La mañana de este miércoles 13 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró, durante la conferencia diaria, que durante el sexenio de Felipe Calderón se implementó un plan administrativo en prisiones mexicanas a través de un esquema de Asociación Público-Privada (APP), con el cual el Estado mexicano perdía sumas millonarias.
Durante su ponencia desde Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal, en compañía de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que el gobierno de la 4T investigará a fondo el aprovechamiento de los recursos, pues resulta insustentable un esquema así.
“(Vamos informar) También lo de la privatización de los reclusorios como un ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal, los negocios del sector privado y del sector público, esa mezcolanza, esa vinculación estrecha entre los negocios privados y los negocios públicos, o cómo se hacían los negocios privados al amparo del poder público, como se alimentaban se nutrían los poderes, el poder económico y el poder público con este tipo de negocios. Para que se sepa por qué no podemos continuar con el antiguo régimen, y por qué quieren regresar quienes cometieron estos atracos estos fraudes al pueblo a la nación”, aseguró AMLO.
De acuerdo con Rodríguez Velázquez, tan solo en el 2020 se pagaron 15,000 millones de pesos en los reclusorios privados. El costo mensual por cada interno se estimaba en 114,588 pesos, y en promedio al día, un poco más de 3,000 pesos.
De acuerdo con los datos expuestos por la SSPC, el erario nacional sufrió una afectación de 15,562,904,661.42 pesos en ocho entidades donde están estás cárceles tan sólo en el año pasado. La población carcelaria total de estos centros penitenciarios es de 12,284, lo cual quiere decir que del total pagado a empresas privadas en el 2020 se les pagó 1,266,924.83 pesos por cada reo.
Los estados y los recursos asignados donde opera el esquema promovido por Genaro García Luna son: Sonora con 1,819,178,375.80 pesos, Guanajuato con 1,808,872,216.13 esos, Oaxaca 1,771,913,9321.21 pesos, Durango con1,875,746,155.16, Chiapas con 2,001,045,958.10, Morelos (femenil) con 1,867,318,618.95 pesos, Michoacán con 2,230,024,529.98 pesos y Coahuila con 2,188,804,875.09 pesos.
Al observar las cifras, se puede deducir que el penal que más gastó fue el de Michoacán; sin embargo, en la relación presos - costo, el penal femenil de Morelos fue el más caro, pues a cada reclusa se le invirtió un promedio anual de 2,308,181.23 pesos. Lo cual al día representa un monto de 6,411.61 pesos.
Cabe recordar que el promotor de este esquema fue Genaro García Luna, ex titular de la SSPC durante el periodo de Felipe Calderón y que ahora se encuentra preso en Estados Unidos por una investigación de narcotráfico, misma que ha sacado a la luz presuntas relaciones del ingeniero de la UAM con el crimen organizado, en donde favoreció con información, infraestructura y omisión al Cártel de Sinaloa, antiguamente liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Sin embargo, el problema presupuestario no termina ahí. En nueve años de implementación, el gobierno de México sólo ha pagado el 36% de la deuda contratada, lo que equivale a 75,661,735,763 pesos. Es decir, existe un monto de adeudo de 190,638,819,084 pesos.
El mandatario nacional aseguró que se investigarán los contratos realizados entre el 2010 y el 2011, pues ya tienen en sus manos los nombres de los proveedores originales de servicios, así como el de los actuales, mismos que expuso en una gráfica.
También dijo que esto se trató de un acto monopólico, pues en la revisión realizada durante su administración, se encontró que de los cientos de miles de millones que se han pagado, sólo seis empresas acapararon ese capital. Exi Quantiums S.A. de C.V. tiene contrato con Sonora y Guanajuato; GIA S.A de C.V. firmó en el estado de Oaxaca; Dip Concesionaria duranguense de infraestructura penitenciaria S.A. de C.V. tiene trato con Durango; Capital Inbursa S.A. de C.V. cerró trato con Chiapas y Morelos; Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán S.A. de C.V. firmó con Michoacán; y Black Rock S.A. de C.V. también firmó con Guanajuato. En las diapositivas expuestas faltó el de Coahuila.
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