A poco más de dos años de que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, poco a cambiado en materia de derechos humanos y la impunidad sigue permeando en el país, de acuerdo con la organización Human Rights Watch (HRW).
En su reporte anual de 2020, la organización internacional no gubernamental señaló que las torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos han continuado, pese a las promesas del mandatario de mejorar y corregir la situación con respecto a lo que ocurría en sexenios pasados.
La aplicación de las reformas aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento estas han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad
HRW resaltó que las fuerzas armadas están entre las instituciones que perpetran las violaciones a las garantías individuales, por lo que resulta preocupante que López Obrador haya ampliado considerablemente la participación de éstas en operaciones que anteriormente eran exclusivas de las autoridades civiles de la aplicación de la ley.
En julio de 2020, 12 civiles murieron en un enfrentamiento armado con soldados en el estado de Tamaulipas. En un video que se filtró a la prensa en agosto, se ve a un soldado dando la orden de matar a un civil. En septiembre, la Secretaría de Defensa anunció que los hechos estaban siendo investigados solamente por la policía militar, y no por agentes del Ministerio Público de la justicia penal ordinaria
Cabe mencionar que también movilizó a las fuerzas armadas para tareas del orden público, como el control de aduanas, control de la migración irregular, gestión de programas sociales y el desarrollo y operaciones de megaproyectos, como el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
En cuanto al tema migratorio, el informe indica que el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” no ha proporcionado apoyo ni protección adecuada a cerca de 66 mil solicitantes de asilo en Estados Unidos que han sido asignados al programa de “Quédate en México”, incluyendo a aquellos con alto riesgo de marginación, como personas con discapacidad y problemas de salud crónicos, personas mayores y menores de edad.
Ante esta situación, muchos migrantes se han refugiado en campamentos improvisados o albergues atestados a lo largo de la frontera entre México y EE.UU.
La organización también recordó que en noviembre de 2019, el Senado nombró a Rosario Piedra Ibarra como la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo que sigue generando polémica al haber sido parte del partido que lo llevó a la presidencia.
Muchos defensores de derechos humanos denunciaron su designación como inconstitucional, alegando que Piedra Ibarra, una exdirigente del partido al cual pertenece el presidente, tiene un vínculo demasiado estrecho con el gobierno para ser autónoma y apolítica
Otro dato preocupante es que, la gran mayoría de las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtienen justicia. Según la organización no gubernamental Impunidad Cero, apenas 1,3 % de los delitos cometidos en México son resueltos.
Esto se debe a diversos motivos, que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y otros funcionarios abusivos
Desapariciones, el rubro en qué se ha mejorado
Por otro lado, entre los avances de estos dos primeros años, HRW resalta el incremento en la transparencia de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), sobre la cantidad de personas desaparecidas
En 2019, una respetada defensora de derechos humanos fue nombrada titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Desde entonces, el gobierno ha creado una plataforma en línea para que las personas puedan denunciar desapariciones de forma anónima y para mostrar estadísticas en tiempo real de la cantidad de personas desaparecidas, sin incluir información de identificación personal
No obstante, agrega que los esfuerzos de los agentes del Ministerio Público por investigar desapariciones forzadas e identificar responsables son muy limitados:
“Funcionarios han reconocido que más de 26 mil cuerpos siguen sin ser identificados. En 2019, la Comisionada Nacional de Búsqueda creó una evaluación forense nacional para abordar obstáculos en la identificación y el almacenamiento de cuerpos. Tras recibir reclamos de familias, el gobierno también estableció un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para identificar cuerpos”, se lee en el reporte.
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