El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México negó al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, un amparo cuyo objetivo era recuperar el programa de escoltas que lo protegían a él y a su familia.
Zerón de Lucio contaba con más de 20 elementos de la Policía Federal Ministerial y cuatro vehículos blindados y el mismo número de seguimiento. No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR), en el 2019, ordenó acortar a 15 la cifra de personas y a tres los automóviles blindados, al igual que una motocicleta.
Es la segunda ocasión que el ex funcionario pierde un juicio de amparo. En octubre del año pasado, Juan Carlos Guzmán Rosas, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, ordenó mantener el servicio de escolta a la familia del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal.
El juez otorgó la suspensión provisional como parte de un amparo en el que se impugna el retiro de la escolta, la cual depende de la Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y Protección a Personas de la Fiscalía General de la República (FGR).
La escolta fue asignada originalmente en septiembre del año 2016 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con una vigencia de cinco años.
La resolución del impartidor de justicia señaló que debe otorgarse el servicio de seguridad bajo los términos del acuerdo del 29 de septiembre del 2016.
Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables le otorguen el servicio de seguridad y protección en los términos en que le fue concedido en el acuerdo de 29 de septiembre de 2016, y que fue dado por concluido en el acto reclamado
La familia de Zerón de Lucio promovió el amparo después de que la Fiscalía General de la República (FGR) declaró la postura de retirar la escolta el 27 de junio de 2019: había intentado reducirla a tres vehículos y 15 agentes desde enero de ese mismo año, citando razones de austeridad.
En su momento, la jueza Laura Gutiérrez de Velasco concedió una suspensión para mantener la escolta, basándose en tres acuerdos confidenciales de sexenios anteriores. Uno del presidente de la República y dos de la PGR, los cuales regulan la protección a ex funcionarios de áreas de seguridad.
Tomás Zerón de Lucio se encuentra prófugo en Israel: enfrenta una orden de aprehensión por tortura y otros presuntos delitos, durante la indagatoria del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
El Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa emitirá la sentencia si concede la suspensión definitiva de la escolta de la familia del ex funcionario de la entonces PGR.
La periodista y escritora Anabel Hernández aseguró que Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad capitalino, no investigó a Tomás Zerón de Lucio, arquitecto de la “verdad histórica”, sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, pues los funcionarios formaban parte del mismo grupo “corrupto” en las instituciones de seguridad.
En 2016, García Harfuch fue designado titular de la Agencia de Investigación Criminal, perteneciente a la entonces Procuraduría de la República. Llegó en sustitución de Zerón de Lucio, quien pasó a una secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Pero el nuevo director de la AIC no inició alguna indagatoria sobre las acusaciones de tortura con que se construyó el caso de los normalistas, mismo que había maquinado su antecesor.
Estas violaciones a las garantías individuales y el debido proceso ya habían sido consignadas por la Oficina del Alto Comisionado de de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU-DH). Antes lo había reportado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), seleccionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer la desaparición de los estudiantes. Además de las irregularidades reportadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture, peritos internacionales.
El señor García Harfuch no hizo nada, pues porque es parte de este mismo grupo de policías que se protegen unos a otros, son una hermandad que es por desgracia muy sólida, y no solo el señor Omar García Harfuch sigue ahí enquistado en las instituciones de la seguridad pública, sino muchos otros que he mencionado en este año en diversos reportajes documentados
El pasado 17 de diciembre, un juez federal dictó, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, auto de formal prisión contra José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala, Guerrero.
Es la única causa penal que lo mantiene recluso.
El juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Vázquez Pérez, después de reponer el procedimiento, se pronunció por tercera vez en el asunto.
Cabe recordar que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito otorgó un amparo al ex funcionario público hace unas semanas.
Luis Argüellez Meraz, abogado de José Luis Abarca, fue entrevistado por Milenio: afirmó que nuevamente buscarán promover un amparo por violaciones procedimentales. Una vez que sea admitido, solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso.
La audiencia donde se dictó el auto de formal prisión al ex presidente municipal de Iguala, fue llevada a cabo este miércoles en los juzgados de Distrito de la ciudad de Toluca a las 08:30 horas y terminó a las 15:00 horas.
José Luis Abarca Velázquez permanece preso en un penal de máxima seguridad: el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en el Estado de México.
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