México registró 672 masacres en 2020, reportó la organización Causa en Común

Durante 2020, México registró al menos 672 masacres, entre los 5,380 actos de violencia extrema catalogados como atrocidades donde fueron afectadas 6,365 víctimas de todas las edades y condiciones sociales, según reportó la organización de la sociedad civil Causa en Común.

De acuerdo con el primer reporte anual de Causa en Común, fueron 2,633 personas impactadas por los multihomicidios en el país. Entre estos actos destaca el tiroteo del 16 de marzo en Agulilla, Michoacán, donde hubo 10 asesinatos; las 17 personas ejecutadas el 22 de junio en San Mateo del Mar, Oaxaca; o las 13 víctimas ejecutadas en una fiesta en Minatitlán, Veracruz, el 18 de agosto.

Guanajuato es la entidad que mayores masacres registró el año pasado con 176 casos y al menos 686 víctimas. Territorio en disputa por el crimen organizado, sicarios del Cártel Santa Rosa de Lima ejecutaron a 28 internos de un centro de rehabilitación para adictos en Irapuato, el 1 de julio. Una masacre, según contabiliza la organización, es el asesinato de tres personas o más.

La entidad gobernada por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo también lideró en el número de personas impactadas por las atrocidades. Causa en común define a estos hechos como: “el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror”.

En todo México fueron 5,380 hechos atroces y 6,365 víctimas, de las cuales en Guanajuato hubo 1,002; siguió Jalisco con 816; Chihuahua 419; Michoacán con 409; y Guerrero con 379; en las cinco entidades más afectadas. A su vez, los estados con el menor número de víctimas de atrocidades registradas fueron Aguascalientes (con 15), Nayarit y Campeche (con 11 cada uno), Baja California Sur (con 10) y Yucatán (con dos).

“Buena parte de estas atrocidades son perpetradas por personas que no pertenecen, como creemos nosotros, al crimen organizado. Se trata de violencia criminal, por su puesto, pero también familiar, de violencia comunitaria y de violencia social. Se trata del reflejo de un tejido social roto al que no se le ha volteado a ver”, dijo María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, durante la presentación del informe.

Aunado a esto, Guanajuato también encabezó los ataques contra menores de edad. Según el conteo basado en fuentes periodísticas, en la entidad del centro de México fueron asesinadas 46 niñas, niños y adolescentes el año pasado. Al menos 25 de estos menores perecieron en masacres. Por ejemplo, el 6 de junio, un estudiante, sus dos hermanos y un menor de 16, resultaron ejecutados tras un ataque armado al interior de un taller automotriz en Celaya.

A nivel nacional fueron asesinados al menos 410 niñas, niños y adolescentes. En Chihuahua, una pequeña de 11 años fue atacada a balazos por su propio padre el 27 de diciembre; en esa misma entidad, pero el 21 de agosto, un pequeño de siete fue muerto a golpes, también por su papá. O el joven de 15 que fue hallado decapitado y con huellas de tortura en el mismo estado el 20 de agosto.

El 18 de enero, a inicios de año, fue torturado y asesinado un niño de cinco, su hermana de 18 años de edad también fue torturada pero a ella la descuartizaron, mientras que el otro hermano de 15 también sufrió tortura, esto en Huimanguillo, Tabasco. El 28 de junio, una joven de 17 años y su bebé de apenas un año 10 meses, fueron asesinados y calcinados en Ejutla de Crespo, Oaxaca.

“Con este número es inadmisible que el presidente haya afirmado que su gobierno es el que más protege a las niñas y niños”, apuntó María Elena Morera.

En cuanto a las fosas clandestinas, fue Jalisco la entidad donde cuerpos y restos humanos se recuperaron con al menos 499 casos. Por ejemplo, el 18 de enero, 28 cadáveres se localizaron en Tlajomulco de Zúñiga y el pasado 25 de noviembre la búsqueda concluyó con 171 personas.

El 17 de julio 74 cuerpos fueron hallados en El Salto y el primero de octubre se encontraron los restos de 131 seres humanos en el fraccionamiento Los Sabinos, también en El Salto. En todo México fueron rescatados 1,350 cadáveres de estas sepulturas ilegales que a menudo emplean los narcos.

En cuanto a las atrocidades contra mujeres sumaron al menos 911, las víctimas fueron adultas, adolescentes y niñas. El Estado de México encabezó en este rubro, con al menos 125 casos. Entre ellos destacan 25 asesinatos con crueldad extrema; mismo número de ejecuciones contra menores de edad; 22 registros de esclavitud y trata; y nueve víctimas calcinadas.

Para la contabilización a nivel nacional, 171 mujeres fueron asesinadas con crueldad, 142 niñas y adolescentes también fueron ejecutadas y 127 más sufrieron tortura. Por ejemplo, una académica de la Universidad Nacional Autónoma de México reportada como desaparecida, fue hallada desmembrada en una maleta en Coyoacán, Ciudad de México, el 19 de marzo. O el asesinato y violación de una bebé de 11 meses, el 19 de febrero, en Coyotepec, Estado de México.

“Algunas categorías que aumentaron sus registros durante diciembre fueron el asesinato de funcionarios públicos, con 19 casos, contra seis del mes de noviembre; así como los casos de linchamiento, mutilación y terrorismo, que sumaron siete casos cada uno en el último mes, contra dos, uno y tres en el mes anterior, respectivamente.

“En el informe se advierte que habrá un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por los medios, y que permanecen aún sin ser conocidas”, destacó la organización en un comunicado.

Para sumar a la galería del horror, Chihuahua encabezó la lista en los actos de tortura con 105 de los 944 casos. Al menos 709 acciones reportadas en la prensa fueron de descuartizamientos; 672, calcinamientos; 75, ejecuciones de funcionarios públicos; 42 actos de terrorismo; 29 atrocidades en contra de defensores de derechos humanos muertos; 27 mutilaciones; 13 periodistas ultimados; 39 linchamientos; y 84 atrocidades relacionadas con esclavitud y la trata.

Ante ello, Causa en Común urgió construir políticas públicas de prevención con aproximaciones sociológicas para entender las realidades locales. También debe sumarse un enfoque psicológico y fortalecer programas del sector salud en este rubro. Así como exigir investigaciones sólidas que den solución a los agravios; además de reformas policiales y de fiscalías que atiendan deficiencias como bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitación inadecuada y equipos e inmobiliario insuficientes.

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