latina y el Caribe: el uso de programas de transferencias monetarias y de sistemas de información de protección social”. Ahí, evalúa cómo los gobiernos de la región han usado políticas públicas de bienestar social, principalmente para combatir el impacto de las restricciones económicas que la crisis sanitaria los debió haber obligado a imponer.
El reporte da por hecho que la única solución al dilema son los incentivos económicos para las poblaciones vulnerables. “Las personas en mercados informales, pequeños y microempresarios, mujeres en condiciones laborales precarias y grupos históricamente marginados deben estar al centro de las políticas de respuesta”, informa.
De acuerdo con el estudio, México, junto con Costa Rica y Trinidad y Tobago, es el único país de la región que no ha implementado ningún tipo de programa de transferencia monetaria para apoyar a las personas en riesgo financiero.
Ante información como esta, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera observó que las principales potencias se dieron el “lujo” de implementar planes de apoyo económico para personas desprotegidas mediante préstamos porque las tasas de interés que manejan son muy bajas, incluso hasta negativas, lo cual quiere decir que el manejo post COVID sería mucho más fácil que en México.
“Esos países se pudieron dar ese lujo porque aumentaron la deuda, pero las tasas de interés que estaban pagando eran muy cercanas a cero o, incluso, negativas. Esto quiere decir que es cuando son países que se están endeudando les están pagando intereses, Es una situación muy distinta en países como nosotros”, agregó.
Sin embargo, esta postura asume que la única forma de implementar programas económicos de emergencia es el endeudamiento con entes externos, pero ignora la posibilidad de redistribuir el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 para atender la emergencia.
En diciembre, el Congreso de la Ciudad de México modificó las cantidades destinadas a la corte de la entidad, para destinarlas a medidas como los quioscos de la salud, la condonación de impuestos y los créditos a restaurantes y las campañas de rastreo de contagios.
El PEF 2021 no etiquetó montos para programas de asistencia social durante la emergencia sanitaria, pero asignó un incremento del 48% al Fondo Nacional del Fomento al Turismo, que paga la construcción del Tren Maya.
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