La propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre eliminar organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha generado fuerte polémica en la opinión pública.
Recientemente, organismos de la sociedad civil se pronunciaron en contra de la iniciativa y aseguraron que eliminar este tipo de organismos representaría “un grave retroceso en materia de derechos humanos en México”.
Aseguraron que desde sus espacios de acción se impulsa constantemente la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Sobre todo, expresaron su preocupación por las palabras del presidente durante la conferencia vespertina del 7 de enero.
En ella explicó que una de las opciones del Gobierno Federal era considerar que el IFT sea absorbido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), mientras que el INAI pasaría a formar parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o incluso la Fiscalía Anticorrupción.
“Resulta preocupante debido a que los organismos constitucionales autónomos cumplen una función como contrapesos al poder frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales como de servidores y servidoras públicas”, escribieron en un comunicado.
Señalaron que las instituciones que pretenden desaparecer funcionan actualmente como herramientas ciudadanas para ejercer derechos clave como la libertad de expresión y el derecho a la información.
Por otro lado, calificaron este tipo de acciones como “un retroceso para la democracia y las conquistas ciudadanas”. Además, explicaron que desaparecer organismos de naturaleza autónoma es grave pues:
La Administración Pública Federal serían juez y parte, y concentrarían y ejercerían de una forma discrecional y arbitraria el poder y las funciones que les correspondería llevar a cabo.
Para acompañar sus argumentos, las a organizaciones expusieron cifras del INAI en las que se muestra como el 2019 fue el año en el que si impusieron una mayor cantidad de revisiones en contra de la Oficina de la Presidencia desde el 2003, lo cual significa que esta cifra incremento en 817% respecto al año pasado.
Además, criticaron que el argumento principal del ejecutivo sea que estos organismos han resultado “muy caros” a la Administración Pública. Sin embargo, estas instituciones cumplen entre sus funciones las que mantener la independencia de la información de los poderes sujetos a escrutinio, por lo que la propuesta “es evidente que busca acabar con contrapesos institucionales resultado de décadas de luchas ciudadanas”.
En específico sobre el INAI señalaron que se trata de un “un atentado contra la transparencia y el derecho de acceso a la información, herramientas clave para que la sociedad pueda tener acceso a toda la información generada por el Estado”.
Recalcaron que la decisión contravendría a la Ley Modelo Interamericana Sobre Acceso a la Información Pública, señala que para el pleno ejercicio de sus funciones es necesaria la autonomía del órgano garante del derecho a la información.
Finalmente instaron al presidente de México a sumarse a los esfuerzos para fortalecer los organismos e instituciones del Estados que funcionan como herramientas en el ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos.
El comunicado se encuentra firmado por varias organizaciones, entre las que destacan Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica; Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.; Causa Natura, A.C.; Equis Justicia para las Mujeres, A.C.; Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.; GESOC, Agencia para el Desarrollo A.C.; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C.; Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.; México Evalúa Centro de Análisis de Políticas Públicas A.C.; Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, A.C.; SocialTIC, A.C. y Transparencia Mexicana, A.C.
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