En medio de la polémica por su posible desaparición, el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) dio a conocer este domingo que en los primeros 11 meses de 2020 sumó casi 40 millones de pesos por distintas infracciones.
“De enero a noviembre de 2020, el INAI impuso multas por un monto total de 39 millones 324,000 pesos a personas físicas y morales que infringieron la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, dio a conocer el organismo.
“De acuerdo con los registros del Instituto, los sectores económicos más sancionados son el de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; seguido del de construcción; el de servicios profesionales, científicos y técnicos, y el de servicios financieros y de seguros”, detallaron.
Entre las conductas más frecuentes que son motivo de una sanción, se encuentran el tratamiento de datos personales en contravención de los principios previstos en la Ley; recabar o transferir información personal sin el consentimiento de los titulares; obstruir actos de verificación de la autoridad; omitir uno o más requisitos en el Aviso de Privacidad, y el manejo indebido de datos sensibles.
En los primeros 11 meses de 2020 se instauraron 32 Procedimientos de Imposición de Sanciones y se concluyeron 461 iniciados en años previos, de los cuales derivaron las multas impuestas por el INAI por la cantidad referida, ahondó el Instituto.
Asimismo, se iniciaron 220 Procedimientos de Protección de Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición); 98 de Acceso, 10 de Rectificación, 117 de Cancelación y 38 de Oposición al tratamiento de los datos. “Cabe destacar que en un solo procedimiento se pueden ejercer uno o más de estos derechos”, recordaron.
Los sectores económicos ante los cuales se ejercen con mayor frecuencia estos derechos son el de información en medios masivos, con 30.9% de solicitudes
A estos sectores le siguen los de servicios de salud y de asistencia social, con 15%, y servicios financieros y de seguros, con el 14.5 por ciento. Por otra parte, las estadísticas del Instituto revelan que, del 23 de marzo al 17 de diciembre, es decir, durante la pandemia de COVID-19, se han presentado ante el INAI 677 denuncias por el uso indebido de datos personales en el sector privado y 68 en el sector público.
Por último, el INAI aseguró que, del total de denuncias en el ámbito privado, 205 se encuentran en trámite y 49 fueron concluidas; en tanto, en el ámbito público, 14 están en trámite y 54 ya se concluyeron. Todo esto, mientras se discute si el Instituto debe mantenerse como un organismo constitucional independiente o su labor debe integrarse en un dependencia federal.
Y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de anunciar a principios de la semana pasada que su gobierno se encontraba analizando el papel de los organismos constitucionales autónomos, que en su opinión gastan mucho dinero, anunció que enviará a mediados de febrero un paquete de iniciativas para incorporarlos a las dependencias federales.
Sin embargo, la oposición legislativa y partidista, así como los mismos organismos autónomos, criticaron ferozmente la propuesta de López Obrador. Aseguraron que la independencia de estas instituciones es “insustituible” y debe mantenerse separada del gobierno.
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